Bruselas da alas a la rebelión contra el 'tasazo' de basuras: los ayuntamientos, dispuestos a echarlo abajo

A partir del 10 de abril de 2025, los ayuntamientos de España están obligados a imponer una tasa de basura que «no sea deficitaria» y que cubra el coste total que supone la recogida de los residuos. Esto significa que aquellos municipios que hayan suprimido este cobro –algunos lo tienen incluido en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)– tendrán que recuperarlo, y aquellos que ya lo tienen, tendrán que aumentar la cuantía para garantizar el principio de «quien contamina, paga». Además, deberán incorporar gradualmente «elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos».

Esto ha puesto a los ayuntamientos en pie de guerra con el Gobierno, ya que no están de acuerdo con tener que aplicar de manera obligatoria una tasa que ya existía de manera discrecional y que algunas localidades incluso eliminaron –como es el caso de Madrid– al poder ser financiado con recursos del presupuesto municipal.

De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias, hace poco más de un mes, emitió una declaración institucional en la que le pedían al Gobierno de España reformar la ley «creando una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local y que respetando la autonomía local, garantice la consecución de los objetivos de la directiva europea».

Los inspectores de Hacienda también han cuestionado la medida y no se descarta que se produzca una avalancha de recursos al estar «cuestionada» la propia legalidad del cobro y de violar el principio constitucional de autonomía local".

El Gobierno de Pedro Sánchez se defiende alegando que es una obligación de Bruselas, pero el propio vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, ha negado que la legislación europea obligue al Gobierno español a aplicar la tasa de basuras en 2025. En una respuesta parlamentaria a la delegación del Partido Popular, la Comisión señaló que los Estados miembros pueden elegir de manera discrecional los instrumentos concretos para aplicar la Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos para cubrir los costes de la gestión. Teresa Ribera, antigua Ministra para la Transición Ecológica y recién nombrada vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, se escudó entonces en el texto comunitario para defender el «tasazo».

Según Bruselas, la tasa incorporada en la legislación española es una «elección política» pues la directiva incorpora «una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembros pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos».

«Los Estados miembros y, en particular, sus autoridades locales pueden también adoptar otras medidas que no figuren» y «esas medidas pueden además variar en función de los agentes a los que se impongan, como, por ejemplo, las empresas, los productores o los hogares», añade.

Madrid, líder de la rebelión

Las explicaciones de Bruselas dan alas a los ayuntamientos, sobre todo al de Madrid, que ha sido uno de los más duros contra esta medida. «Nos va a generar un problema a los ayuntamientos y una carga para los ciudadanos», decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

«Los ayuntamientos vamos a sufrir un 'sanchazo', porque esto es un 'sanchazo' en forma de tasazo. La tasa de basuras no es cierto que venga de la normativa comunitaria, viene de la ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez», añadió. Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular presentará en el próximo Pleno de diciembre una proposición para pedir al Ejecutivo central que elimine la obligatoriedad de este tributo, abriendo así un frente de debate nacional sobre la imposición de esta tasa.

Por si su reclamación no llega a buen puerto, Almeida también anunció que el Ayuntamiento de Madrid seguirá bajando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del 0,442 % al 0,428 %, lo que supondrá un ahorro por este tributo de 31 millones de euros, y a nivel general se alcanzará un ahorro de 220 millones en 2025 y una compensación de cerca del 90 % de la tasa de basuras, que se calcula en función del valor catastral de cada vivienda e incluye una parte variable en función de los residuos generados.