La UE propuso que las salvaguardias para el acuerdo con Mercosur duraran máximo cuatro años

La Unión Europea (UE) continúa con su maquinaria a pleno rendimiento para conseguir que el acuerdo con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) eche a andar lo más pronto posible.

La presidenta de la Comisión Europea,Ursula von der Leyen, tiene en su mano imponer la aplicación provisional del aspecto comercial del trato, aunque los tiempos son muy importantes para que la brecha con el campo y el Parlamento Europeo se agrande lo menos posible.

La Comisión Europea trabaja en varios frentes al mismo tiempo: por un lado, ha cerrado el pacto con el bloque sudamericano, y por otro, ha obtenido el visto bueno del Consejo, ha maniobrado para poder activar la alianza sin el respaldo del Parlamento y ha acordado cláusulas de salvaguardia para buscar hacer más justa esta colaboración transoceánica.

La posición inicial de la Comisión con las salvaguardias, que desde el otro lado del Atlántico se han rechazado al considerar estas no existían cuando se concretó el acuerdo, ha evolucionado para tratar de convencer en las explotaciones. Los umbrales de activación se han reducido de un 10 % de variación interanual de las importaciones con precios de un 10 % por debajo de la media nacional a una activación cuando aumente el volumen de importación un 5 % en comparación con la media de los últimos tres años y a un precio inferior al 5 % del medio nacional; sin embargo, el texto propuesto por la Comisión que se votará este martes 9 de febrero en Estrasburgo y al que ha tenido acceso El Debate planteaba que las salvaguardias para productos sensibles al acuerdo con Mercosur solo fueran prorrogables durante dos años sobre la duración inicial, también de dos años.

El documento propuesto en primer momento por la Comisión Europea precisa que «la duración inicial de una medida de salvaguardia podrá prorrogarse hasta dos años, siempre y cuando la medida de salvaguardia siga siendo necesaria para evitar o remediar el perjuicio grave a la industria de la Unión y haya pruebas de que la industria de la Unión se está adaptando».

Una enmienda de la Comisión AGRI del Parlamento Europeo permite que la duración inicial del mecanismo puede extenderse seis años. Los productos no considerados sensibles solo estarían amparados por las salvaguardias durante un máximo de cuatro años, mientras que la carne de vacuno, la carne de porcino, las aves de corral, el azúcar, el maíz, la miel y determinadas frutas podrían protegerse hasta ocho años.

El Parlamento Europeo, que ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que emita un dictamen sobre si la manera en la que la Comisión ha realizado el acuerdo con Mercosur es legal, destaca en su comunicación con la Comisión sobre la propuesta de reglamento de salvaguardias las diferencias significativas en los costes de producción respecto al bloque sudamericano «derivadas de unas normas medioambientales, laborales y de bienestar animal menos estrictas, que crean una presión competitiva injusta para los productores de la Unión, que operan con una base de costes más elevada y unas normas más estrictas».

La Comisión AGRI del Parlamento observa «con gran preocupación» que los mecanismos de salvaguardia propuestos carecen de activación automática. «Se han fijado umbrales de activación basados en el volumen demasiado elevados, proporcionan detalles de seguimiento insuficientes y se basan en prolongados procedimientos de investigación que no se adecúan al sector agrícola», advierte el Parlamento.

Fuentes próximas a la Eurocámara indican en conversación con El Debate la inclusión de enmiendas en la votación sobre las salvaguardias del tratado mediante las cuales se solicita a la Comisión que no aplique provisionalmente el acuerdo hasta que el TJUE emita su dictamen sobre la legalidad del mismo.

Estas enmienda de procedimiento, la 113 en la votación del 9 de febrero, no provocaría una suspensión de la posible aplicación provisional, aunque si es favorable sirve como una declaración de intenciones del Parlamento Europeo. «Es como una pequeña resolución en forma de enmienda que remarca la posición de los eurodiputados, que instan a que no hagan acciones que provoquen la aplicación provisional hasta que no se pronuncie el TJUE. Si posteriormente un Estado miembro o el propio Parlamento solicita una suspensión cautelar de la aplicación provisional del acuerdo, esta pequeña resolución puede servir de base para evidenciar que los eurodiputados ya se han pronunciado al respecto», aseveran las fuentes consultadas.