Los vecinos de Asturias batallan contra los parques de baterías: «Pedimos que se tenga en cuenta la salud pública»

El Gobierno del Principado de Asturias, presidido por el socialista Adrián Barbón, tenía previsto impulsar la construcción de unos 170 parques de baterías en la región. Estas instalaciones funcionan como sistemas de almacenamiento energético: las baterías reciben electricidad en forma de corriente, procedente de fuentes renovables o de centrales eléctricas, para posteriormente transformarla y liberarla cuando es necesario.

De este modo, los parques de baterías permiten almacenar especialmente la energía generada por fuentes renovables, que en condiciones normales no puede acumularse con facilidad. Por esta razón, y con el objetivo de avanzar en la transición energética, el Ejecutivo asturiano ha decidido apostar por el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

Pero el Principado no contaba con la reacción de los vecinos, que mayoritariamente se oponen a este tipo de construcciones. Asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y ganaderos, así como varios partidos políticos, manifestando su oposición firme a la colocación de estas infraestructuras tanto en zonas rurales como urbanas, ya que una decena de ellos estaban previstos para Oviedo.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado esta semana que el Ejecutivo asturiano sacará a exposición pública en abril el documento de avance de las directrices para regular la instalación de parques de baterías en Asturias. Esta regulación, según el consejero, se hará «con sentido común», de manera que la transición energética «no desplace a nadie de sus territorios».

La falta de regulación, «un coladero»

Esto llega después de que colectivos vecinales y asociaciones lleven meses manifestándose pueblo por pueblo para oponerse a muchos de estos proyectos por la cercanía de estos con las viviendas. Desde la plataforma Stop Baterías avisan de que la falta de una normativa clara puede acabar convirtiéndose en «un coladero».

Este movimiento, que es el que más personas aglutina en contra de estos parques, denunció hace unos días que el propio Principado «tiene miedo» a los incendios de las baterías, al incrementar las medidas preventivas y paliativas de posibles fuegos, pero sigue autorizándolos cerca de viviendas.

Consideran este cambio de criterio un «doble rasero» en materia de seguridad en este tipo de instalaciones. Tras analizar distintos informes de impacto ambiental de varios proyectos, Stop Baterías ha comprobado que el enfoque con el que el Principado aborda los riesgos de incendio «ha cambiado de forma notable».

En este sentido, comparan el informe del parque autorizado en Granda (Siero) en abril de 2024 con el emitido en enero de 2026 para el proyecto de Trasona, en Corvera. Mientras que en el segundo el informe incluye «una extensa batería de medidas preventivas y correctoras destinadas a reducir los riesgos y las consecuencias de un posible incendio», el documento relativo al parque de Granda, situado a escasos metros de viviendas e industrias, dedica «apenas ocho líneas a esta cuestión».

Entre las medidas exigidas en el caso de Trasona figuran hidrantes capaces de garantizar caudal y presión de agua durante al menos una hora, tomas de agua accesibles para los bomberos, viales internos y perimetrales diseñados para soportar vehículos de hasta cuarenta toneladas y facilitar el acceso de camiones de emergencia, así como sistemas de detección temprana de gases, humo y temperatura. También se contemplan mecanismos automáticos para desconectar y apagar el sistema en caso de incidencia, sistemas de extinción de incendios, medidas para evitar explosiones por sobrepresión y sistemas de control remoto con supervisión permanente.

A juicio de la plataforma, las exigencias impuestas a la promotora del proyecto de Trasona «son numerosas y detalladas» e incorporan «nuevos requisitos que evidencian que el temor a los incendios empieza a abrirse paso en los despachos del Principado». Entre ellas, el informe recoge que «se tratará de maximizar la distancia entre las viviendas del entorno y los contenedores de baterías o cualquier equipo susceptible de generar ruido». Asimismo, se establece que deberán mantenerse distancias suficientes con instalaciones colindantes «para evitar, en caso de incendio, la propagación del fuego».

La plataforma también critica que el Gobierno regional siga defendiendo que estos proyectos únicamente deban someterse a una evaluación ambiental simplificada, y no a la ordinaria, al considerar que no generan efectos significativos sobre el medio ambiente. «Entonces, ¿cómo se explica esta avalancha de medidas preventivas y correctoras en los informes, inexistentes hasta ahora?», se preguntan.

Finalmente, interpelan al Ejecutivo del Principado sobre si un posible incendio que pueda poner en riesgo la salud pública y el bienestar de personas y animales «no justifica una evaluación ambiental ordinaria, más exigente que el actual procedimiento simplificado». «¿O va a esperar el Gobierno del Principado a que se produzca un incendio para exigirla?», concluyen. Mientras tanto, decenas de bomberos asturianos ya han firmado un comunicado en el que alertan del peligro que pueden entrañar este tipo de incendios.

Por todo ello, la plataforma de afectados pide que el gobierno regional plasme en esas directrices que se están redactando unas distancias de seguridad entre baterías, viviendas y explotaciones ganaderas. «¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que elabore una normativa que regule la instalación de contenedores de baterías, que tenga en cuenta la salud pública y el bienestar de la ciudadanía y la ganadería?», se preguntan.