La declaración de la renta puede salir mucho mejor si se estudian algunas posibilidades
De pagar 100.000 euros en Asturias a cero en cuatro autonomías, la brecha fiscal entre españoles por Sucesiones, Donaciones y Patrimonio
Cataluña mantiene 11 impuestos propios, mientras que Madrid los suprimió en 2022
Los fiscalistas critican la práctica cada vez más común de modificar medidas fiscales antes de que entren en vigor y aseguran que el sistema actual «está agotado»
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Pablo (nombre ficticio) está soltero y tiene 30 años. Hereda de su padre bienes por valor de 800.000 euros. Entre ellos, el piso de 200.000 euros de su difunto progenitor. Si este ha fallecido en Asturias tendrá que tributar casi por el 13 % de la herencia, un total de 103.135,48 euros. Si lo hubiera hecho en Andalucía, Baleares, Cantabria o Galicia no tendría que tributar ni un euro, según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Si Juan, el padre de Pablo, hubiera optado por donar sus 800.000 euros en vida, en este caso todo en efectivo, habría tenido que pagar al Fisco 181.000 euros en Asturias, 170.268 en Aragón y más de 200.000 en Extremadura. En cambio, en Cantabria su cuota líquida sería de 0 euros, de 200 euros en caso de residir en Canarias y de 1.710,13 si residiera en la Comunidad Valenciana.
En el caso de sucesiones, un total de diez autonomías mantienen los tipos de gravamen de la tarifa estatal (7,65 a 34 %), pero algunas establecen tarifas propias según el grado del parentesco. Así, en la mayoría prácticamente no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos, y en el resto no se paga si cada heredero no tiene una base superior a, como poco, 300.000 euros. Además, como resaltan los fiscalistas, en Baleares, Canarias, Cantabria o Madrid los familiares del grupo III (suegros, nueras, yernos, hijastros y padrastros) también están exentos de tributar.
Los fiscalistas han realizado un análisis intensivo del panorama fiscal de las diferentes comunidades autónomas, constatando que el sistema actual se encuentra «en situación de agotamiento», en palabras del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich. Los expertos cuestionan la práctica cada vez más común de que las comunidades autónomas aprueben a lo largo del año medidas fiscales que modifican las aprobadas previamente para el mismo ejercicio, sin que estas últimas no lleguen a entrar en vigor, lo que a su juicio genera una creciente sensación de inseguridad jurídica.
Además, consideran que la calidad normativa de las autonomías es deficiente, dado que se establecen muchos beneficios fiscales «de compleja comprobación y escasa relevancia», que acaban siendo poco efectivos pero implican un alto coste administrativo y un importante esfuerzo burocrático.
En el caso del impuesto de Patrimonio, Pablo tendrá que hacer frente a un pago de 909,44 euros si reside en la Comunidad Valenciana y de 769,51 si vive en Cataluña. De vivir en Andalucía, Madrid, Vizcaya, Álava o Murcia, sin embargo, de nuevo no pagará ni un euro. Pero las diferencias no acaban aquí para un tributo que ha acumulado numerosas modificaciones en los últimos meses.
Tras el varapalo del Tribunal Constitucional, Andalucía y Madrid dan la opción a sus ciudadanos para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o al Estado. Galicia, por su parte, fija que el importe de su bonificación (50 %) se minorará en el importe que resulte a pagar en el impuesto a las grandes fortunas. Aragón ha incrementado el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros. Y Extremadura ha comenzado a bonificar al 100 %. Baleares, por su parte, ha aumentado el mínimo exento de 700.0000 a 3.000.000 millones. Cantabria lo bonificará al 100 % para aquellos patrimonios inferiores a esta cuantía.
Las comunidades autónomas han visto incrementada su recaudación un 39,55 % desde 2007, pasando de 96.331 a 134.434 millones, según datos de la Dirección General de Tributos, gracias a los impuestos cedidos parcialmente –como la Renta, el IVA o los impuestos especiales–, que han compensado la reducción de la recaudación por Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De hecho, los impuestos propios de las autonomías apenas representan el 2,2 % de los ingresos tributarios en 2022, aunque sus ingresos crecieron un 10,9 % interanual.
En el caso de Patrimonio, mientras que en 2008 llegó a recaudar 2.360 millones de euros el año pasado, en 2021, último ejercicio con datos disponibles, la recaudación se situó en 1.451. Cabe recordar que en 2012 se empezó a aplicar el mínimo exento por defecto de 700.000 euros y la exención de vivienda habitual, de 300.000 euros por contribuyente. En el caso de Sucesiones y Donaciones, la recaudación ha pasado de 2.534 millones en 2016 a 3.448 en 2021, disparándose un 43,46 % entre 2020 y 2021, en plena crisis de la covid.
Los expertos llaman la atención también sobre la diferencia entre el número de impuestos existente entre comunidades autónomas. «Los impuestos propios creados por las autonomías en España han crecido sustancialmente en los últimos años, si bien esta tendencia se ha ralentizado, generando, en muchos casos, situaciones de conflicto resueltas por diversas vías, tales como la declaración de inconstitucionalidad de algunos tributos, la supresión o la suspensión de los mismos, en un panorama ciertamente complejo», avisan desde REAF.
De los 11 impuestos de Cataluña a los 0 de Madrid
Cataluña es la autonomía con mayor número de tributos con un total de 11 impuestos. En algunos casos, los impuestos propios han llevado a colisionar con el Estado. Por ejemplo el Impuesto sobre emisiones contaminantes que produce la aviación comercial, Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria e Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que se solapan con los estatales, y que posteriormente fueron anulados por el Constitucional.
Solo en un año, 2017, la Generalitat llegó a crear cuatro tributos propios: el Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, el Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y el Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. En cambio, la Comunidad de Madrid es la única autonomía que no tiene regulados impuestos propios, puesto que los suprimió para 2022.
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