El balón de oxígeno al que se aferra el campo hoy para obstaculizar el acuerdo con Mercosur

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Maros Sefcovic, comisario de Comercio, han llevado las negociaciones para crear una alianza comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) hasta el punto definitivo.

La firma de los líderes europeos con los representantes de los gobiernos sudamericanos en Asunción (Paraguay) cerró 26 años de negociaciones entre los bloques y sirvió para exhibir las fortalezas y las bondades de esta unión en un contexto geopolítico mundial complejo y cambiante.

La UE consiguió una fotografía poderosa y clave para sus intereses: «El acuerdo también envía una fuerte señal geopolítica que demuestra el compromiso compartido de la UE y el Mercosur con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas: en un momento de incertidumbre mundial y de creciente fragmentación, subraya el valor de la cooperación, el diálogo y las asociaciones internacionales», señaló la representación en España de la Comisión Europea. Sin embargo, por ahora, la estampa de la cúpula de la Comisión en Paraguay solo obedece a un acuerdo interino que para completarse con pleno éxito tienen que recibir el visto bueno de los europarlamentarios europeos.

La Comisión Europea ha dividido el trato con Mercosur en dos partes: un acuerdo comercial provisional y un acuerdo de asociación completo. El apartado comercial únicamente requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y de los parlamentos del Mercosur, por lo que no necesita la ratificación en los 27 Estados miembro y podría aplicarse cuando haya luz verde desde Estrasburgo. Este miércoles 21 de enero los europarlamentarios tienen la opción de congelar su decisión y posponer esa ratificación.

Dos resoluciones, planteadas, por un lado, por Patriotas por Europa (El grupo de Vox en la Eurocámara) y por otro por la izquierda y los Verdes, cuestionan a los eurodiputados sobre si el Parlamento Europeo debe recurrir el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). No se vota el espaldarazo o no al acuerdo, sino si se debe pedir al TJUE que revise si la forma en la que se da el pacto es legal. Si el Parlamento admite las resoluciones el proceso se congela y -casi con toda seguridad- queda paralizado hasta que el TJUE emita un dictamen con su opinión, lo que se puede prolongar entre uno o dos años.

Vox, uno de los partidos que ha impulsado en Europa este balón de oxígeno para los agrarios contra la alianza con Mercosur, considera más necesaria que nunca la opinión del TJUE sobre cómo pretende la Comisión implementar el acuerdo, ya que entiende que la división en dos instrumentos separados, un acuerdo comercial interino y un acuerdo de asociación, tiene como objetivo «evitar la ratificación por los Parlamentos nacionales y forzar su entrada en vigor por la vía rápida». La formación liderada por Santiago Abacal señala que esta operación «supone una vulneración de los tratados, del principio de equilibrio institucional y de los derechos democráticos de los Estados miembro».

El Copa-Cogeca, principal organización de los agricultores europeos, incide en que la decisión de permitir una aplicación provisional del trato antes de que el Parlamento lo vote «erosiona la confianza en la gobernanza europea, en los procesos democráticos y en el control parlamentario en un momento en que la credibilidad institucional ya está bajo presión». Los agrarios trasladan que esa estrategia «revela tanto el nerviosismo como que una mayoría en contra del acuerdo sigue siendo posible».

La solicitud del dictamen al Tribunal de Justicia obstaculizaría casi de manera inmediata la entrada en vigor de un acuerdo que, pese a que ha visto pasar tres décadas hasta llegar al punto actual, podría enquistarse. Los países del Mercosur han manifestado su interés en que la alianza comience lo antes posible. «Si no se firma ahora, Brasil no hará más acuerdos con Europa», apuntó en diciembre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras ver las dudas surgidas en Bruselas por la presión ejercida por los agrarios.

Fuentes presentes en Bruselas insisten en la idea de que hay posibilidades de que el Parlamento acepte solicitar su postura al TJUE, ya que serían varios los europarlamentarios que no están a favor de esta ratificación por la vía rápida que, en cambio, sí apoyan sus partidos.