Cuando dejar de trabajar sale más rentable: el descontrol de los subsidios en España

España lleva cuatro años liderando las estadísticas de desempleo en Europa. En marzo, la tasa rondaba el 11 %, casi el doble que la media de la UE, y el paro juvenil rozaba el 27 %. Esta situación se da, además, en un momento de aparente dinamismo económico, lo que apunta a problemas estructurales más profundos. Entre ellos, un sistema de ayudas que, en determinados casos, desincentiva el retorno al mercado laboral.

Factores como la baja productividad, la temporalidad o el elevado desempleo juvenil contribuyen al estancamiento. A esto se le une una cuestión cultural, donde el paro deja de ser una anomalía para convertirse en una opción viable para muchas personas a las que no les compensa trabajar.

Esa es una de las principales conclusiones de la Fundación Civismo, que acaba de publicar un estudio sobre los incentivos que existen en España para no trabajar. En él se analiza la llamada trampa del desempleo, un fenómeno que se produce cuando trabajar supone perder ayudas sociales y asumir una mayor carga fiscal, lo que neutraliza la mejora real de ingresos. En consecuencia, muchas personas optan por rechazar empleos o reducir sus horas trabajadas para no perder las prestaciones.

«Cuando una persona comienza a trabajar y supera cierto umbral de ingresos, pierde de golpe todos los subsidios. Esto desincentiva a muchos a aceptar empleos formales, especialmente si tenemos en cuenta la carga fiscal», explica Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo, en declaraciones a El Debate.

Y es que el panorama es más complejo de lo que parece. España cuenta con numerosos subsidios, cada uno diseñado para situaciones específicas: por cotizaciones insuficientes, agotamiento con o sin cargas familiares, para emigrantes retornados, exreclusos, mayores de 52 años, entre otros. A estos se suman ayudas extraordinarias como la Renta Activa de Inserción (RAI), el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Una persona sola puede recibir hasta 658,81 euros mensuales por el IMV, llegando en casos extremos a los 1.449 euros

Una persona sola puede recibir hasta 658,81 euros mensuales por el IMV, cifra que puede incrementarse por complementos de vivienda y otras circunstancias, llegando en casos extremos a los 1.449 euros. Otros subsidios oscilan entre 496 y 1.375 euros, según la situación personal y laboral del solicitante. Sin embargo, el poder adquisitivo de estas cantidades varía drásticamente según el lugar de residencia.

«Hay zonas donde ciertos subsidios permiten una vida relativamente cómoda, y otras donde apenas alcanzan para cubrir lo básico. Esto ha llevado a algunos economistas a proponer que tanto el salario mínimo como las ayudas se ajusten al coste de vida local», señala Guivernau.

Salario de reserva

A este respecto se refiere el informe sobre el impacto del salario mínimo interprofesional sobre los llamados salarios de reserva, que establece el umbral mínimo que un trabajador está dispuesto a aceptar para ingresar o permanecer en el mercado laboral. Es decir, el nivel de ingresos por el cual una persona prefiere trabajar en lugar de no hacerlo.

La existencia del SMI puede ayudar a reducir la distancia entre el salario de reserva y el salario real, según los economistas. No obstante, sus sucesivos incrementos han provocado que una parte creciente de la población, cercana al 17 %, perciba el sueldo mínimo. «Esto otorga un poder adquisitivo al legislador, ya que el salario de casi uno de cada cinco trabajadores lo fija el Gobierno y no la empresa», comenta Guivernau.

Empleo sumergido

La trampa del desempleo también alimenta el empleo sumergido, en el que no se tributa ni se cotiza. Según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), esta economía sumergida mueve entre 230.000 y 240.000 millones de euros, el 15,8 % del PIB. Así, la interacción entre SMI, subsidios y economía informal genera una situación donde, en ciertos contextos, depender de ayudas sociales resulta más ventajoso que aceptar un empleo formal con el salario mínimo.

Por ello, la Fundación Civismo recomienda revisar las políticas de empleo para fomentar la inclusión laboral, reducir las distorsiones del trabajo no registrado y garantizar un equilibrio entre protección social y empleo. «Presentar esta dependencia como un éxito del sistema de bienestar puede resultar engañoso. En muchos casos, refleja una disfunción que afecta tanto al beneficiario como a la sostenibilidad de las cuentas públicas», advierte Guivernau.

Impuesto Negativo sobre la Renta

Una de las críticas recurrentes al sistema actual es su complejidad. Hay subsidios que pueden acumularse sin un control eficaz, dándose incluso situaciones en las que personas que viven fuera del país reciben ayudas del Estado. Para responder a esta disfunción, la Fundación Civismo propone recuperar el Impuesto Negativo sobre la Renta (INR), propuesto inicialmente por Augustin Cournot en 1838 y desarrollado posteriormente por economistas como Juliet Rhys-Williams, Milton Friedman y James Tobin.

El INR funciona como un impuesto sobre la renta a la inversa: si una persona gana menos de un umbral mínimo, el Estado le transfiere la diferencia. Si sus ingresos superan ese umbral, solo tributa por el excedente. Así se evita el corte abrupto de las ayudas al comenzar a trabajar, lo que facilita una incorporación progresiva al mercado laboral.

Este modelo no solo mantiene la protección a quienes lo necesitan, sino que también elimina los desincentivos a trabajar. Además, su diseño puede adaptarse a distintos grados de progresividad fiscal, en función de la orientación política del Gobierno de turno.