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MADRID, 20/05/2024.- Vista de las obras 'La visita de la madre al hospital' (i), de Enrique Paternina García, y 'Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe' (d), de Luis Jiménez Aranda, que forman parte de la exposición 'Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)' presentada en el Museo del Prado de Madrid, este lunes. EFE/ Zipi

Vista de las obras 'La visita de la madre al hospital' (i), de Enrique Paternina García, y 'Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe' (d), de Luis Jiménez ArandaEFE

Bruselas lleva a España al TJUE por el bloqueo en el IVA del arte y acusa un incumplimiento «grave y persistente»

La Comisión denuncia la falta total de transposición de la normativa europea sobre obras de arte, antigüedades y objetos de colección y alerta de riesgos de distorsión del mercado único

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado a su ordenamiento la directiva comunitaria que reforma el régimen del IVA aplicable a obras de arte, antigüedades y objetos de colección.

Bruselas considera el incumplimiento especialmente grave por su duración y por el impacto directo en un mercado que opera de forma transfronteriza dentro de la Unión. La ausencia de transposición de la Directiva (UE) 2022/542, señala el Ejecutivo comunitario, rompe la armonización fiscal en un sector especialmente sensible a las diferencias de tributación entre Estados miembros.

El conflicto añade presión a un contexto ya tenso en España, donde el Ministerio de Cultura, encabezado por Ernest Urtasun, mantiene abierto el debate sobre el tratamiento fiscal del arte y el funcionamiento del mercado cultural. El encaje del IVA en este ámbito ha generado fricciones entre las obligaciones europeas y las posiciones defendidas desde el ámbito político y cultural.

La Comisión advierte de que la situación puede provocar distorsiones de competencia, así como escenarios de doble imposición o, en sentido contrario, de ausencia de tributación en operaciones internacionales. Todos los demás Estados miembros han completado ya la transposición dentro del plazo fijado.

El plazo expiró el 31 de diciembre de 2024. Tras dos avisos formales —una carta de emplazamiento en enero de 2025 y un dictamen motivado en julio—, España no ha comunicado avances sustanciales ni ha adaptado la normativa.

Ante esta falta de respuesta, Bruselas eleva el caso al Tribunal de Justicia de la UE y solicita sanciones económicas por lo que considera un incumplimiento continuado de las obligaciones comunitarias.

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