El supervisor europeo se manifestó en contra de la proposición de ley que en la actualidad se tramita en el Congreso
El Gobierno desafía al BCE y rechaza la posibilidad de que el impuesto a la banca se repercuta a los clientes
Félix Bolaños ha reaccionado al duro dictamen del supervisor europeo: «Si eso ocurriera, acabarían pagando los de siempre»
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El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha reaccionado al duro dictamen del BCE en relación al impuesto a la banca que pretende impulsar el Gobierno, asegurando que el Ejecutivo rechaza la posibilidad de que dicho tributo «se repercuta a los clientes porque en ese caso, acabarían pagando los de siempre».
El supervisor europeo se manifestó en contra de la proposición de ley que en la actualidad se tramita en el Congreso con el fin de aprobar los impuestos temporales a la banca y a las grandes energéticas.
Si bien el dictamen de la institución que preside Christine Lagarde no es vinculante, sí tiene la influencia suficiente para afectar de una manera u otra a los grandes inversores. Sin embargo, la opinión del Ejecutivo socialista es otra. «Es un informe que vamos a estudiar con todo detalle, y vamos a ver en qué medida se podría mejorar el diseño del impuesto que hemos hecho», concedió el ministro en TVE.
Bolaños ha reiterado que la posición del Gobierno es sacar adelante ese impuesto para que las grandes energéticas y las grandes entidades financieras «colaboren a sufragar» el coste de las medidas implementadas para paliar los efectos de la elevada inflación y de la guerra de Ucrania en la sociedad española.
Por ello, recordó que «no queremos que se repercuta en el cliente porque si no, finalmente, acabarían pagando otra vez los de siempre. Lo que queremos es que durante un tiempo corto se grave a las grandes energéticas y entidades a consecuencia de los beneficios extraordinarios que están teniendo».
Contudente dictamen del BCE
De aprobarse en la Cámara Baja, la medida debería entrar en vigor en 2023, pero este jueves recibía la oposición del BCE, que emitió un juicio a modo de respuesta al Congreso de los Diputados. Así, el supervisor europeo cuestiona abiertamente este nuevo tributo al entender que puede provocar «efectos contraproducentes» sobre la estabilidad financiera y el crecimiento económico del país.
El dictamen, que venía firmado por la presidenta Christine Lagarde, hace una serie de advertencias en contra al plan que propusieron PSOE y Unidas Podemos al entender que esta propuesta legislativa «debe ir acompañada por un análisis exhaustivo» de posibles consecuencias perjudiciales para el sector bancario.
En este sentido, el Banco Central Europeo recuerdaba a Pedro Sánchez que «la materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores».
Esto provocaría que «el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado».
El supervisor concluye que «esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos»
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