​El 'true crime' español, en peligro: el Gobierno endurece la ley para proteger a las víctimas

El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del derecho al honor y a la intimidad personal del Gobierno llega tras este martes tras una sucesión de casos recientes y reconocibles, que evidencian el gran daño que puede provocar el uso sin consentimiento de imágenes o de relatos reales, especialmente cuando hay menores implicados, bajo el amparo de la supuesta creatividad o libertad de expresión.

El punto de inflexión en España se produjo en 2023, en Almendralejo (Badajoz), aunque las imágenes manipuladas de menores ya salpicaban las redes desde hace tiempo. Un grupo de adolescentes difundió imágenes falsas de compañeras de clase desnudas creadas mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales.

Las menores nunca habían posado así, pero sus rostros aparecieron superpuestos en cuerpos generados por IA que circularon por las redes y aplicaciones de mensajería. El impacto fue inmediato, y no sólo en el ámbito digital, porque afectó directamente a su vida personal, a la de sus familias y a la del centro escolar.

Ese caso situó por vez primera a los deepfakes o ultrafalsos –imágenes generadas con IA para suplantar la identidad de alguien con distintos fines– en el centro del debate público por ser una práctica accesible, difícil de frenar y con consecuencias reales para las personas que hay detrás de esas imágenes. Pero también evidenció las limitaciones legales para retirar con rapidez esos contenidos que se multiplican, mientras las víctimas buscan protección.

Desde entonces, el uso de imágenes manipuladas se ha extendido a otros ámbitos, como la política. En las últimas campañas electorales o tras algún acontecimiento de gran repercusión han circulado vídeos y contenidos alterados con la imagen de líderes de partidos que se han viralizado en las redes y WhatsApp con el fin del descrédito y de dañar su reputación.

Fuentes del Ministerio de Justicia han detallado a Europa Press que la norma afecta a «toda persona con sentencia firme» que haga uso del delito para conseguir notoriedad o ganancia económica o –a partir de ahora– que sin un motivo aparente dañe el honor de su víctima. Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que el texto establece una nueva regulación para «dar mayor protección a las víctimas». Además, ha afirmado que «se desvincula de la necesidad de que tenga un beneficio económico el que exista una intromisión ilegítima en el derecho al honor».

El caso de Gabriel

Pero la preocupación no se limita solo a la inteligencia artificial, porque al auge de los true crimes –obras de creación que exploran hechos criminales verdaderos– le acompaña un debate similar sobre los límites entre la creación de contenidos y el respeto a las víctimas.

A este debate contribuyó en gran medida el intento de llevar a la televisión el asesinato de menor Gabriel Cruz, conocido como «El Pescaíto», un proyecto en el que se quería contar con la participación de la presunta asesina y al que se opuso con uñas y dientes Patricia, la madre del menor quien consiguió para la producción, y quién incluso llegó a comparecer en el Senado, donde denunció «la intención espuria» de la condenada «de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso».

La familia no quiso que el caso se convirtiera en un producto audiovisual sin su consentimiento, y alertó del impacto que este tipo de sucesos pueden tener sobre quienes siguen conviviendo con el dolor años y años tras los hechos.

El caso José Bretón

El debate se ha seguido alimentando tras el libro escrito por Luisgé Martín que incluye el testimonio de José Bretón, el padre condenado por asesinar a su hijos en una finca de Córdoba, que intentó frenar su exmujer Ruth Ortiz.

El odio no salió adelante tras la reacción social, pero el caso no dejó a nadie indiferente al lanzar esta pregunta: ¿puede alguien que ha cometido un delito reconstruir su historia con fines editoriales cuando hay víctimas menores que no pueden defender su intimidad?.

En el momento de su aprobación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refirió al libro El odio: «Afortunadamente, la sociedad acompañó a la víctima. La sociedad en ese momento fue por delante incluso de la ley. Lo que queremos en esta ocasión es que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Y, por otro, lado también queremos adelantar las soluciones», afirmó haciendo referencia al conflicto de derechos que se plantea, por un lado por la integridad moral de la madre y, por otro, por la libertad de creación artística: «Para evitar ese conflicto, para evitar que se produzca y que se suscite esa confrontación de derechos, anticipamos la solución con esta ley».

Aunque la obra iba a ser publicada por Anagrama en marzo de 2025, la editorial paralizó la publicación tras las quejas de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José. En un primer momento el sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra.

Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril, y Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había «sentido miedo de la presión social».

Son casos claros de deepfakes y de algunos planteamientos de true crime que sobrepasan el derecho al honor y a la intimidad; unos fenómenos en los que hay rasgos comunes, ya que no inventan personajes, sino que utilizan rostros, nombres e historias reales para construir contenidos con distintos fines.

Su objetivo es tanto la mofa, como el desprestigio de una persona, la estafa, el beneficio económico, la generación de audiencia o la proyección personal.

Hasta el momento, la respuesta legal a esta apropiación de la vida real es fragmentaria porque en España no hay una regulación específica sobre el uso de imágenes o voces manipuladas con inteligencia artificial, y las víctimas tienen que recurrir a distintos tipos delictivos que no son los propios en sí.

De ahí que la reforma anunciada por el Gobierno busque cerrar ese vacío legal y que con ella se declare ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces creadas o manipuladas con IA sin consentimiento. Asimismo, trata de reforzar la protección de los menores y que se regulen los true crimes, cuando con ellos la persona que causa el daño, el sufrimiento o la muerte obtiene un beneficio económico o una proyección personal.