La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Montero niega a Vox que Hacienda se lleve el 50 % de los salarios: estos son los datos que la contradicen
«No hay ningún salario en este país, por alto que sea, que pague el 50 % del salario en impuestos». Así ha respondido la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, en el pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles, al secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, después de que acusase a Hacienda de quedarse con la mitad del sueldo de cada «españolito de a pie». A renglón seguido, Montero ha reiterado el argumento de que la presión fiscal en España está cuatro puntos por debajo del promedio de la Unión Europea y ha asegurado que el Ejecutivo ha bajado los impuestos a la clase media y la clase trabajadora.
No es la primera vez que la ministra de Hacienda utiliza este argumentario para defenderse de las criticas de los partidos de la oposición. Unas declaraciones que chocan con numerosos estudios y los propios datos de recaudación tributaria.
El Impuesto sobre la Renta (IRPF), las cotizaciones sociales, tanto las que paga la empresa como el asalariado, sumado a otros impuestos al consumo como es el IVA, se llevan casi la mitad –concretamente un 47,8 %– del sueldo de los trabajadores, cuatro puntos más que en 2023. Así lo refleja el Impuestómetro 2025 realizado por el Instituto Juan de Mariana.
El Ejecutivo ha hecho caja de casi un centenar de subidas de impuestos que la ministra de Hacienda siempre niega. Según la institución que dirige Manuel Llamas, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, en España se han aprobado 94 subidas de impuestos y cotizaciones. Solamente de cara a 2025, se han puesto encima de la mesa 46 medidas recaudatorias, de las cuales han terminado prosperando 13 modificaciones.
Entre esos incrementos impositivos se encuentra la tasa de basuras, que obliga a los municipios que habían eliminado este tributo a reactivarlo, y aquellos que ya lo aplicaban han revisado al alza su cuantía para garantizar que el ingreso cubre el coste real del servicio. Se estima que el impacto recaudatorio superará los 3.800 millones.
Además, se ha creado un nuevo gravamen aplicado a las entidades financieras; un nuevo impuesto mínimo global complementario; tres incrementos del Impuesto de Sociedades; la nueva subida de las cotizaciones sociales, a raíz de la aplicación del llamado «Mecanismo de Equidad Intergeneracional»; y modificaciones en los valores de referencia de la Plusvalía Municipal, con subidas de entre el 20 % y el 50 % para inmuebles adquiridos entre 2004 y 2008.
A estas subidas de impuesto, se les suma las 11 medidas recaudatorias que se adoptaron en 2019, seguidas de 12 en 2020; 20 en 2021; 10 en 2022; 17 en 2023; y 11 en 2024.
En términos netos, y descontando el impacto puntual de algunas rebajas cuyo impacto fue solamente temporal y limitado, el organismo constata un incremento de casi 42.000 millones de euros durante los mandatos de Sánchez. Así esa carga adicional generada con las subidas de impuestos y cotizaciones entre 2019 y 2024 equivalen a 2.200 euros por hogar.
Subida encubierta
Cuando la vicepresidenta primera habla de una bajada de los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora, indirectamente se refiere a la rebaja del IVA de alimentos básicos al 0 %, así como la rebaja del de la electricidad del 21 % al 5 %. Según cálculos de Hacienda estas ayudas han tenido un impacto superior a los 30.000 millones de euros.
Pero a comienzos de año, los descuentos aplicados desde el 1 de enero de 2023 por la crisis inflacionaria tras la invasión de Ucrania han pasado a la historia. El IVA ha subido del 2 % al 4 % en el caso del pan, a leche, el aceite de oliva, las verduras, las frutas y las legumbres. Y del 7,5 % al 10 % para la pasta o los aceites de girasol y de soja. Además, la electricidad ha vuelto al 21 %.
Estas rebajas no han evitado una subida encubierta de los impuestos, por no deflactar el IRPF. Según cálculos del Instituto Juan de Mariana, la llamada «progresividad en frío» le quita a los españoles 27.000 millones de euros, o lo que es lo mismo 563 por persona.