Teresa Ribera defiende en teoría las renovables en España, pero en Europa parece no ver problemas con la nuclear.
El Gobierno no ve contradicción entre defender la energía nuclear en Europa y perseguirla en España
De este modo se ganó a Francia, que a cambio apoyó la llegada de Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones
El Gobierno ha defendido la energía nuclear en Europa como tecnología Net Zero (cero emisiones) durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, pero insiste en que «no tiene previsto replantearse el calendario de cierre programado de las centrales nucleares actualmente en explotación» en España, según ha señalado en una reciente respuesta parlamentaria.
Además, el Ejecutivo no ve «contradicción alguna» entre la existencia del calendario al que se refiere la pregunta y el hecho de que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear pueda presidir el Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG), ya que sus funciones serán asesorar y asistir a esta en el establecimiento de normas europeas sobre seguridad de las instalaciones nucleares, entre otras funciones.
Ante la pregunta de los diputados del PP Juan Bravo, Guillermo Mariscal y Juan Diego Requena sobre si puede existir una contradicción y una falta de certidumbre para la política energética española defender posiciones de cierre nuclear en España y votar favorablemente en Europa a la energía nuclear, el Gobierno responde, de forma escueta, que «no existe contradicción alguna». Afirman que cada Estado miembro decide su combinación de energías en su propio suministro energético y, por ello, en el PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), se contempla en España el cierre ordenado de las centrales españolas tras «el consenso alcanzado entre los diferentes actores implicados».
El Gobierno da la espalda a la nuclear en España y la fomenta en Bruselas
El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, continúa poniendo coto a la producción de energía nuclear en el país. Prueba de ello fue la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2023.
Mediante este Plan, que fija actividades para el periodo 2024-2100, ratifica el escenario de cierre de la estructura nuclear española para 2027-2035, rango temporal contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023.
La defensa de la energía nuclear liderada por dos socialistas españoles ha sido muy criticada por el eurodiputado alemán del Partido Verde, Michael Bloss
Con el claro objetivo de acelerar este proceso, el Ministerio de Transición Ecológica está preparando la subida de la tasa mediante la cual se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), conocida coloquialmente como Tasa Enresa. Con esta subida en la prestación patrimonial de la tasa, valorada en un 40 %, el Gobierno pretendería forzar a las empresas gestoras de las plantas existentes a un cierre preventivo de las mismas por motivo de su inviabilidad económica.
Paradójicamente, la actitud beligerante del Gobierno con la energía nuclear entra en contradicción con sus acciones durante el último semestre, coincidiendo con la presidencia de turno del Consejo de la UE por parte de España.
Durante dicha presidencia, de acuerdo con la Oficina del Parlamento Europeo en España, se han tramitado un total de 71 documentos de carácter legislativo. Otros, pese a no ser adoptados bajo mandato español, han sido encarrilados en la fase de diálogos interinstitucionales -los llamados trílogos- por parte de los negociadores españoles en el Consejo.
Entre estos documentos merece la pena destacar dos: la Net Zero Industry Act y la reforma del mercado eléctrico.
En el caso del primer dossier, que todavía se encuentra en fase de trílogos, el Gobierno de España impulsó que la posición del Consejo –recibe el nombre de Orientación General- incluyera en la lista de tecnologías de cero emisiones netas, es decir, subvencionables, las «tecnologías nucleares». En la lista de tecnologías estratégicas de cero emisiones netas se incluyeron las «tecnologías de energía nuclear de fisión, incluidas las tecnologías del ciclo del combustible nuclear». El recién estrenado ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, declaró que la propuesta impulsada por España impulsaría a la Unión a «ocupar una posición de liderazgo mundial en la transición ecológica, utilizando las tecnologías del futuro para impulsar la competitividad de nuestra industria».
París exigió a Calviño, ante un eventual apoyo a su candidatura al BEI, la inclusión de proyectos vinculados a la energía nuclear entre aquellos sujetos a la financiación de la institución, y Calviño aceptó
En cuanto a la reforma del mercado eléctrico, el caso es más interesante. En las negociaciones entre los colegisladores (Parlamento y Consejo), ambos lados de la mesa estaban liderados por un socialista español. En el caso del Parlamento, el negociador jefe del dossier fue el gallego Nicolás González Casares, eurodiputado por el PSOE. Al otro lado de la mesa estaba la presidenta del Consejo de Energía durante el semestre español: Teresa Ribera.
Como resultado de esta negociación, pese a los intentos de países como Alemania de retrasar la tramitación del dossier, Francia impuso su criterio y se incluyó la energía nuclear en la lista de energías que podrían optar a la formación de contratos por diferencia (CfDs). El eurodiputado alemán del Partido Verde, Michael Bloss, que tomó parte en las negociaciones, destacó como un elemento negativo del acuerdo alcanzado que la energía nuclear se «promovería y sería protegida de la competencia con las energías renovables». Calificó el acuerdo como «malo».
Resulta curioso que las actuaciones relatadas en los párrafos anteriores correspondan al mismo Gobierno, pero el marco general de las negociaciones en Bruselas puede arrojar luz sobre esta aparente contradicción. En diciembre de 2023, la ya ex ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se encontraba inmersa en una gran partida de ajedrez en Bruselas. En juego, un gran cargo: presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su competidora fue la reputada comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager.
Para obtener los apoyos necesarios entre los Estados miembros, el ‘sí’ de París se convirtió en una baza fundamental, pero no sería gratis. Bruno Le Maire, homólogo de Calviño en Francia, basó su negociación con Sánchez y Calviño en el ámbito energético, concretamente, en el nuclear.
París exigió a España, que ostentaba la presidencia del Consejo, una «actitud pronuclear» en palabras de Le Maire durante la negociación de disposiciones legislativas como las referidas anteriormente. Además, en base al Acto Delegado de la Comisión Europea conocido como taxonomía verde, aprobado en 2022 y que incluyó bajo el paraguas de las energías neutras a la nuclear, París exigió a Calviño, ante un eventual apoyo a su candidatura al BEI, la inclusión de proyectos vinculados a la energía nuclear entre aquellos sujetos a la financiación de la institución, y Calviño aceptó.
El Gobierno de España, que rechaza sistemáticamente que la energía nuclear pueda ser una opción en su territorio, cierra acuerdos en las instituciones comunitarias que son muy beneficiosos para los países del entorno que sí apuestan por dicha energía y podrán verse beneficiados por los paquetes de ayuda europeos y estatales a esta fuente de energía. Lo que es perjudicial en Madrid es conveniente en Bruselas y, por encima de todo, en París. A cambio, Nadia Calviño fue nombrada presidenta del BEI en diciembre de 2023.
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