Breve historia del agujero energético español: de Maastricht al 'impuesto al sol'

La relación de España con la energía es un problema que ocupa muchos años de democracia. Una vez que el país entró en la Unión Europea y con reconocimientos mundiales de que era una democracia plena y confiable como el Mundial de fútbol, la Expo de Sevilla y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de 1992, tocaba hacer los deberes económicos para entrar en el carril de las grandes potencias de Europa.

Maastricht

Los españoles han ido acumulando una deuda con las empresas energéticas entre el año 2000 y el año 2013 que, entre ingresos y costes, superó los 40.300 millones de euros. Ahora, en 2023 esa deuda sigue, pero entra en juego el riego de subvenciones a las renovables que no ha hecho más que agrandar la deuda y que provocó una oleada de denuncias a España que la han llevado al default.

Para entender la extraña relación de España con la factura de la luz hay que remontarse a la entrada en el euro y a los ajustes que tuvo que realizar el Gobierno de José María Aznar. Los criterios de Maastricht exigían una inflación del 2 % mientras que España vivía una situación parecida a la de ahora con el encarecimiento de las materias primas, la subida de los alimentos frescos y del precio de la hostelería que la llevaban al 4 %.

Embridar la inflación fue tendencia en aquellos años en los que no existía Twitter, pero ese término hípico se utilizó para explicar que la solución para dominar la inflación se haría por medio de la factura de la luz. La solución fue permitir que no se pagara a las eléctricas todo lo que costaba el suministro y que el desfase se apuntara en la hoja de deudas.

Zapatero

A cambio de entrar en el euro, España inflaba una deuda a largo plazo que tuvo la mala suerte de encontrarse con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su tendencia al populismo, aunque de una manera más discreta que el resto de los partidos de izquierda y extrema izquierda que han gobernado España después.

Zapatero no corrigió esa deuda que los consumidores ya empezaban a pagar en un recibo de la luz que tenía unos sobrecostes de casi el 20 %. El déficit de tarifa se descontroló hasta los casi 30.000 millones de euros y Zapatero huyó hacia adelante. Abrió la brecha con incentivos a las energías verdes que terminaron de cebar el problema.

Estas retribuciones garantizadas a las empresas renovables que llegaran a España hicieron que se dispararan los costes de las nuevas instalaciones construidas para acogerse a unas ayudas suculentas que nunca llegaron. El propio Zapatero reconoció años después la burbuja de renovables que impulsó su Gobierno.

Impuesto al sol

Ya con Mariano Rajoy, el llamado impuesto al sol frenaba de una manera abrupta los incentivos a las renovables. El objetivo era detener la sangría que no supo parar Zapatero a cambio de un impuesto que garantizaba sostenibilidad eléctrica. Los recortes fueron durísimos y muchos particulares y empresas internacionales que habían invertido en España vieron cómo les cambiaban las reglas de juego en mitad del partido.

Subidas de impuestos que propiciaron superávits desde 2014 y una hucha de más de 1.500 millones de euros a cambio de generar una imagen no muy buena para España y que muchos particulares con granjas solares se arruinaran. Desde fuera no se comprendía que en el país europeo que tiene más horas de sol, se implantara una tasa para no poder explotarlo y convertirlo en energía.

En 2023 llegan las derivadas de todo este proceso que comenzó con los criterios de Maastricht, siguió con subvenciones dispares a las renovables, el impuesto al sol para evitar una hemorragia mayor y ahora con sentencias internacionales. España está obligada a devolver millones de euros a empresas renovables que se sintieron atraídas por las subvenciones. Las que quieren ya su dinero, como es el caso de Blasket Renewable Investment, han llevado al Estado a caer en el impago técnico o default.