La calidad del aire en España mejoró en 2024, pero dos tercios de población respiró aire contaminado

Durante el año 2024, aproximadamente 31 millones de personas en España –equivalente a dos tercios de la población– respiraron aire contaminado por encima de los límites que la Unión Europea tiene previsto implantar en 2030, según revela el último informe de Ecologistas en Acción. No obstante, a pesar de esta elevada exposición, el estudio destaca una mejora general de la calidad del aire respecto a los registros de 2023 y a los años previos a la pandemia de la covid, una evolución que la organización ecologista atribuye en gran medida a los recientes cambios en el modelo energético del país.

El informe, titulado 'La calidad del aire en el Estado español durante 2024', ha sido elaborado a partir de los datos recopilados en 790 estaciones oficiales de medición distribuidas por todo el territorio nacional, incluyendo instalaciones situadas en grandes infraestructuras como aeropuertos y puertos estatales.

Al igual que en ediciones anteriores, la organización ha cuantificado cuántos ciudadanos se han visto afectados por concentraciones contaminantes superiores a los umbrales establecidos, diferenciando entre los valores legales vigentes, los objetivos para 2030 fijados por la UE y las recomendaciones más estrictas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), concebidas para proteger tanto la salud humana como el medio natural, en especial la vegetación.

Conforme a los límites actuales de la legislación europea, cerca de 8,4 millones de personas –un 17 % de la población– estuvieron expuestas a niveles de contaminación que vulneran la normativa. Además, alrededor de 83.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, es decir, una sexta parte del total, registraron concentraciones nocivas para la vegetación. Si se toman como referencia los criterios de la OMS, el informe señala que la totalidad de la población española estuvo expuesta a contaminación, afectando al 81 % del territorio, lo que se traduce en unos 410.000 kilómetros cuadrados.

Pese a este panorama, Ecologistas en Acción subraya una reducción significativa de los principales contaminantes atmosféricos, como las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico, con descensos que oscilan entre el 7 % y el 36 % en comparación con la media del periodo 2012-2019. La organización atribuye esta mejoría a una combinación de factores, entre los que destaca la vuelta a niveles prepandémicos en el consumo de petróleo, la disminución del uso de gas y el incremento del peso de las energías renovables, que llegaron a cubrir un 57 % de la demanda eléctrica, reduciendo así las emisiones procedentes de las centrales térmicas.

Por regiones, las Islas Canarias registraron el mayor número de superaciones del umbral de alerta por PM10, con 1.640 episodios detectados. En cuanto al ozono troposférico, la situación más preocupante se dio en Madrid, donde se contabilizaron 290 superaciones del umbral de información, en su mayoría coincidiendo con las olas de calor sufridas durante los meses de julio y agosto.

La organización ecologista ha instado al Gobierno a transponer con celeridad la nueva Directiva europea sobre calidad del aire y a garantizar su aplicación efectiva por parte de las administraciones central y autonómicas, sin dilaciones ni excepciones. Además, reclaman una mejora en los sistemas de medición y en la transparencia informativa.

En su informe, Ecologistas en Acción denuncia también que ha expirado el plazo legal para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones (ZBE). Afirma que la mayoría de los ayuntamientos no han cumplido esta obligación, incluso a nivel formal, y exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que actúe en consecuencia reclamando la devolución de los fondos europeos concedidos a los municipios incumplidores.

Para lograr una mejora sostenida de la calidad del aire, la organización plantea la necesidad de restringir el uso del vehículo privado, fomentar el transporte público eléctrico y la movilidad activa –peatonal y ciclista–, promover el ahorro energético, ordenar el despliegue de energías renovables, aplicar las mejores tecnologías disponibles en la industria, reducir el uso del avión, implementar áreas de control de emisiones en los mares circundantes y declarar una moratoria para nuevas macrogranjas.

Finalmente, el informe critica que solo unas pocas ciudades cuenten con protocolos eficaces frente a episodios de contaminación y que muchas comunidades autónomas aún no hayan adaptado sus planes al Protocolo marco estatal, pese a haber vencido hace más de dos años el plazo legal para ello. Asimismo, advierten de que al menos seis comunidades siguen sin aprobar planes obligatorios para reducir el ozono en las zonas más afectadas.