Madrid permitirá que los VTC y los taxis convivan con una nueva legislación
Sin reglamento
La herencia de Ábalos con los VTC deja en el aire 60.000 puestos de trabajo
Madrid apuesta por la convivencia mientras que Barcelona ha legislado para asfixiar al VTC
El Gobierno de hace cuatro años se sigue enfangando en sus propios problemas cuatro años después. José Luis Ábalos, anterior ministro de Transportes hasta que su oscura vida lo quitó del camino de Sánchez, pegó una patada hacia adelante con lo que se conoció como decreto Ábalos.
Cuatro años
Como nadie se quería manchar las manos con la guerra despiadada entre los taxistas y los conductores con licencia VTC, se aprobó una normativa que daba un plazo de cuatro años a esas empresas para seguir operando. Una vez pasado ese tiempo, perderán su derecho al transporte urbano si así se lo comunican los municipios.
Esa segunda licencia para seguir circulando solo la han conseguido las empresas que operan Madrid y Barcelona. El resto de las comunidades autónomas vivirá desde el próximo 1 de octubre en un limbo legislativo.
Madrid apuesta por la convivencia del taxi y el VTC aunque los taxistas prometen dar guerra. En el caso de Barcelona, el truco de Ada Colau es asfixiar al VTC hasta su desaparición con limites en las medidas del vehículo, etiquetas ECO o un seguro de responsabilidad civil que cubra daños por valor de 50 millones de euros que no se exige al taxi.
Prórroga
Hay conductores que se acogerán a una prórroga de dos años si demuestran que en estos cuatro años no han podido recuperar el gasto. El resto deberá detener sus vehículos o España volverá a sufrir un enfrentamiento entre taxistas y VTC como el de hace años.
El problema es que casi 16.000 conductores ya comenzaron el procedimiento y lo hicieron, tal y como dicta la ley, uno por uno colapsando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La ministra Raquel Sánchez intentó desviar el problema heredado de su antecesor contratando a la sociedad pública Ineco para que diese carpetazo a las denuncias.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula esta contratación y exigió a los funcionarios del Ministerio que se hicieran cargo de las denuncias. Caso por caso.
Hay más de 60.000 empleos en peligro porque un día el ministro Ábalos decidió no enfrentarse a un problema. El parche ya se ha caído y ahora la patata caliente está en manos de las comunidades autónomas que, una vez más, volverán a limpiar los restos que deja el Gobierno.
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