La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
Jubilación anticipada El Gobierno amplía el catálogo de profesiones que podrán jubilarse antes: estos son los beneficiados
Cada año cotizado de estos trabajadores pasará a contar como un periodo más largo, que les acerca a una jubilación anticipada
El Gobierno ha aprobado el real decreto que regula el procedimiento para anticipar la jubilación en las profesiones más penosas que aun no se benefician de ello. Los coeficientes reductores de jubilación se aplicarán a todas aquellas actividades que presenten un número de incidencias laborales y enfermedades mayor debido a su actividad laboral.
El procedimiento se aplicará en cuatro ámbitos diferentes. Por un lado, aquellas actividades laborales con especial índice de penosidad que impliquen una exposición a temperaturas extremas, ruido, vibraciones o que impliquen el uso permanente de la fuerza física. Por otro lado, a los trabajadores expuestos a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos. También se aplicará a todas aquellas actividades que impliquen un gran índice de peligrosidad y que puedan derivar con una mayor facilidad en accidentes laborales. Por último, los trabajadores que se encuentren en un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud también gozaran de esta reducción.
actividades laborales beneficiadas
Cada año cotizado de estos trabajadores pasará a contar como un periodo más largo, que les acerca a una jubilación anticipada que ya disfrutan los mineros o los trabajadores de mar, entre otros. Las actividades que ya disfrutan de esta reducción no pueden optar a ella y las que se suman a una jubilación anticipada ya pueden solicitarla, «dando un paso adelante hacia la justicia social», según señalaba Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras el Consejo de Ministros.
El procedimiento
La vía establecida principalmente para requerirla es a través de los sindicatos y patronales. En caso de que estos no lleguen a un pacto, los representantes de los trabajadores pueden pedirlo directamente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Una vez se solicita la ayuda, la Dirección General se encargará de emitir un informe sobre la peligrosidad y la mortalidad en el colectivo concreto, que irá acompañado de los informes del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo y el Ministerio de Función Pública, en caso de que sean empleados de la administración.
La documentación será estudiada por una comisión de evaluación con representación ministerial que dictará una resolución final al respecto. En caso de que se concedan estos coeficientes reductores, se establecerá un incremento de cotización en la Seguridad Social, que corresponde con los principios de equidad tal y como ha presentado Elma Saiz.
