España no está preparada para la crisis en las pensiones que tenemos a la vuelta de la esquina

En este artículo y en los próximos voy a realizar junto a José Pedreira, Diego Navarro y Pedro Muñoz –colaboradores de CIDESE, Círculos de Debate sobre temas de Interés Socio-Económico– un análisis exhaustivo de la situación de las pensiones en España y la necesidad de abordarla en profundidad, con seriedad e involucrando a las empresas y a los trabajadores. Plantearemos soluciones disruptivas, explicaremos por qué antes del 2030 el sistema puede quebrar y le pediremos a los lectores que se movilicen y expliquen a los demás que la situación está casi en el punto de retorno del despegue de un avión: o reformamos el sistema o nos estrellamos.

Hoy empezamos con una introducción para que de alguna manera tomemos conciencia de que nosotros como individuos, o empezamos a ahorrar y a prepararnos para lo que se nos viene encima, o seremos los «pagadores» del «default» del sistema actual.

El encadenamiento de sucesivas crisis en nuestra sociedad – tres desde 2008– no nos puede hace olvidar la que tenemos en el horno desde hace décadas y ya va emitiendo aromas inconfundibles: la de nuestro sistema público de pensiones, que es estupendo, pero que no es sostenible, y hay que protegerlo en lo que podamos y generar una cultura de ahorro temprano para complementarlo.

Ríos de tinta e incontables minutos en medios audiovisuales; presencia frecuente en la calle y en los medios de airados manifestantes exigiendo mejores pensiones y apelando a la dignidad; reformas gubernamentales: vamos por la tercera en una década. No es suficiente: ahora ya es urgente informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad civil de los cambios que nos esperan en la praxis del ahorro para la vejez.

Partimos de un sistema público de pensiones extremadamente atractivo para el ciudadano: es obligatorio y no rescatable (evita el riesgo por falta de previsión); retiene una cantidad considerable de la renta laboral (alrededor de un 20 % hasta el tope máximo); históricamente ha generado una revalorización jugosa de lo ahorrado (el IPC más un 4 % aproximadamente de media anual); entrega una renta vitalicia con coberturas adicionales (viudedad e invalidez permanente); y tiene la garantía del Estado. Pocas inversiones, si es que hay alguna, consiguen esas rentabilidades sin riesgo alguno.

No es de extrañar que sistemas como éste –denominados de prestación definida– hayan sido adoptados masivamente en Europa y en otros países. Su Talón de Aquiles es que su propio diseño es intrínsecamente arriesgado y, por tanto, su gestión es compleja. No se invierte en activos financieros ni de ningún otro tipo. Se apuesta todo a un incremento constante de la productividad laboral y a que los llamados parámetros del sistema (que son los que determinan las cuantías de las pensiones) permitan un equilibrio continuado entre las cantidades ahorradas –cotizaciones– y el tiempo de vida de los pensionistas. Además, la gestión del sistema tiene que hacer frente a variaciones súbitas o graduales de la demografía de la población laboral.

En España, como en el resto de Europa, está gestión fue aparentemente sencilla en tiempos de crecimiento del número de cotizantes y de la productividad, y con esperanzas de vida tras la jubilación relativamente cortas. Estos tiempos ya pasaron hace décadas y todos los gobiernos han ido adaptando su gestión –es decir, el diseño de los sistemas– ante la evidencia de serios riesgos de desequilibrios financieros: lo que se denomina la sostenibilidad del sistema.

La mayoría de los gobiernos han tenido que reformar sus sistemas públicos de pensiones introduciendo controles o derivando hacia sistemas mixtos público/privados que ya no siguen los preceptos de prestación definida. ¿Y en España? No, en España no: los sucesivos gobiernos de nuestro país desde finales de la década de 1990 han sido reacios a reformar eficazmente nuestro sistema, siempre en complicidad con la oposición parlamentaria de turno y con el aval de unos Pactos de Toledo altamente cuestionables.

Como resultado, en 2019, año anterior al comienzo de la pandemia y ajeno a las maquinaciones del señor Putin, el déficit de caja de nuestro sistema público de pensiones (compuesto por las pensiones contributivas, incluido su complemento a mínimos, y las pensiones de clases pasivas) fue de más de 30.000 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado 2022 el déficit previsto es de más de 40.000 millones de euros. (Estas cifras no se publican nunca, vaya usted a saber por qué. Están extraídas de las cuentas de la Seguridad Social, de la Administración del Estado y del INE).

Por eso no es de extrañar que la Comisión Europea haya exigido una nueva reforma como condición previa a liberar uno de los tramos de los Fondos Next Generation que tanto necesita nuestro país. El proceso reformador en curso es harto singular: se van procesando y aprobando punto a punto un conjunto de nueve medidas que se remitieron a la Comisión en 2021 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir: se están tomando decisiones puntuales sin tener una visión ni un objetivo de conjunto. A la fecha ya se han aprobado 6 de esas medidas, y los tres restantes (Autónomos, Destope y ampliación de los años de cómputo de la Base Reguladora) avanzan en su elaboración con buena parte del resultado global final ya comprometido.

El resultado, más que probable, de esta nueva reforma es un paliativo insuficiente para el crecimiento estructural del déficit, para la previsible extensión de la esperanza de vida a partir de los 65 años y, mucho menos aún, para hacer frente al comienzo de la entrada en jubilación de los llamados baby-boomers, que se producirá dentro de unos seis años. Este colectivo de baby-boomers incluye hoy en día la mitad de los ocupados laborales del país y someterá al sistema de pensiones a una tensión financiera sin precedentes.

Claramente, una oportunidad perdida –que será ratificada sin problemas por la benévola Comisión Europea–, una patada hacia delante de los problemas financieros y una manifiesta injusticia para las dos siguientes generaciones de residentes en España. Cuando resulte absolutamente imprescindible una nueva reforma, previsiblemente antes de 2028, las medidas serán más duras y producirán una conmoción social que puede derivar en una nueva crisis financiera y política en España.

Un sistema público de pensiones es una conquista irrenunciable de nuestra sociedad que comenzó ya hace más de un siglo. Debemos protegerlo y exigir una gestión excepcional a nuestros gobernantes. Esta exigencia empieza con el reconocimiento de la imposibilidad de su sostenibilidad tras esta reforma tan insuficiente.

Desde hoy mismo, nuestra sociedad civil ha de saber en qué medida se van a modificar negativamente sus expectativas actuales de rentas por pensiones públicas y de la calidad de sus servicios públicos, ya que no habrá otra forma de poder hacer frente a déficits tan elevados como los que ya se pueden proyectar. Es por esto por lo que todos los ciudadanos, cada uno con sus condiciones particulares de edad y medios, tienen que ahorrar para su vejez, reconociendo que las pensiones que recibirán cuando lleguen a la edad de jubilación no serán tan generosas como las actuales.

Tenemos la obligación de exigir al Estado que facilite esos mecanismos de ahorro, ya sean a nivel individual o junto con las empresas o, mejor aún, en ambos ámbitos. A finales del año 2021, el patrimonio de todo lo ahorrado por los españoles en planes de pensiones personales o de empresa no llegaba al 2,5 % de los compromisos del sistema público de pensiones español. En resumen: la sociedad española no está preparada para la crisis del sistema público de pensiones que tenemos a la vuelta de la esquina.

Naturalmente, pedir a los ciudadanos que ahorren más tras esta serie encadenada de crisis pudiera parecer un canto al sol. Y, sin embargo, sí se puede. Aunque conlleve un esfuerzo y un desgaste político enorme, es fundamental transmitir a la ciudadanía que no debemos seguir gastando más de lo que producimos y que ha llegado el momento de ajustar nuestros niveles de vida a la realidad económica sin permitir que nadie se quede descolgado ni desamparado ahora que llegan años difíciles.