La subida del SMI afectará a 4 de cada 10 trabajadores agrícolas y tensa las costuras del campo

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada en el Consejo de Ministros repercutirá en prácticamente 4 de cada 10 de los empleados del campo.

Según los cálculos de Comisiones Obreras (CCOO), la medida impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, beneficiará en mayor medida a los asalariados de la agricultura a jornada completa, concretamente a un 39 % de ellos.

La luz verde del Gobierno solo ha hecho refrendar una polémica que se cocina desde hace meses, ya que esta subida se ha llevado a cabo sin negociar con los empresarios. Desde Asaja, la organización profesional agraria mayoritaria en España, se apunta a que esta subida del SMI asfixia al sector agrario. «Se trata del quinto incremento sin consenso desde el 2016, un ascenso del 80 % en los salarios que pone en jaque al campo español», denuncian en un comunicado.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, considera que «cualquier subida del salario mínimo es inasumible en el campo» y que se está llevando al límite a muchas explotaciones.

El incremento aprobado eleva el salario mínimo neto a 1.184 euros por 14 pagas, pero el coste para el empresario agrícola será de 1.925 euros por trabajador. «Del sueldo íntegro, el trabajador verá descontados 720 euros en cotizaciones e IRPF, un aspecto que el Gobierno no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo», explica Asaja.

Juanjo Álvarez, director de Asaja, ha criticado en varias ocasiones en conversación El Debate las imposiciones de Díaz al respecto: «Se está vulnerando la negociación colectiva. El salario nos lo imponen por decreto. ¿Qué vamos a negociar en los convenios colectivos? Si la subida fuera para el trabajador no habría problema, ya que se puede tirar de esa tajada que se lleva el Estado. De ahí seguro que se pueden sacar 50 euros. Hay 720 euros que se pierden por el camino".

Sebastián Serena, secretario del sector agroalimentario de UGT-Fica, ha responsabilizado a los empresarios del método empleado por el Ministerio de Trabajo, ya que a su parecer no es posible incrementar los salarios de manera pactada a través de los convenios colectivos y el convenio estatal. «Si los empresarios negocian con los sindicatos, no tendrán que quejarse de que el Gobierno legisla y no deja negociar», ha sostenido Serena.

Las bonificaciones para respaldar este aumento salarial son una causa perdida para los empresarios agrícolas, que enumeran la larga lista de obstáculos a su actividad en los últimos tiempos, como la subida de costes en electricidad, gasóleo agrícola y fertilizantes; la reforma laboral que limita la contratación flexible en campañas agrícolas; y la falta de de mano de obra, que apuntan que se verá agravado con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

«Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: más costes, más rigidez y menos trabajadores. Si no se toman medidas, muchas explotaciones desaparecerán», ha alertado Barato.

Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024, el empleo agrícola cayó 10,1 % (119.500 empleos menos). Hasta 159.600 asalariados a jornada completa en la agricultura cobrarán el salario mínimo en 2025 (en 2024 fueron 128.200), lo que representa el 9 % de los 1,79 millones de perceptores del SMI en España.