Vista panorámica de olivares en la provincia de Jaén
Arrendamiento forzoso o expropiación: el drama de sustituir olivos por placas solares en contra de la voluntad
Los agricultores denuncian que se ven obligados a renunciar a las explotaciones a las que han dedicado buena parte de su vida
La impotencia en la que viven los olivareros de la Campiña Norte de Jaén se ha evidenciado con el llanto de uno de sus agricultores en pleno directo durante una conexión en televisión.
La situación que denuncian desde hace años los productores jienenses ha cobrado rostro con el auxilio desesperado de Antonio Miguel, uno de los afectados por el arrendamiento forzoso —o en su defecto expropiación— que sufren en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo.
«Es una injusticia. He tenido que arrendar mi finca sin querer. A esto lo llamo yo dictadura, que es lo que es porque o arrendas o te expropian y no quería ni una cosa ni la otra. He tenido que pasar por el aro sin más remedio. Toda mi vida trabajando y fíjate lo que te encuentras. Esto no es lógico», clamaba en su conversación con Espejo Público el agrario.
Una voz quebrada se apoderó de Antonio Miguel, que profundizó en el drama que supone para cientos de productores el arranque de sus olivos, independientemente de la cifra que pongan sobre la mesa los impulsores del proyecto. «No quiero ni dinero ni alquileres. Sólo deseo seguir con mis olivos, vivir de ellos como he hecho siempre», insistió.
La 'Plataforma Campiña Norte STOP megaplantas solares' cifra en 100.000 los olivos que se desprenderán del terreno para dar suelo para instalar paneles fotovoltaicos con el amparo de la Junta de Andalucía, que indica que «no llegan a 13.000». En 2021, el parlamento regional aprobó la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la LISTA, que facilita la instalación de parques de energía renovable en suelo rústico —mucho más barato— en lugar de hacerlo en suelo industrial.
Esta práctica implementada por el Gobierno de Juanma Moreno encontró el rechazo frontal de Vox, que denunció en el Parlamento Europeo las expropiaciones. En 2021, la formación liderada por Santiago Abascal presentó una enmienda a la Ley de Transición Energética con el objetivo de prohibir la instalación de macroplantas fotovoltaicas en suelos agrarios y productivos. La enmienda, que fue rechazada por el resto de partidos, proponía priorizar la instalación de estas plantas en suelos colmatados, zonas industriales en desuso, vertederos sellados y otras áreas degradadas, con el fin de proteger la agricultura y evitar impactos negativos en el medio rural.
La prohibición que no triunfó en España sí que ha prosperado en Italia. La presidenta Giorgia Meloni ha anunciado la prohibición de instalar paneles solares en terrenos agrícolas cultivables con el objetivo de frenar la «desertificación productiva» del campo, según explicó el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. «La de Meloni es una decisión inteligente. Algún día podemos tener que comer de nuestro territorio, aunque ahora prefiramos hacerlo de otros más baratos. Soy partidario de que decida el mercado, pero si ofreces 1.800 euros al año por hectárea a un productor con poca rentabilidad te lo alquila. Si metes hormigón e hincas de acero ese suelo luego no vale para nada», apunta un directivo del IBEX 35 a este diario.
Los agricultores señalan que no tienen opción: arrendamiento forzoso o expropiación. Las empresas promotoras del proyecto empezaron ofreciendo arrendamientos anuales a 30 años entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, aunque recientemente se habla de 3.000 euros. Este mismo terreno acabaría posteriormente revendido a fondos de inversión a 10.000 euros por la misma porción de tierra.
«Aquí muchos de nosotros tenemos olivos por herencia familiar, lo cual a muchos les ha podido sonar bien», indicaba en declaraciones para El Debate Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte, que a su vez advertía de la letra pequeña que enturbiaba el gran negocio verde para la zona: «Lo que no les dicen es que si dentro de, pongamos unos cinco años, el negocio no les es rentable, la empresa se va y deja ya aquí esos paneles. ¿Quién plantará entonces de nuevo los olivos?».
Ricardo Chamorro, diputado de Vox y una de las voces más destacadas en la crítica a la instalación de macroplantas fotovoltaicas en suelos agrarios, incidió en que se implanta así un modelo energético que «ha empobrecido a las familias, destruido la industria y comprometido la soberanía energética de España».
La cuestión va mucho más allá del dinero. Los olivareros evitan valorar las cifras y únicamente quieren continuar con sus explotaciones, ya que entienden que la invasión del metal arruinará el terreno y fomentará la muerte del entorno. Los jienenses condenan que este sistema fomentará un rentismo sin incentivos para desarrollar y hacer prosperar la tierra, por lo que los jóvenes tendrán menos motivos para permanecer en este entorno y cada vez será más complejo que se perpetúe el arraigo al lugar de las nuevas generaciones.
