La decisión del Ministerio de Cultura de dotar de autonomía al Teatro Real, confiriéndole el mismo estatus legal que el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional y el Centro de Arte Reina Sofía, responde a un viejo deseo del coliseo y a un plan estratégico basado en varios puntos, según informa El País: la consolidación como teatro de ópera de referencia, el impulso de la participación de la sociedad civil en la fundación, la promoción del teatro como espacio sostenible y la búsqueda de su modernización en todos los ámbitos.
La nueva ley permitirá mayor eficiencia y dinamismo en el desarrollo de sus actividades. Lo más destacable es la autonomía de la Fundación como «única forma de asegurar una estabilidad y profesionalidad del proyecto alejada de vaivenes políticos», reza el texto, una estabilidad que pasa por la continuidad del presidente del patronato y del equipo directivo.
En cuanto al personal, «no se considerará como tal a quienes integran el coro y la orquesta del Real. Quienes sí lo sean quedarán contratados por la dirección general en virtud de un proceso de selección en el que se atenderán principios de igualdad, mérito y capacidad...». La misma dirección que gestionará libremente los contratos de personal laboral, aunque «los de alta dirección corresponden al Patronato y la Comisión Ejecutiva».
Respecto a los recursos económicos se contemplan las partidas incluidas en los presupuestos que forman parte del patronato, los ingresos ordinarios y extraordinarios que procedan del ejercicio de su actividad, los ingresos por la explotación de los bienes propios o cedidos de su patrimonio o de patrocinadores. Y también se atribuye la posibilidad de creación o participación en sociedades de capital, cooperativas o fundaciones acordes con los propósitos de la Fundación.
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