La Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño
Plan de Recuperación
El Gobierno no ve inconveniente en que la empresa del marido de Nadia Calviño opte a los fondos europeos que ella gestiona
El Grupo Popular pregunta por las posibles incompatibilidades entre los servicios digitales que ofrece la compañía donde trabaja el esposo y las ayudas que ofrece el Ministerio dirigido por su mujer
Los diputados del Grupo Parlamentario Popular Miguel Ángel Castellón, Víctor Píriz y Miguel Ángel Paniagua dirigieron el pasado 2 de febrero una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados para interesarse por la relación del marido de Nadia Calviño con la distribución de los fondos europeos.
Como recuerdan en la pregunta escrita, el marido de Nadia Calviño trabaja en una empresa de servicios digitales. Entre los servicios que ofrece se encuentra la «ayuda para solicitar el bono digital, ya que formaremos parte del programa Kit Digital como agente digitalizador», según se dice en su página web.
Los diputados preguntan «si el hecho de que un familiar directo de la vicepresidenta del Gobierno sea directivo de una empresa que entre sus servicios ofrece solicitar ayudas de fondos europeos al Ministerio que ella dirige puede arrojar dudas sobre la gestión de los fondos europeos».
La empresa del marido de Calviño ofrece servicios de Kit Digital, y este producto cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de los fondos europeos. Los diputados preguntan si todas las empresas tendrán la misma información para optar al programa en condiciones de igualdad; si la empresa en la que trabaja el marido de Nadia Calviño ha tenido algún tipo de información privilegiada sobre las convocatorias de fondos europeos en las que tiene previsto participar y ofrece sus servicios, y si el Gobierno tiene previsto apartar a la vicepresidenta del Gobierno de la gestión del Kit Digital que dirige la sociedad Red.es, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, si se confirma que la empresa de su marido forma parte del programa como agente digitalizador.
La respuesta del Gobierno
Tras recibir el Congreso las preguntas el 2 de febrero, el Gobierno ha contestado por escrito el 14 de marzo. Afirma que «España cuenta con herramientas jurídicas y orgánicas que garantizan que el ejercicio del alto cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas».
Indica que «las decisiones adoptadas por los altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cumplen escrupulosamente la normativa aplicable y, en particular, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, y la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado».
Como se puede comprobar, la respuesta es muy genérica, y no contesta a las cuestiones concretas.
