Choque fratricida en el campo: la tensión por el acuerdo con el Gobierno sin los grandes vuelve a escena

La nueva normativa sobre nutrición sostenible ha hecho que vuelva a emanar la sangre de una herida que sigue abierta.

Para llegar al origen de la problemática hay que remontarse al inicio de 2024, cuando el campo mostró su fuerza y descontento en unas reivindicaciones sin precedentes que llenaron de tractores, agricultores y ganaderos indignados las calles de las principales ciudades del país.

Asaja, COAG y UPA sumaron fuerzas para alertar de la situación límite que se vivía en las explotaciones, asfixiadas por el incremento de costes y los bajos precios en origen. 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento' fue el lema elegido para encabezar unas protestas que sirvieron para mostrar a toda la sociedad la gravedad que respiraban día tras días los agrarios.

En paralelo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la cuarta organización profesional agraria a nivel estatal –que no fue reconocida como tal por el Ministerio de Agricultura hasta mayo de 2025– puso en marcha su propio calendario de acciones al margen de las tres grandes.

La presión zarandeó a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que apostó por un acuerdo de 43 medidas «para responder a las principales preocupaciones del sector agrario» y así rebajar . El trato sirvió para aplacar parte de esta tensión y, al mismo tiempo, fragmentar la unidad del campo, ya que excluyó a Asaja y Coag, las dos organizaciones profesionales agrarias con más representatividad, y se firmó con UPA y Unión de Uniones el 3 de abril de 2024.

La desconfianza hacia el ministro y la escasez de las herramientas presentadas fueron claves para que Asaja y COAG rechazaran formar parte de la firma, lo que puso de relieve el divorcio con UPA y Unión de Uniones. Ahora, un año y medio después de los hechos, Asaja, la organización profesional agraria mayoritaria, señala un nuevo entendimiento del triángulo formado por Ministerio, UPA y Unión de Uniones: «El Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios, una norma pactada con UPA y Unión de Uniones, desoye las reivindicaciones del sector y supone una nueva carga burocrática para agricultores y ganaderos».

La reacción de Asaja choca con la de UPA, que aplaude el cambio legal en la nutrición de suelos: «El acuerdo de las 43 medidas sigue dando frutos», destacan en la organización que está integrada en la estructura de trabajadores autónomos de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Asaja apunta que el Real Decreto, publicado en el BOE, establece nuevas obligaciones en materia de fertilización, entre las que destaca la obligación de contar con un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto, así como una modificación de los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles.

«Lamentamos que el Ministerio de Agricultura haya ignorado las propuestas de simplificación planteadas, entre ellas la de excluir de estas obligaciones a las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y a las de secano de hasta 30 hectáreas», condenan en Asaja, que subrayan su preocupación porque esta norma abra la puerta a futuras inspecciones técnicas de abonadoras y aperos utilizados en fertilización, una medida que considera injustificada, «dado que la mayoría de las zonas agrícolas ya cumplen la normativa de zonas vulnerables por contaminación de nitratos».

La valoración es radicalmente opuesta en UPA: «La nueva norma simplifica la normativa que afecta a los agricultores y ganaderos, en este caso a los requerimientos y objetivos de la nutrición de suelos. Este es un elemento fundamental para el futuro de las explotaciones agrarias familiares y con estas modificaciones la normativa se adapta mucho mejor a la realidad de estas explotaciones», destaca la tercera grande del campo, que celebra la decisión que desestima Asaja.

Este choque de pareceres apunta a ser el primero del curso 2025/2026, para el que los agricultores y ganaderos amenazan con movilizaciones ante decisiones trascendentales como la propuesta de la Comisión Europea para la PAC (Política Agraria Común) para el período 2028-2034, en la que se recorta un 22 % el presupuesto o la modificación del acuerdo comercial con Marruecos, mediante la cual se incluirían los cultivos del Sáhara Occidental.