Entierro en el Valle de los Caídos de Francisco Franco tras su muerte tres días antes, el 20 de noviembre de 1975
La Fundación Franco niega la causa de extinción: «Se decide por ideología y luego se intenta justificar»
El patronato ha enviado 33 páginas de alegaciones al Ministerio de Cultura en las que, entre otras respuestas, denuncia que la resolución ministerial no recoge la reforma de los estatutos de la entidad aprobada en 2023, donde reformula sus fines
La Fundación Francisco Franco ha enviado este jueves las alegaciones al Ministerio de Cultura tras su petición de extinción judicial, en las que defiende que no hay ninguna causa legal que justifique este proceso y subraya que su actividad está amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución.
El Ministerio de Cultura comunicó recientemente a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia, al concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque la última palabra la tendrá un juez.
En las 33 páginas de alegaciones la Fundación solicita el archivo de la procedimiento al defender «la inexistencia de causa legal de extinción»: «La defensa de la legitimidad del régimen de Franco no puede constituir por si sola causa de extinción, al estar amparada en la libertad de pensamiento y expresión que protege la Constitución», señala.
La Fundación denuncia que la resolución del Ministerio de Cultura está «llena de medias verdades, falsedades y deliberadas omisiones», ya que por ejemplo no recoge la reforma de los estatutos de la entidad aprobada en 2023, donde reformula sus fines y señala expresamente que evitará el menosprecio a las víctimas. La Fundación subraya que con su actividad no hay incitación al odio ni humillación a las víctimas del franquismo.
«Defender una visión determinada de la historia de España o alabar y divulgar las realizaciones positivas de sus protagonistas, en modo alguno puede considerarse incitación al odio o a la violencia, salvo que lo que se pretenda sea imponer una visión unívoca y uniforme de la historia, lo que es más propio de un sistema totalitario que de un Estado de derecho», añade.
La Fundación asegura que su actividad persigue fines de interés general y tan solo reconoce hacer apología del franquismo por el hecho de «divulgar todo lo que de positivo tuvo el régimen de Franco para los españoles», pero sostiene que esto «no puede ser merecedor de reproche legal alguno».
Critica además que el procedimiento para reclamar su extinción judicial por parte del Ministerio se inicia con el expediente caducado, «con una idea preconcebida de culpabilidad» y «sin haberse garantizado una audiencia previa» por parte de la Fundación.
«Primero se decide por exclusivas razones ideológicas extinguir y luego se busca justificarlo», sostiene la Fundación en sus alegaciones, donde acusa al Gobierno de usar el «comodín Franco para tapar las propias vergüenzas de las múltiples causas de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez».
Además, arremete también contra el Gobierno por querer acabar con una Fundación que le resulta «molesta» pero que, según asegura, «tiene un presupuesto prácticamente similar al de una comunidad de vecinos y muy poca gente sabe siquiera de su existencia».