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28 de abril de 2024

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en un acto reciente.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en un acto reciente.Joaquin Corchero - Europa Press

Juan Bravo (PP): «El Gobierno busca el conflicto incorporando trabajadores a los consejos de administración»

Resalta también que nada del impuesto a la banca ha llegado a las familias, como se había anunciado

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha afirmado en el Canal 24 horas de TVE que el Gobierno «busca el conflicto con su iniciativa de incorporar a los trabajadores a los consejos de administración de las empresas». En este sentido ha indicado que «las empresas son la suma de sus trabajadores», y que en los consejos de administración se sientan quienes «tienen responsabilidad directa sobre los resultados de la empresa».
Por otra parte, Bravo ha hablado del impuesto a la banca: «Se dijo que era para ayudar a las familias hipotecadas, pero, de los 1.500 millones de euros recaudados, a las familias han llegado 0 euros».
El vicesecretario de Economía del PP ha recordado, por otra parte, que el porcentaje de españoles que se considera pobre ha subido en catorce puntos desde el año 2019, como refleja el CIS. Al mismo tiempo, quienes se sitúan a sí mismos en la clase media han descendido del 65 % al 55 %.
Bravo ha lamentado que en España haya 3,3 millones de personas «que no tienen posibilidad de trabajar y un millón de puestos que no se cubren». Ha advertido de que la inseguridad jurídica existente en materia laboral «hace imposible la inversión», y ha recordado que «sin inversión no habrá empleo y se ponen en riesgo los servicios públicos».
Sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral, ha indicado que deben decidirlo trabajadores y empleados. Afirma que nadie puede estar en contra de que se reduzca la jornada laboral y el sueldo no se pierda, pero pide al Ejecutivo que sume su esfuerzo al de los trabajadores y empresarios y rebaje cotizaciones sociales e IRPF.
Ha afirmado que si el PP no hubiera exigido al Gobierno aplicar la exención del IRPF a la subida del salario mínimo interprofesional, el Estado se habría quedado el 44 % de esa recaudación, problema extensible a las pensiones y los pensionistas.
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