Pedro Sánchez y Pere Aragonés, durante una reunión en La Moncloa, en julio de 2022
Una veintena de instituciones económicas catalanas reclaman un modelo de financiación federal o un pacto fiscal para Cataluña
Piden transparencia, equidad y eficiencia en un «marco de lealtad institucional»
Patronales como Foment del Treball, Pimec, las Cámaras de Comercio de Cataluña, entidades como el Círculo de Economía o el RACC piden una reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica o uno nuevo, porque el actual supone «un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña». Y en este sentido, apuestan por un modelo de financiación federal o un pacto fiscal, en la línea del País Vasco y Navarra.
En el caso del modelo federal, aseguran, debería «redefinir la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las comunidades autónomas», lo que permitiría a estas y al Estado «compartir las mismas bases imponibles». Sería un modelo similar al de los Estados Unidos y las CCAA podrían tener en el mismo ejercicio fiscal «los ingresos que les corresponden».
Para estas entidades, el pacto fiscal permitiría avanzar «hacia un modelo más transparente» y también aseguraría la suficiencia financiera de Cataluña. Y es que la Generalitat sería la que «administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio y asumiría un poder normativo sobre estos, similar al que asumen las comunidades forales». Eso sí, en ambos casos, tanto en el modelo federal como en el pacto fiscal se deja claro que deberían ir acompañados de una «mecanismo de solidaridad con el resto de Comunidades Autónomas».
También defienden que sea cual sea el modelo de financiación, tiene que ser fruto del acuerdo «inevitablemente» entre el conjunto de fuerzas políticas, y se deben introducir mecanismos de «lealtad institucional» y definir y blindar las competencias de cada administración. También se deja claro que se tiene que respetar el «principio de ordinalidad», de tal forma que las autonomías «que más aporten no pierdan posiciones en el ranquin una vez hayan operado los mecanismos de solidaridad».
Estas entidades también reivindican que las inversiones del Estado en cada territorio deben hacerse de forma «proporcional», teniendo en cuenta, por lo tanto, la densidad de población y potencial económico de cada comunidad autónoma, además que debe estar «en consonancia al peso en términos de PIB en el conjunto de la economía española».
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