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Belarra y Montero en la manifestación propalestina en La Vuelta

La presión de una manifestación con Belarra y Montero obliga a desviar La Vuelta en Cercedilla

La vigésima etapa de La Vuelta que se disputa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo ha sufrido un pequeño recorte en su recorrido, evitando el paso por la localidad de Cercedilla debido a la concentración de manifestantes propalestinos.

Los corredores que marchaban escapados evitaron el paso por Cercedilla, donde había instalado un esprint intermedio y la organización de la ronda española tomó la decisión de desviar la carrera hacia la localidad de Los Molinos para neutralizar cualquier tipo de altercado.

Los causantes de todo esto fueron unos 100 manifestantes, entre los que estaban Irene Montero y Ione Belarra, que entorpecieron la vigésima etapa de La Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta que obligó a parar a la caravana de vehículos de carrera y los corredores tuvieron que esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.

Primeras concentraciones de protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech en la subida al puerto de NavacerradaEFE

Sin embargo, el plan no salió como los manifestantes esperaban y la acción se pudo retomar sin problemas cuando faltaban 18 kilómetros para el final de la etapa, que se decidirá en la cumbre madrileña de La Bola del Mundo y en la que Vingegaard y Almeida se juegan el maillot rojo de La Vuelta.

En el momento de la interrupción, poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada, habían pasado los componentes de la escapada del día, pero los perseguidores se vieron obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

Al término de la etapa, la Delegación del Gobierno de Madrid informó que se había detenido a una persona acusada de atentar contra un agente de la autoridad durante las protestas.

La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que denunciará y emprenderá acciones legales para que los «actos violentos» que se han producido en la etapa «no vuelvan a repetirse» y que sus autores «sean castigados».