Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación «excesiva» de la serie

El juzgado nº 18 de lo Mercantil de Madrid ha admitido en parte la práctica de diligencias preliminares solicitadas por tres creadores de la serie –los hermanos Alberto y Laura Caballero, e Iñaki Ariztimuño–, quienes reclaman a Atresmedia información detallada sobre todas las formas de explotación de la serie hasta la actualidad, según avanza Dircomfidencial. El juzgado dictamina que Atresmedia deberá facilitar la información detallada, pero no desde 2003, sino desde el 4 de noviembre de 2021, momento en que entró en vigor el artículo 75 del Real Decreto-Ley 24/2021

El grupo de comunicación habría explotado la serie de forma «indebida, no consentida y excesiva», más allá de lo dispuesto en los contratos originales firmados por la productora Miramón Mendi –extinguida en 2009–. Por esta razón, los guionistas de Aquí no hay quien viva tienen previsto demandar a Atresmedia por infracción de derechos de propiedad intelectual.

En un auto de verano de 2024, el juzgado ya aceptó las diligencias frente a las que Atresmedia se opuso, y que nuevamente incluyen los autores de la serie en su petición al jugado. No solo reclaman detalles de todos los modos de explotación de la serie, sino también información de los ingresos generados por cualquier vía comercial, cualquier otra remuneración obtenida por la explotación, así como la identidad de todos los terceros a los que el grupo de comunicación hubiera cedido derechos de explotación.

Ante los hechos, Atresmedia asegura que la cesión a Miramón Mendi no era limitada, que no se ha acreditado lo contrario y que, en cualquier caso, la obligación de información prevista legalmente –art. 75 del RD, ley 24/2021– no le sería aplicable. Aun así, argumenta que los solicitantes carecen de interés legítimo, al tratarse de una obra colectiva cuyos derechos de explotación ostenta totalmente.

«Excesiva y desproporcionada» es como califica el grupo de comunicación la petición, ya que, además, alega que hay prescripción, falta de justa causa, y mala fe en la solicitud. Además, pidió elevar la caución a más de 290.000 euros.

En su impugnación, los hermanos Caballero e Iñaki Ariztimuño insistieron en que dicha normativa obliga a los cesionarios como Atresmedia, a suministrar información anual sobre las explotaciones de la obra, y que precisamente la aportada por el grupo de comunicación es incompleta. Añaden que la existencia o no de cesión total, así como la eventual prescripción, son cuestiones de fondo que deben resolverse en un procedimiento posterior. Sostienen también que las nuevas modalidades de explotación —como el streaming— no existían cuando se firmaron los contratos originales.