La lentitud de la Justicia que la convierte en injusticia

Estar once años acusado de un delito para resultar finalmente absuelto es un crimen del sistema. Un atentado a los derechos fundamentales de las personas que se da con relativa frecuencia en nuestro sistema sin que pase nada. Se ha asumido como anormal lo que es una violación del derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24.2 Constitución). El caso es reciente y real, y aunque no habitual, más usual de lo que debería (ejemplo caso ERE). Testigos que no se acuerdan de lo que declararon en comisaría, guardias civiles que ya no saben lo que dijeron, peritos que olvidan el objeto de su pericia. Once años para celebrar juicio en primera instancia y otros ocho meses para dictar sentencia. Once años de incertidumbre, de daño reputacional a los acusados, de sufrimiento a las familias, de perjuicios y gastos. A propósito de un caso similar me comentaba un magistrado «realmente se juzga a otra persona».

Se acusa a alguien y se le procesa con más o menos indicios (en no pocos casos con indicios cogidos con pinzas). Se le mantiene once años en vilo, pendiente de la vista oral, para finalmente llegar al juicio y ver que la acusación se fundamenta realmente en una premisa errónea, en una teoría entre cien. Mientras tanto, su presunción de inocencia socialmente se convierte en presunción de culpabilidad («algo habrá hecho»). Cuando veo estas cosas pienso que los derechos fundamentales se ven reducidos a algo nominal. Retórico. Una mera fachada. A algo que se cita y se enseña en las facultades pero que se maltrata y se vapulea en un sistema sobrecargado, incapaz de asumir la cantidad de asuntos que llegan a los tribunales y que ha convertido el retardo en la norma en lugar de la excepción.

No tiene sentido celebrar un juicio de una semana después de once años para certificar que la acusación carecía de fundamento y que la prueba indiciaria era en realidad humo

La instrucción penal es una criba en la que, en teoría, si no existen indicios serios de delito procedería dictar un sobreseimiento libre o provisional. Ese debería ser el colofón de muchas denuncias penales. No tiene sentido celebrar un juicio de una semana después de once años para certificar que la acusación carecía de fundamento y que la prueba indiciaria era en realidad humo; que el criterio técnico en el que se apoyaba la acusación era a la postre un argumento del todo a cien, una ideica; la choza a paja del primero de los tres cerditos. Pasa muy a menudo con los delitos contra el medio ambiente donde la acusación se sostiene sobre pretendidas pericias o informes que en realidad son opiniones más que dictámenes sobre los que poder sostener una inculpación.

La lentitud de la justicia es una grave injusticia. La media de tramitación de los asuntos civiles en el Tribunal Supremo es de veinticinco meses, pero ninguna jurisdicción se libra. Hay juzgados que son agujeros negros en el tiempo. Hace tiempo que se ha renunciado a una justicia eficiente, moderna y rápida. La media de jueces en España era en 2020 de 11,24 magistrados por cada 100.000 habitantes. En Europa esa media es de 17,60 según informe del Consejo de Europa. En la apertura del año judicial el Consejo General del Poder Judicial daba números. Existen cuatro millones y medio de asuntos en trámite. Cada año entran entre seis y siete millones de casos. Y aunque este año se han alcanzado un récord de 1.822.190 sentencias, los juzgados siguen rebosando. Seguimos conociendo reformas judiciales, tantas que agotan; dos de ellas en los últimos dos años. Ninguna dirigida a aumentar el número de jueces independientes que son la garantía y el verdadero cuello de botella de este sistema carcomido y devorado por la avalancha de asuntos pendientes de resolución. Ninguna reforma pensando en que una justicia de calidad es un servicio tan esencial y necesario como la salud o la educación.