José María Rotellar

Unos presupuestos para un final de legislatura de gasto desmedido

Son unas cuentas públicas dañinas para la economía, con un cuadro macroeconómico desfasado y un nivel de gasto estratosférico

El Congreso ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que pasan ahora al Senado, donde tiene asegurada su aprobación con la misma mayoría que en el Congreso, que es la que aupó a Sánchez a la presidencia del Gobierno en la moción de censura de mayo de 2018, es decir, la extrema izquierda podemita comunista, los independentistas –algunos de ellos, condenados por sedición, cuya pena rebaja ahora el Gobierno como pago a los votos de los presupuestos– y el antiguo brazo político de la banda terrorista y asesina ETA, con Otegui negociando con el Gobierno Dios sabe qué cosas a cambio del apoyo batasuno a las cuentas.

Son unos presupuestos, como dijimos en su día, dañinos para la economía, con un cuadro macroeconómico desfasado desde que se presentó –al día siguiente fue enmendado por el Banco de España– y con un nivel de gasto estratosférico. Sólo se puede concluir que dichas cuentas suponen una completa irresponsabilidad e insensatez. Previsiones inalcanzables y gasto desmedido, del que el Gobierno se vanagloria al aprobar el mayor techo de gasto de la historia, cuando eso sólo debería ser una señal de preocupación por la inestabilidad que generará en el medio y largo plazo. Así, pese a la supuesta reducción del déficit, su parte estructural se incrementa. De hecho, la tensión en el gasto es tal que pese al incremento adicional de recaudación derivado de la inflación no consigue hacer descender claramente el déficit total, con riesgo de que repunte en 2023.

A toda esa insensatez se añade el incremento cuasi confiscatorio de los impuestos, con figuras controvertidas, que probablemente serán anuladas por su dudosa constitucionalidad y/o por invasión de competencias.

Todo ello en un entorno en el que la tasa de paro que estima el propio Ejecutivo se mantiene en niveles muy altos, pese a que el dinero público de los ERTE impidió que la destrucción de empleo fuese intensa, pero que está prendido con alfileres, de manera que cualquier nueva turbulencia puede desatar una ola de despidos.

En resumen, un techo que consolida un gasto estructural desmedido, con una Seguridad Social con crecientes números rojos –pese a la transferencia desde la Administración General del Estado–, un déficit gigante, con especial preocupación en su parte estructural, y unas previsiones optimistas. En lugar de este acto de autocomplacencia y abultados gasto, déficit y deuda, el Gobierno debería emprender reformas estructurales, pero no hay nada de eso. Sólo contamos con el mal presagio de lo que será el resto de legislatura, donde Sánchez empleará todos los recursos para tratar de retener la presidencia del Gobierno. Si en febrero de 2019, en pocas semanas, gastó cerca de 10.000 millones en lo que llamó viernes sociales y que la oposición tildó de viernes electorales, qué no puede gastar en todo un año que resta hasta las elecciones generales, con las municipales y autonómicas de por medio.

Aprueba, así, unos presupuestos del gasto, cuando no podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo, pero el Gobierno va por otro camino, el de la ruina de España.