Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria.
Gobierno y sindicatos, a la gresca con la nueva ley de funcionarios
Discrepan de que se les mida en función de su desempeño
La aprobación en primera vuelta del anteproyecto de Ley de Función Pública ha provocado reacciones diversas: desde los inspectores de Hacienda, que han aplaudido en parte la reforma, a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que han mostrado fuertes discrepancias.
Según dice el texto del anteproyecto, la nueva norma «impulsará la implantación de un modelo de recursos humanos público basado en las competencias, y que favorecerá la atracción y retención del talento, con el que se pretende dotar a la Administración de un marco normativo que permita dar respuesta a los actuales retos de la sociedad, reforzando el papel del liderazgo renovador de la Administración del Estado».
Entre las cuestiones que incluye el anteproyecto está que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan la evaluación por desempeño. A los sindicatos les parece «gravísimo», según indican desde UGT y CCOO. La secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, argumenta que la decisión «puede ser bastante subjetiva», y que no se ha negociado con ellos.
El sindicato mayoritario entre los funcionarios, CSIF, tampoco está obviamente de acuerdo: «De entrada rechazamos que el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo», afirman. Exigen la participación de los sindicatos «para establecer los criterios y las debidas garantías que permitan valorar y determinar la labor de los empleados públicos desde el punto de vista de la promoción, las retribuciones y las consecuencias derivadas».
CSIF considera que el Gobierno ha fallado en tiempo y forma. En tiempo porque se trata de una Ley pendiente desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público, y el Ejecutivo lo ha aprobado en el último minuto por exigencia de la Unión Europea como condición para acceder a los fondos del Plan de Recuperación. Hay que recordar que el Gobierno ha mantenido paralizada la negociación durante todo el año 2022.
Por otra parte, estiman que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros es muy mejorable desde el punto de vista técnico, por lo que CSIF presentará alegaciones en la negociación, el trámite de audiencia pública y llegado el caso, en el trámite parlamentario.
Los inspectores de Hacienda, a favor, en parte
La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha aplaudido que se extienda la evaluación por desempeño de los funcionarios al modelo general de empleo público, y ha recordado que esta medida se aplica «desde hace años» y «con éxito» en la Agencia Tributaria.
El texto del anteproyecto introduce la regulación de la carrera profesional horizontal. Para el Gobierno esto es una «novedad» en el empleo público, aunque los inspectores de Hacienda recuerdan que la Agencia Tributaria sigue este modelo desde 2007, si bien la crisis financiera congeló su desarrollo.
«Aplaudimos que ahora se implante para toda la Administración General del Estado, a la vez que esperamos que se desbloquee en la Agencia Tributaria», ha señalado la organización. Califican como «apropiados» los nuevos complementos salariales que recoge el anteproyecto de ley, y reclaman que su desarrollo normativo «garantice su objetividad, transparencia e igualdad de acceso».
En cuanto a la figura del directivo público profesional, contemplada también en el documento aprobado en primera lectura en el Consejo de Ministros, los inspectores de Hacienda han mostrado sus recelos. Anticipan que permitiría utilizar los contratos de alta dirección para fichar a otras personas y «abrir la puerta a la extensión del componente político en la Administración».
«Es un gravísimo error, ya que los intereses públicos deben estar defendidos por funcionarios públicos, obligados por el mandato constitucional de servir con objetividad los intereses generales y sometidos a un estatuto y a los principios de mérito y capacidad en el acceso a su puesto», ha denunciado la IHE.
Los inspectores de Hacienda también han presentado algunas objeciones a las pruebas de acceso a la Función Pública y han cuestionado los nuevos modelos de pruebas, entre los que se plantean exámenes tipo test o eliminación de exámenes en otros casos, así como introducción de entrevistas, o la valoración subjetiva del trabajo desarrollado y minusvalorar la memoria.
Para la IHE, esto vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los inspectores han advertido de que los criterios previstos en el anteproyecto pueden ser difíciles de compatibilizar con el principio de igualdad.
Problemas con el teletrabajo y otros aspectos
CSIF lamenta también las generalidades en torno al teletrabajo recogidas en el anteproyecto, «dado que no se hace referencia al Real Decreto que lo debe desarrollar, procedimientos y objetivos, además de que lleva más de año y medio de retraso. De hecho, CSIF ha presentado una reclamación administrativa para que el Gobierno desarrolle de una vez esta modalidad de trabajo».
Por otro lado indican que el anteproyecto tampoco recoge la reivindicación de CSIF para promover el acceso al grupo B a personal del C1 que ya realiza estas funciones y cumple los requisitos.
Elisa Fernández, de CCOO, estima que «el documento en una primera vista vemos que es manifiestamente mejorable. Omite muchas de las expectativas tangibles y concretas que han venido exigiendo los empleados públicos». Fernández ha apuntado que el anteproyecto ha llegado al Consejo de Ministros «con prisas y sin la necesaria negociación colectiva».
UGT cree que el texto es «demasiado básico», carece de «una de conexión e incidencia directa sobre empleados públicos» y prioriza «los mecanismos organizativos del personal sobre sus condiciones de trabajo». Desde el sindicato reconocen que esperaban un anteproyecto que recopilara «todo el derecho disperso que hay en toda la Administración».
CCOO ha advertido, además, de que la nueva ley «no puede contener ninguna restricción de los derechos ya adquiridos y consolidados de la AGE».
CCOO y UGT denuncian que el texto omite materias esenciales como el Código ético de conducta, las vacaciones y los días de libre disposición, la incidencia de la digitalización en las condiciones de trabajo, las incompatibilidades, la discrecionalidad sobre los nombramientos o la remisión al desarrollo de cuestiones en posteriores reglamentos.
Los sindicatos confían en que el texto del anteproyecto se someta a una «revisión bastante amplia» en el diálogo social y la negociación colectiva.
Los avances en la carrera horizontal
CCOO y UGT reconocen que el anteproyecto de ley de la Función Pública también recoge algunos aspectos positivos, como la regulación de la carrera horizontal.
«Por fin se va a reconocer o, por lo menos, se va a poner la semilla para el desarrollo de la carrera horizontal del personal de la AGE. Esta ansiada carrera precisará de un desarrollo reglamentario posterior. (...) Nuestros empleados públicos van a poder visualizar con claridad los beneficios que les puede reportar este nuevo sistema de progresión», ha manifestado Fernández, de CCOO.
Esta carrera horizontal llevará aparejado un nuevo complemento retributivo «de carrera», en función de la evaluación del desempeño y que precisará de un desarrollo reglamentario posterior.
El anteproyecto también recoge un complemento por «desempeño», que para Álvarez no es nuevo, sino una evolución del anterior complemento de productividad.
El responsable de UGT ha recordado que ha habido «muchos problemas» con ese complemento y espera que «este cambio de nombre y de reglamento» acabe con esos inconvenientes. Además, exige también que se recuperen las pagas completas, afectadas por los recortes de 2010.
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