El nuevo sistema de reciclaje que se implantará en España se complica debido a los retos logísticos y técnicos

El modelo actual de reciclaje de envases, centrado en el uso del contenedor amarillo, no está dando los resultados esperados. Así lo señala el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en un informe publicado en diciembre, donde se revela que solo el 41,3 % de los envases plásticos se separan de forma adecuada.

Este porcentaje queda lejos del objetivo legal del 70 % fijado por la Ley de Residuos para el año 2023, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema vigente. Ante este escenario, el ministerio –ahora bajo la dirección de Sara Aagesen, en relevo de Teresa Ribera– plantea un cambio de rumbo: la introducción de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Así es como viene recogido en dicha ley, donde se especifica que, de no cumplir los objetivos –como finalmente ha ocurrido–, «se implantará en todo el territorio el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025».

La propuesta consiste en que los consumidores paguen unos céntimos extra –alrededor de diez– al adquirir ciertos productos envasados, cantidad que podrían recuperar posteriormente al devolver el envase vacío en máquinas específicas. Este sistema incentivaría la devolución y correcta gestión de residuos, mejorando así las tasas de reciclaje y reduciendo el impacto ambiental de los envases de un solo uso.

Plazos ajustados

Aunque la fecha establecida para su inicio se fijó a finales de 2026, los agentes implicados consideran que será difícil ponerlo en marcha para entonces. Desde el Miteco confirman a El Debate que existe ya un grupo de trabajo para fijar la hoja de ruta en reutilización de envases y que, en cualquier caso, el SDDR deberá entrar en vigor antes de noviembre de 2026. Además, aclaran que este nuevo sistema «convivirá con el resto de contenedores» y que el modelo y el funcionamiento que se implemente «dependerá de los productores del producto».

Por otro lado, desde Coca-Cola, una de las empresas que se verá afectada con la introducción del SDDR, afirman que la implantación aún parece lejana debido a que se trata de una colaboración entre la Administración, los retailers y los propios productores. Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, comenta a este medio que todavía no han evaluado los impactos que podría tener en el negocio ese recargo de diez céntimos por envase pero, en cualquier caso, matiza que se trata de una fianza que se le devolverá al consumidor cuando recicle el producto. Para ellos, este es uno de los grandes retos en envases para los próximos años, y se posicionan a favor, ya que fomentará el reciclaje entre la ciudadanía.

El pasado 22 de mayo finalizó el plazo para que las entidades interesadas en encargarse de la gestión del nuevo sistema de reciclaje presentaran sus candidaturas ante el ministerio. Finalmente, se postularon tres aspirantes: Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que lleva décadas al frente del sistema de contenedores amarillos en España; RDRD, una iniciativa respaldada por grandes actores de la industria de fabricación y distribución; y Procircular, una filial de una empresa alemana que ya gestiona con éxito un sistema de depósito, devolución y retorno en su país de origen.

La elección de quién gestionará el futuro sistema de fianza y retorno de envases en España pasa ahora por un doble trámite administrativo. La primera autorización debe ser otorgada por la Comunidad de Madrid, donde tienen su sede social las tres candidatas: Ecoembes, RDRD y Procircular. La legislación concede seis meses para resolver esta fase, y otros seis adicionales para una segunda validación por parte del Miteco. Sin embargo, organizaciones como Retorna instan al Ministerio a acelerar el proceso para cumplir con los plazos legales, que prevén la puesta en marcha del sistema en noviembre de 2026. El sector de la distribución también subraya su compromiso, aunque pide que el modelo sea flexible y adaptado a la diversidad territorial del país.

Más allá de la burocracia inicial, el verdadero desafío será logístico y técnico. A pesar de que la instalación de máquinas de retorno en puntos de venta parece factible, el principal escollo radica en la infraestructura necesaria para procesar los envases recuperados. Será imprescindible adaptar plantas de reciclaje ya existentes y construir otras nuevas para absorber el volumen de residuos. Mientras tanto, el cumplimiento de los objetivos europeos –retirar el 75 % de latas y botellas en 2027 y el 90 % en 2029– está en riesgo si el sistema no se implementa con suficiente antelación y eficacia.