La Anomalía Española según Dalmacio Negro

Una pregunta recorre buena parte de la obra de Dalmacio Negro Pavón (1931-2024) y resulta mucho más profunda de lo que a priori pudiera parecer: «¿Qué es el Estado?». Estamos acostumbrados a hablar de Estados antiguos, medievales, modernos, nacionales, democráticos o totalitarios como si el Estado fuera una forma universal de organización política, presente desde que existen comunidades humanas complejas. Para Dalmacio Negro, sin embargo, esta manera de expresar lo político contiene un error fundamental.

El Estado no es sinónimo de comunidad política, de gobierno, de nación ni de poder político. Es una forma histórica y concreta de lo político. El gobierno, en cambio, es una realidad permanente, pues dondequiera que exista una comunidad política organizada habrá mando y poder y, por tanto, gobierno. El Estado no aparece necesariamente allí: es una creación histórica ligada a una determinada concepción del derecho, a conceptos como el de soberanía y a una organización racionalizada del poder. De ahí que resulte anacrónico hablar sin más del «Estado romano», del «Estado medieval» o del «Estado carolingio». Antes del Estado existieron otras formas políticas, algunas extraordinariamente complejas, pero diferentes de la estatalidad moderna.

La importancia de esta distinción no es meramente conceptual. Si llamamos Estado a cualquier organización política, perdemos precisamente aquello que hace singular al Estado. Para Negro, el Estado es un artificio político: una forma racionalizada, impersonal y territorial de concentración del poder. Su característica decisiva es la soberanía, entendida como la existencia de una instancia última que no reconoce dentro de su territorio ningún poder ni autoridad superior. Allí donde anteriormente existía un orden compuesto por múltiples jurisdicciones, cuerpos intermedios, comunidades, derechos y autoridades, la estatalidad tiende a concentrar y monopolizar. El Estado reclama progresivamente el monopolio de la fuerza, de la legislación y de la decisión política, convirtiéndose en el principio central de ordenación de la vida colectiva.

La creación del Estado no sucede de golpe. Tiene una larga prehistoria en las monarquías europeas que avanzaron en la centralización del poder, la burocratización, la fiscalidad permanente, los ejércitos profesionales y la concentración jurisdiccional. Son las que Negro denomina «monarquías estatales», estructuras de transición entre el orden tradicional medieval y el Estado propiamente dicho. El punto de inflexión decisivo se encuentra, no obstante, en la Revolución Francesa. Con ella se consolida la soberanía nacional y el Estado adquiere una nueva legitimidad. El Estado liberal del siglo XIX será sucedido por el Estado democrático y, después de la Primera Guerra Mundial, por el Estado total en sus distintas manifestaciones. Tras la derrota de los fascismos y posteriormente del comunismo, la estatalidad adoptará nuevas formas mediante el Estado social y el Estado del Bienestar.

Pero existe un aspecto todavía más profundo. La historia del Estado es también la sustitución progresiva de un orden recibido por un orden construido. El Estado moderno no se limita a gobernar una sociedad que ya existe, sino que aspira a organizarla en todos sus aspectos. Cuando la racionalidad política se emancipa de todo orden anterior, aparece la tentación de reconstruir la sociedad desde arriba mediante leyes, instituciones y programas. Por eso Negro relaciona la estatalización con la soberbia del racionalismo moderno. Aquello que antes pertenecía a las familias, los municipios, las instituciones religiosas, las corporaciones, las asociaciones o las comunidades históricas entra progresivamente en la esfera de intervención estatal.

Y es precisamente aquí donde el caso español adquiere una importancia excepcional. Porque España, según Dalmacio Negro, constituye una anomalía histórica. No porque sea una excepción absoluta a la dinámica europea, sino porque su estatalización se produce de manera incompleta, tardía, conflictiva y peculiar. España es una nación histórica que posee una formidable unidad política antes de poseer una estatalidad plenamente desarrollada, y durante siglos consigue articular una estructura política de dimensiones imperiales sin convertirse en un Estado territorial homogéneo.

La perspectiva de Negro obliga a abandonar una de las mayores simplificaciones de la historiografía contemporánea del nacionalismo español: identificar la existencia de una conciencia de España como nación histórica con el nacimiento de un Estado nacional. La unión de las Coronas de Castilla y Aragón no crea un Estado español en sentido moderno. Los Reyes Católicos no crean una Administración central que absorba las instituciones de sus reinos ni convierten Castilla, Aragón, Valencia o Navarra en partes indiferenciadas de una nueva unidad estatal. La Monarquía de España se construye alrededor de la persona del rey y mantiene la pluralidad de sus cuerpos políticos, derechos, jurisdicciones y territorios.

Los Austrias continúan esta lógica. Nápoles podía pertenecer a la Monarquía, pero seguía siendo el Reino de Nápoles; Flandes, Milán o las Indias podían integrarse en una construcción imperial común sin desaparecer sus personalidades jurídicas. La unidad mediante la cabeza de un mismo monarca no implicaba uniformidad. El vínculo fundamental era la persona del rey dentro de una estructura jurisdiccional y corporativa extraordinariamente compleja.

Por eso resulta decisivo distinguir entre la España histórica y el Estado español. España no necesitó ser un Estado para existir como nación histórica y cultural. La nación española es anterior a la estatalidad moderna y no puede reducirse a ella. El error retrospectivo consiste en imaginar que una nación solo puede existir políticamente si dispone de un Estado nacional. Esa identificación es precisamente uno de los productos ideológicos asociados al triunfo del Estado. España pertenecía a un mundo en el que las comunidades políticas no respondían todavía a la estructura estatal moderna.

La paradoja alcanza su máxima expresión cuando la Monarquía, lejos de encerrarse en un territorio nacional, se convierte en una monarquía universal. La Monarquía Hispánica no nace con la finalidad de construir un Estado nacional español, sino dentro de un horizonte cristiano y universal. Su lógica es imperial antes que estatal. Su legitimidad no se fundamenta en la soberanía de una nación abstracta, sino en una concepción histórica y religiosa del orden. Su estructura no busca eliminar la pluralidad, sino integrarla bajo una misma Corona. La expansión americana tampoco es, en su concepción originaria, la simple ampliación territorial de un Estado nacional, sino la incorporación de nuevos pueblos y territorios a una Monarquía que se concibe dentro de un orden cristiano universal.

Aquí aparece la razón profunda de la anomalía española. Mientras otras monarquías europeas avanzan hacia la concentración territorial y la construcción de Estados cada vez más homogéneos, España desarrolla una potencia política extraordinaria sin completar el proceso de estatalización. Es una potencia imperial sin ser todavía un Estado nacional moderno. Tiene administración, fiscalidad, ejército, diplomacia y una enorme capacidad de movilización de recursos, pero esas capacidades conviven con una estructura política plural que no ha sido absorbida por una soberanía estatal abstracta.

Dalmacio Negro denomina a esta situación «paraestatalidad». España no está fuera de la historia de la estatalización europea: participa de ella y desarrolla muchos de sus elementos, pero no llega a consumarla por su condición imperial. Es una realidad política que se encuentra al lado, antes o parcialmente dentro del Estado, pero que no coincide plenamente con él. Esta «paraestatalidad» constituye uno de los rasgos específicamente españoles y se prolonga, con transformaciones, hasta el siglo XX. España no debe ser juzgada como un Estado nacional imperfectamente realizado desde los Reyes Católicos, sino comprendida como una forma política distinta que posteriormente intentará transformarse en Estado.

Los Borbones introducen una modificación decisiva. El siglo XVIII representa un avance considerable de la estatalización. La centralización administrativa, el regalismo, la racionalización de la Hacienda, la reorganización militar y, especialmente, los Decretos de Nueva Planta expresan la tendencia hacia una estructura política más uniforme. Pero tampoco entonces desaparece completamente la tradición histórica. La vieja Monarquía no se convierte de repente en un Estado nacional plenamente desarrollado.

Será el siglo XIX el que convierta esta cuestión en el gran problema político español. La Guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz abren una nueva época. La nación pasa a ser concebida como sujeto político soberano y comienza el intento consciente de construir un Estado nacional. El liberalismo español pretende transformar una comunidad histórica y una antigua Monarquía plural en una Nación política dotada de Constitución y aparato estatal moderno. Esto alcanza su máxima expresión en 1812, cuando se intenta organizar incluso el antiguo Imperio dentro de un marco nacional.

Pero la operación resulta extraordinariamente difícil. España tiene nación histórica, pero su Estado moderno es débil; posee una identidad política secular, pero no una estatalidad suficientemente consolidada; conserva una tradición jurídica plural, mientras el liberalismo necesita uniformizar y seguir, en mayor o menor medida, el modelo francés. Existen comunidades históricas, municipios, fueros y cuerpos sociales, mientras el Estado nacional exige una soberanía única. Aparece así una tensión que recorrerá todo el siglo XIX: la tensión entre la España histórica y la construcción del Estado español moderno.

Desde esta perspectiva, la inestabilidad política española del siglo XIX adquiere un significado diferente. No sería simplemente una sucesión absurda de pronunciamientos, constituciones y guerras civiles. Detrás de ellos se encuentra una cuestión más profunda: ¿cómo transformar una nación histórica y una antigua Monarquía plural en un Estado nacional moderno? El conflicto entre absolutistas y liberales, moderados y progresistas, carlistas y revolucionarios no es solamente una lucha por el Gobierno. Es también una lucha sobre la forma misma de la comunidad política.

Aquí aparece el carlismo como uno de los fenómenos fundamentales de la anomalía española. El tradicionalismo carlista puede interpretarse como la resistencia consciente de una parte de España a la estatalización liberal. No se trata simplemente de defender una determinada dinastía. El carlismo defendía una concepción de la política en la que el poder no es soberano en sentido absoluto, existen derechos históricos anteriores al Estado, la sociedad está constituida por comunidades y cuerpos con legitimidad propia y el orden político se encuentra limitado por la religión, las tradiciones y el derecho histórico.

Por eso los fueros son tan importantes. No representan simplemente privilegios territoriales. Expresan una concepción de la libertad distinta de la liberal-estatal. La libertad no consiste necesariamente en que todos los individuos estén sometidos a la misma ley producida por el mismo poder soberano, sino en que las comunidades históricas conserven sus propios derechos y ámbitos de autonomía. El carlismo es, así, una defensa de la sociedad frente a la absorción por el Estado.

Pero en el extremo ideológico opuesto aparece el anarquismo español. Tradicionalismo y anarquismo son doctrinalmente incompatibles: el primero es monárquico, católico y tradicionalista; el segundo, revolucionario, antiautoritario y, en buena parte de sus expresiones, radicalmente anticlerical. Sin embargo, ambos pueden contemplarse como expresiones distintas de una misma peculiaridad histórica: la dificultad de la sociedad española para aceptar al Estado como principio supremo y natural de organización social.

El tradicionalista desconfía del Estado porque quiere restaurar una sociedad articulada por la tradición, la religión, los fueros, los municipios y los cuerpos intermedios. El anarquista desconfía de él porque quiere destruirlo para que la sociedad pueda organizarse por sí misma. Uno mira hacia la restauración de un orden perdido; el otro hacia una sociedad futura sin autoridad estatal. Pero ambos rechazan la premisa esencial de la estatalidad moderna: que la sociedad necesite ser organizada desde un centro soberano.

En este sentido puede entenderse la fuerza histórica del anarquismo en España. No sería suficiente explicarla como una mera importación de las doctrinas de Bakunin. Las doctrinas necesitan un suelo social sobre el que arraigar, y España poseía una larga tradición de autonomía local, asociacionismo, municipalismo, comunidades rurales, sociedades de ayuda mutua y formas de sociabilidad relativamente independientes del aparato estatal. El carlismo y el anarquismo son, por tanto, enemigos históricos, pero pueden ser interpretados como dos respuestas diferentes a una misma anomalía. Uno quiere restaurar; el otro abolir. Uno reivindica la tradición; el otro, la revolución. Pero ambos conservan una intuición que la estatalización moderna tiende a destruir: que la sociedad no es una criatura del Estado.

La anomalía española comienza a desaparecer precisamente cuando el Estado consigue imponerse sobre la sociedad. La Guerra Civil de 1936-1939 constituye, en la interpretación de Negro, un punto de inflexión crucial. La debilidad del Estado heredado por la Segunda República revela hasta qué punto la estatalización española seguía siendo incompleta. La guerra destruye buena parte de los equilibrios anteriores y permite construir una estructura estatal mucho más poderosa. Es lo que Negro denomina el «Estado campamental»: un Estado nacido de la guerra, de la movilización y de la disciplina, con una capacidad de penetración social muy superior a la de los regímenes anteriores.

Esto explica también el lugar particular del franquismo en la historia del Estado español. No basta con interpretarlo únicamente desde la oposición democracia-dictadura. Desde el punto de vista de la historia de la estatalidad, el franquismo constituye el momento en que España adquiere finalmente las bases de un verdadero Estado nacional. Su carácter autoritario no elimina esta función histórica; la hace posible mediante una concentración extraordinaria del poder político y administrativo.

La paradoja es enorme. La España que durante siglos había resistido o retrasado la estatalización consigue construir un Estado extraordinariamente fuerte precisamente después de una guerra civil. La vieja anomalía española se transforma entonces en una nueva realidad política.

La democracia posterior a 1975 no parte, por tanto, de una sociedad carente de Estado. Parte de un Estado que el franquismo había desarrollado enormemente. La Transición no crea desde cero la maquinaria estatal, sino que la reforma y reorganiza. Al mismo tiempo, introduce un intento de solución al viejo problema de la pluralidad española mediante el Estado autonómico.

Aquí reaparece la paradoja. La España histórica había sido plural porque estaba organizada mediante una pluralidad de reinos, fueros, jurisdicciones y cuerpos políticos. El Estado moderno, en cambio, tiende a considerar la pluralidad como un problema que debe ser organizado jurídicamente desde una soberanía única. La Constitución de 1978 intenta resolver esa tensión mediante la autonomía territorial. Pero la solución puede producir una consecuencia inesperada: al reconocer y desarrollar políticamente las diferencias territoriales dentro del Estado, puede contribuir también a la reaparición de proyectos de soberanía alternativos, creando «Estados dentro del Estado».

Así, la vieja dificultad española reaparece bajo una forma nueva. Primero se intentó construir el Estado mediante la centralización; después, mediante la descentralización. Pero la cuestión de fondo continúa siendo la misma: ¿cómo se articula una nación histórica plural con un Estado moderno?

Las tesis de Negro permiten comprender por qué esta cuestión resulta tan difícil en España. La pluralidad española no nació con el Estado autonómico, sino que es anterior a él en muchos siglos. Pero tampoco puede trasladarse sin más la estructura plural de la Monarquía Hispánica al presente, porque la estatalidad moderna ha transformado radicalmente las categorías políticas. Ya no vivimos en una Monarquía jurisdiccional, ni en una Cristiandad europea, ni en una estructura imperial. Vivimos en un mundo de Estados nacionales, soberanías constitucionales y democracias de masas.

La gran tragedia intelectual consiste precisamente en intentar resolver los problemas de una realidad histórica utilizando categorías pertenecientes a otra época. Los nacionalistas pueden proyectar hacia atrás el Estado-nación contemporáneo y convertir a los antiguos reinos en Estados nacionales retrospectivos. Pero también puede hacerlo el nacionalismo español cuando imagina que la Monarquía Hispánica era simplemente un Estado español centralizado en potencia que no llegó a realizarse. Ambos cometen el mismo error metodológico: confundir nación, reino, monarquía, imperio y Estado.

El trabajo de Dalmacio Negro permite escapar de esa trampa porque obliga a distinguir. España puede ser una nación histórica sin haber sido un Estado nacional. Castilla puede haber desempeñado un papel fundamental en la construcción de España sin que España pueda reducirse a Castilla. Aragón, Navarra, Cataluña o Valencia pueden haber conservado instituciones propias sin que ello implique que fueran Estados nacionales separados. Y la Monarquía Hispánica puede haber constituido una unidad política real sin ser un Estado unitario.

Ésta es, en última instancia, la verdadera anomalía de España: España fue políticamente grande antes de ser estatalmente moderna. Porque fue imperio. Su unidad precedió a su estatalización. Su expansión universal precedió a la construcción del Estado nacional. Su identidad histórica sobrevivió a la ausencia de un Estado homogéneo. Y cuando finalmente construyó un Estado fuerte, lo hizo después de siglos de resistencia, cuando la sociedad española ya había desarrollado una relación peculiar con el poder central.

Por eso la historia de España no puede reducirse a la historia de la construcción de un Estado. Es, más bien, la historia de la tensión entre una nación histórica y las sucesivas formas políticas que han intentado organizarla. La Monarquía Católica, la monarquía borbónica, el Estado liberal, la Restauración, el Estado campamental franquista y el Estado autonómico son respuestas diferentes a una cuestión que nunca ha dejado de estar presente: cómo dar forma política a una comunidad histórica que nació antes de las categorías políticas modernas.

Y aquí se encuentra quizá la dimensión más fértil de la obra de Dalmacio Negro. Su pensamiento no obliga a idealizar la España anterior al Estado ni a demonizar automáticamente toda estatalización. Su propósito es comprender que el Estado es una forma histórica, no el destino natural de toda comunidad política. La historia de España demuestra que puede existir una poderosa unidad histórica sin una estatalidad homogénea y que las sociedades pueden conservar durante siglos ámbitos de autonomía que el Estado moderno tiende a absorber.

La anomalía española no consiste, por tanto, en que España haya sido incapaz de convertirse en un Estado. Consiste en que durante mucho tiempo no necesitó serlo para existir, para constituir una unidad política, para crear una cultura común, para desarrollar una conciencia histórica y para convertirse en una de las mayores potencias de la historia europea.

La estatalización acabó llegando. Pero llegó tarde, de manera conflictiva y sobre una sociedad que conservaba muchos rasgos de un orden político anterior. De ahí el tradicionalismo, el carlismo, el municipalismo y, en el extremo contrario, el anarquismo. De ahí también la dificultad del liberalismo español para consolidar un Estado nacional estable durante el siglo XIX y la importancia posterior del Estado campamental franquista y del Estado autonómico.

La historia española puede leerse, desde esta perspectiva, como el largo tránsito entre dos mundos: el de una sociedad histórica, plural y preestatal, y el de la estatalidad moderna. Pero lo verdaderamente español es que el primer mundo nunca desapareció por completo cuando apareció el segundo. La anomalía fue precisamente esa convivencia, durante siglos, entre la nación histórica y una estatalidad incompleta.

Quizá por eso España haya producido, con una intensidad difícil de encontrar en otros lugares de Europa, tanto defensores de la tradición contra el Estado como revolucionarios contra el Estado. Ambos fenómenos resultan difíciles de explicar si se parte de la premisa de que el Estado es la forma natural de la comunidad política. Dejan de serlo cuando se comprende que España llegó a la modernidad arrastrando una estructura histórica que nunca había sido plenamente estatal.

Y ésa es, en último término, la gran lección del pensamiento de Dalmacio Negro: para comprender España hay que dejar de preguntarse cuándo nació el Estado español y comenzar preguntándose por qué España pudo existir durante tantos siglos sin necesitar un Estado en el sentido moderno. La respuesta conduce directamente al corazón de nuestra historia: una nación histórica anterior al Estado, una Monarquía plural capaz de articular la diversidad sin homogeneizarla, una tradición jurídica que limitaba el poder, una sociedad con fuertes cuerpos intermedios y una concepción del orden político que no identificaba la unidad con la uniformidad. Cuando ese mundo comenzó a desaparecer, España tuvo que aprender a vivir bajo las categorías de la estatalidad moderna. Y quizá muchas de sus convulsiones políticas posteriores no sean sino las consecuencias, todavía visibles, de esa tardía y nunca completamente resuelta transformación.