El gran engaño de los móviles reparables: el 80 % incumple las reglas de Europa

El derecho a reparar debía cambiar la forma de comprar un teléfono móvil en Europa. Desde junio de 2025, los fabricantes que comercializan smartphones y tabletas en la Unión Europea deben facilitar información sobre reparaciones, piezas de recambio y precios orientativos. Sin embargo, un análisis de la plataforma Derecho a Reparar Europa revela que cuatro de cada cinco móviles no cumplen de forma efectiva con esas obligaciones.

La coalición, formada por organizaciones de consumidores, ambientalistas y defensores de la reparación, ha revisado 2.334 registros de modelos de teléfonos inteligentes introducidos en el mercado europeo durante el último año. El resultado es que únicamente alrededor del 18 % contiene enlaces que permiten acceder realmente a las instrucciones para arreglar el dispositivo o a los precios de las piezas necesarias para hacerlo.

La Unión Europea quiso que la reparación dejase de ser una opción cara o reservada a los servicios técnicos oficiales. La norma persigue que el comprador pueda saber, antes de pagar por un teléfono, si encontrará una batería, una pantalla o un conector de carga cuando el dispositivo falle, cuánto puede costar la pieza y hasta qué punto será viable prolongar la vida útil del terminal.

Una etiqueta con letra pequeña

Desde el 20 de junio de 2025, los móviles y tabletas vendidos en la UE deben incorporar una nueva etiqueta energética. Además del consumo, la autonomía de la batería o la resistencia frente a caídas, agua y polvo, esa etiqueta incluye por primera vez una nota de reparabilidad de la A a la E: la A identifica al dispositivo más sencillo de reparar y la E al menos reparable.

Sobre el papel, la medida supone un paso importante para un mercado acostumbrado a la renovación anual del móvil. Las nuevas reglas obligan a que las baterías soporten al menos 800 ciclos de carga conservando el 80 % de su capacidad inicial. También exigen que haya piezas esenciales disponibles durante, como mínimo, siete años después de que el modelo deje de venderse en la Unión Europea y que las actualizaciones del sistema operativo se mantengan durante al menos cinco años desde la venta de la última unidad.

Pero la etiqueta no basta por sí sola. El consumidor necesita acceder con facilidad a los datos que explican esa puntuación y que permiten calcular si reparar es razonable. Ahí es donde, según el estudio, se rompe la cadena.

Casi la mitad de los registros examinados en EPREL, la base de datos pública europea donde las marcas deben inscribir estos productos, deja vacío el campo destinado al enlace con la información de reparación. Otro 19 % remite a páginas genéricas de producto o soporte técnico que no incluyen ni manuales de reparación ni precios de recambios.

En un 8 % de los casos, las referencias resultan inútiles por su vaguedad, con indicaciones como «véase el manual». Cerca de un 5 % de los modelos lleva al usuario a plataformas como Temu o AliExpress, incluso cuando busca instrucciones para reparar el aparato.

El problema de la nota A

La investigación pone el foco en que la clasificación de reparabilidad se basa, en buena medida, en declaraciones realizadas por los propios fabricantes. Es decir, las empresas calculan la puntuación de sus dispositivos y la introducen en la ficha correspondiente.

Derecho a Reparar Europa asegura haber localizado modelos cuyos fabricantes se conceden la máxima nota en el apartado relativo a la información de reparación, pese a que los enlaces exigidos no existen, están vacíos o no llevan a los documentos necesarios. Ese dato puede acabar elevando artificialmente la clasificación final hasta una A de reparabilidad.

La asociación cuestiona que un sistema diseñado para facilitar decisiones de compra dependa de unos datos que el usuario apenas puede verificar. En la práctica, un teléfono puede aparecer ante el comprador como reparable, pero obligarle después a recorrer páginas de soporte, introducir números de serie, contactar con un servicio técnico o acudir a un comercio externo sin garantías para saber cuánto cuesta una batería.

Reparar un móvil no depende sólo de que la carcasa pueda abrirse o de que exista una pieza compatible. También depende de que el consumidor pueda localizarla, conocer su precio y encontrar información suficiente para decidir si acude a un profesional o si la reparación compensa frente a la compra de otro dispositivo.

Pocos controles

La plataforma revisó más de 7.000 registros de EPREL y completó su análisis con visitas a tiendas físicas y comprobaciones en comercios en línea. En mayo, por ejemplo, detectó que 19 de los 113 móviles expuestos en un establecimiento MediaMarkt de Bruselas no tenían la etiqueta energética obligatoria y, por tanto, tampoco mostraban su clasificación de reparabilidad.

La Comisión Europea diseñó estas normas con el objetivo de reducir residuos electrónicos y permitir que los usuarios alarguen la vida de productos cada vez más caros. Bruselas estima que las reglas podrían ahorrar 2,2 TWh de electricidad en 2030 y generar un ahorro acumulado de 20.000 millones de euros para los consumidores.

El informe evidencia, no obstante, que el derecho a reparar no se garantiza sólo con aprobar una regulación. Hace falta vigilancia sobre las marcas, los distribuidores y la información que llega finalmente a los puntos de venta. La organización reclama más recursos para las autoridades nacionales de control, una vía más visible para denunciar incumplimientos y la publicación de los cálculos completos que respaldan cada nota de reparabilidad.

Europa ya ha puesto en marcha el marco para que un móvil dure más y no termine sustituido por una avería relativamente sencilla. La asignatura pendiente es conseguir que la información obligatoria deje de ser un enlace y se convierta en una herramienta útil para quien tiene que decidir si reparar o volver a comprar.