La fórmula del Gobierno para aprobar el nuevo aumento de 2.000 millones de gasto en defensa sin Presupuestos

El Consejo de Ministros aprobará este martes una partida de 2.000 millones en gasto militar, según confirmó durante un mitin la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado sábado. La propia Montero ya adelantó la fórmula: una modificación presupuestaria de las cuentas en vigor, que siguen siendo las de 2023

Precisamente porque no hay Presupuestos, el Ejecutivo ha aprobado en los últimos meses abundantes modificaciones y ampliaciones de crédito. Según informó El Debate la semana pasada, el Gobierno engordó los Presupuestos de 2023 en 52.000 millones en 2025. Hasta el 28 de febrero los ha modificado al alza en otros 8.000 millones de euros, según los informes de la Intervención General del Estado (IGAE).

En un momento en el que el Ejecutivo se ha visto instado a elevar el gasto en esta materia para cumplir sus compromisos con la OTAN de situarlo en el 2 % del PIB, el Ejecutivo incrementó el año pasado en 1.436 millones de euros la partida de inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, si bien redujo en 452 millones la partida de inversiones militares en infraestructura y otros bienes.

Este año, hasta el 28 de febrero, las inversiones militares en infraestructura y otros bienes se han modificado al alza en 7,3 millones, y las asociadas al mantenimiento operativo de los servicios en otros 390 millones de euros.

La Ley General Presupuestaria fija el marco tanto para las modificaciones presupuestarias como para las transferencias de crédito, así como para incorporar crédito no gastado de ejercicios anteriores o para habilitar créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Algo, esto último, que puede realizarse recurriendo al Fondo de Contingencia o a la emisión de deuda pública cuando deba realizarse algún gasto con cargo al Presupuesto del Estado que no pueda demorarse al ejercicio siguiente; no exista crédito adecuado, no sea suficiente o ampliable y cuando su dotación no resulte posible por ninguna otra figura.

«La autorización para gastar que aparece en las leyes de Presupuestos debe concebirse como una autorización flexible. En el Presupuesto caben modificaciones presupuestarias», explican los catedráticos Miguel Ángel Martínez Lago y Santiago Lago Peñas en el análisis La prórroga para 2024 de los PGE, publicado por el Instituto de Estudios Económicos. Dichas modificaciones «son una competencia de las propias Cámaras parlamentarias que otorgaron la autorización de gasto, y otras competencias de los órganos autorizados por aquellas, como el Gobierno o el Ministerio de Hacienda».

Algo que ha sido validado además por el Tribunal Constitucional, incluyendo en casos como el actual, en el que las cuentas están prorrogadas (por segundo año consecutivo). Ambos expertos, sin embargo, advierten que una sentencia del Constitucional de 2003 «parece orientarse en otra dirección, limitativa de las facultades de modificación, cuando se produzca una situación de prórroga presupuestaria dado el carácter excepcional que se atribuye a la misma».

Abuso del Fondo de Contingencia

El Gobierno también ha echado mano al Fondo de Contingencia en los últimos años para hacer frente a gastos militares. De hecho, como alertó recientemente la AIReF, cuatro de cada diez euros de este fondo, una herramienta diseñada para cubrir gastos imprevistos como los derivados, por ejemplo, de una dana, están siendo destinados en realidad a otras partidas.

La principal de ellas es el gasto en operaciones de mantenimiento de la paz, una partida que, según la AIReF «no puede considerarse imprevisto y no discrecional». Esta partida se ha llevado el 33 % el total del fondo desde 2012, unos 11.500 millones de euros.