Insólita unión entre agricultores e industria para salvar el arroz de Extremadura: «Todo depende de la UE»

El habitual choque entre el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, el agricultor, y el segundo, la industria, ha tornado en un acuerdo imprevisible.

La denuncia de los productores de Extremadura, segunda región productora del país detrás de Andalucía, ha encontrado el respaldo de los encargados de la transformación y envasado del arroz, principales beneficiados de una legislación que favorece la entrada de producto procedente de terceros países que se cultiva sin los estándares de calidad y seguridad que se exige dentro de la Unión Europea (UE).

Los arroceros apuntan desde hace tiempo a las dificultades para alcanzar la rentabilidad en sus explotaciones como consecuencia de la importación procedente de países como Birmania, Argentina o Uruguay, con costes laborales considerablemente más baratos y con capacidad para emplear fitosanitarios para combatir plagas que hacen estragos en los campos europeos.

Esta reclamación, lejos de quedarse en una de las numerosas llamadas de auxilio que queda sin corresponder, ha dado lugar a una unión que pone en el mismo equipo a los agricultores y la industria.

«De un lado estábamos las organizaciones agrarias con representación en Extremadura y de otro los agentes más relevantes de la industria transformadora. Hemos pactado la creación de un documento conjunto en que plasme las reivindicaciones más urgentes que necesitamos para sobrevivir», señala en conversación con El Debate Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, que indica que el texto está en elaboración y se remitirá lo antes posible al Ministerio de Agricultura para que presionen en la UE. «Todo depende, en última instancia, de Europa», añade.

La activación de cláusulas de salvaguardia, la imposición de aranceles a los países a los que se impulsa a través de acuerdos, el cumplimiento del criterio de reciprocidad y un etiquetado claro se han distinguido como los puntos en común más destacados y los primeros a modificar. «La industria está por la labor aunque a corto plazo pueda disminuir sus ganancias. Vamos de la mano y es una forma de comprometerse en que va a primar nuestro arroz por delante de producto que viene de otros países que juegan con otras reglas», celebra Metidieri

Una de los agujeros legales más aprovechados por los grandes comercializadores de arroz aparece en el etiquetado. La práctica que ya se ha convertido en habitual permite disfrazar como local arroz importado de fuera de la UE, cultivado bajo otros estándares de calidad y con sustancias fitosanitarias prohibidas en el viejo continente.

El arroz blanco, que requiere un proceso de transformación antes de ponerse a la venta, solo ha de mostrar el lugar en el que ha sido envasado, por lo que únicamente las compañías que sí emplean producto nacional hacen gala de ello, mientras que el resto etiqueta España como territorio de envasado y omite la procedencia del cereal.

El sentir en los agricultores es que, tal y como está la situación arrocera en la actualidad, sería un error que la industria trabajase por perpetuar este sistema. Hace ocho años, Extremadura contaba con cerca de las 30.000 hectáreas en producción y ahora está un poco por encima de las 20.000 hectáreas.

«La industria podría ganar más dinero si siguen las cosas como están ahora, aprovechando la entrada de arroz de peor calidad a bajo coste, pero eso impide el funcionamiento de nuestra agricultura y a largo plazo eso no les interesa», asevera el dirigente de Asaja.

Los agricultores ensalzan el valor de este pacto con la industria, ya que evidencia el grado de emergencia en el que se encuentra el sector. «Que la industria esté a favor de precisar el etiquetado, que solo compren arroz a los países que cumplan los estándares de producción, y que se establezcan aranceles a arroces que ellos podrían obtener más baratos, es un logro sin precedentes», concluye Metidieri, que agradece la actitud de todas la partes para la consecución de este insólito acuerdo.