Los excesos de AENA con las tiendas de Barajas llegan a la Audiencia Nacional

Los locales comerciales del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid son un lujoso lugar de tránsito. No es difícil desayunar por 18 euros un bollo, un café y un zumo o comerse un bocadillo y beberse una Coca-Cola por 15 euros. Incluso encontrar botellas de agua a 3,95 euros, quejarse en Twitter y que la cuenta oficial de AENA te mande a beber agua a unas supuestas fuentes gratuitas.

Los precios de las tiendas son prohibitivos, mucho más altos que los habituales en cualquier otro espacio fuera de allí, y eso ha provocado que muchas quieran cerrar, aunque los leoninos contratos se lo impidan.

Denuncia

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos, Puertos y Estaciones (AEOCAPE) contra el concurso para renovar los restaurantes del aeropuerto de Madrid Barajas, cuyo importe se eleva a 1.500 millones de euros.

El pasado 8 de septiembre Aena abrió el concurso para renovar la oferta de restauración del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en contratos valorados en más de 1.500 millones de euros, que ocuparán una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en 55 locales en las terminales T123, T4 y T4S, y en principio está previsto que empiecen a dar servicio a partir de mayo de 2023.

Subastas electrónicas

El recurso que fue admitido a trámite se dirige contra los pliegos del concurso, que en opinión de AEOCAPE no se ajustan a la normativa del contrato de concesión de servicios.

Asimismo, detecta «posibles indicios de ilegalidad», al incluir subastas electrónicas, que según la Asociación están expresamente prohibidas por la normativa europea.

Desde esta asociación recuerdan que desde octubre de 2021 Aena había suprimido la subasta electrónica en sus contratos de operadores comerciales, pero ahora vuelve a reintroducir este «polémico e irresponsable sistema», que ya ha puesto en peligro servicios críticos para los aeropuertos y sus usuarios como la seguridad, la limpieza o, incluso, los controladores aéreos.

También se introducen en los pliegos una serie de normas de incompatibilidad entre expedientes que pueden llevar a que la mejor oferta económica no gane el concurso, y provocar que el licitador sea adjudicatario de más de un lote tenga que pujar un 5 %, 10 % o 15 % más de renta que la segunda mejor oferta, señalan.

El Tribunal Supremo, en sentencia de marzo de 2021, estableció que los contratos de restauración en el ámbito aeroportuario son concesiones, y no podía acudirse a la subasta electrónica, destacan desde AEOCAPE.

Hamburgueserías

El concurso se divide en 21 lotes, de los que 4 son de hamburgueserías; 9, de multilocales dedicados a diferentes conceptos y 8, de un solo local cada uno.

Barajas cuenta en la actualidad con 59 espacios dedicados a la restauración y los contratos de 51 de ellos finalizan próximamente, por lo que salen ahora a licitación y se añaden otros cuatro locales más hasta sumar los 55 que engloba el concurso.

La duración de los contratos es de ocho años, a excepción de tres contratos de la T4S que son seis años.

Ábalos y la pandemia

El exministro José Luis Ábalos dejó también su sello en la gestión de AENA y los alquileres a los locales comerciales en tiempos de pandemia.

De sus reuniones fuera de foco con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela en la pista del aeropuerto madrileño, a incumplir su promesa de no cobrar el alquiler en los cierres durante el confinamiento.

Todo aquello desembocó en demandas millonarias por quiebras masivas y despidos. AENA cobra una renta variable entre el 30 % y el 40 % por las ventas, pero si no hay un mínimo tiene garantizados unos ingresos de 800 millones en 2020 y 748 en 2021. Su propuesta fue liberarles del alquiler los primeros tres meses y una rebaja de la renta mínima del 50 % hasta septiembre de 2021 que casi ningún negocio aceptó.

Todo aquello se resolvió con casi 200 millones de ingresos durante el estado de alarma gracias a las rentas mínimas de los locales. Ábalos había anunciado el 24 de marzo y, posteriormente, el 27 de abril en la Comisión de Transportes una «excepción del pago» que nunca cumplió.