La pesca fiscal de fortunas
La degeneración de la competencia fiscal entre regiones en una nueva pugna entre territorios es un ejemplo más de que el sistema autonómico actual no resuelve derechos principales
«Pescar a ricos» es para el Gobierno vasco lo que sus homólogos andaluces o madrileños pretenden hacer bonificando la totalidad del Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas. Retener a ricos es lo que el Gobierno vasco hizo o quiso hacer cuando, en los años noventa, aprobó unas bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades con las que pretendían evitar la fuga de empresas y empresarios amenazados por ETA.
Salvo en las tres provincias vascas o en Navarra, en ningún otro lugar de España se disfruta de unos privilegios fiscales tan absolutos. Unos privilegios que no vienen principalmente por la capacidad normativa sobre los impuestos sino, y esto es lo esencial, porque son las haciendas forales las que los recaudan y luego gozan del privilegio de aportar a la caja común española sólo unas migajas negociadas periódicamente desde el chantaje político. Aquí radica la lacerante desigualdad del privilegio foral.
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea acabó sentenciando en contra de los incentivos fiscales vascos aprobados en 1994. También contra las ayudas fiscales concedidas por la Diputación de Álava en 1996 y 1997 a las empresas Daewoo y Ramondín al considerarlas incompatibles con las reglas comunitarias de la libre competencia. Lo que no logró la justicia europea fue evitar lo que acabó publicando en 2020 el profesor italiano Luca Salvadori en la revista Regional Studies. Lo que probó este economista italiano afincado entonces en Barcelona fue ni más ni menos que las haciendas forales vascas y navarras decidieron no revisar las declaraciones de las empresas amenazadas por ETA. Tampoco de sus propietarios. Permitir el fraude fue la vía para compensar los pagos por extorsión a la banda criminal. Hasta comienzos del siglo XXI hubo contribuyentes vascos cuyas declaraciones de impuestos se mantenían secretas para que sus datos no acabasen filtrándose a ETA por los funcionarios chivatos.
Los políticos vascos se defendían argumentando que la competencia fiscal no era una mala práctica pero lo que sí era repugnante era que las autoridades riojanas animasen a los empresarios vascos a mover sus plantas y su residencia a la región vecina para poner distancia con los pistoleros y con su señalamiento público. En definitiva, los incentivos fiscales o el fraude fiscal tolerado eran sólo paños calientes para un problema, el terrorismo, que no se solucionaba de esa forma.
El presidente de Andalucía también apeló en estos días al miedo para motivar a las grandes fortunas catalanas a fijar su residencia fiscal en Andalucía, esto es, a acreditar que pasaban en el sur de España al menos 183 días al año. A cambio les ofrece la misma ventaja fiscal de Madrid –la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio– y otra añadida, que Andalucía no se iba a independizar nunca de España.
Igual que las ventajas fiscales vascas o la propuesta riojana no acaban con el terrorismo –sólo buscaban captar o mantener a contribuyentes ricos–, el Decreto Ley 7/2022 de la Junta de Andalucía no cuestiona el problema del independentismo catalán; busca principalmente beneficiarse del hartazgo de quienes no soportan la violencia soft del secesionismo. La violencia del apreteu.
Comentario aparte merecen las otras dos rebajas fiscales del gobierno andaluz; la minúscula deflactación de los tres primeros tramos autonómicos del IRPF en un 4,3 % y la eliminación transitoria del pago del canón del agua. Lo dejamos por razón de espacio para otra ocasión.
La competencia fiscal en el sistema de financiación autonómico no fue diseñada para beneficiarse del miedo a las bombas con Goma 2 o al señalamiento etnolingüísta del secesionismo catalán. Era una opción para que las regiones más prósperas o con mejor gestión premiasen a sus contribuyentes con menores impuestos, pero también para que las más partidarias del asistencialismo público los subieran. Uno de los debates de fondo que está detrás de la competencia fiscal es elegir a quién corresponde liderar la prosperidad de una sociedad: ¿al estado «educador» que necesita fondos y es reacio a las bajadas de impuestos? ¿Al sector privado que invoca su libertad para elegir pero que cuando aparece una crisis sanitaria o de fronteras apela a la protección del estado? Todos estos debates, como el intervencionismo o el desarraigo que causa la violencia, se orillan cuando se trata de «pescar a ricos contribuyentes» para facilitar una rebaja fiscal.
La degeneración de la competencia fiscal entre regiones en una nueva pugna entre territorios es un ejemplo más de que el sistema autonómico actual no resuelve derechos principales como el esfuerzo fiscal similar, el acceso a servicios públicos de igual calidad y cobertura o el derecho a recibir pacíficamente educación en la lengua común del estado, del resto de la hispanosfera y de decenas de millones de personas a lo largo y ancho del Planeta.
- Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino
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