Un trabajador de la construcción.
Las profesiones «penosas» pagarán una cotización adicional para poder jubilarse antes
Se aplicará a trabajadores y empresas de actividades que se incluyan en un listado en el que ya están mineros, pilotos o policías locales
El Gobierno ha aprobado, con casi seis meses de retraso, el real decreto que regula el procedimiento para permitir la jubilación anticipada en profesiones penosas, peligrosas o insalubres. Pero, como ocurre con muchas de las medidas impulsadas por el actual Ejecutivo, esta también conlleva un aumento de la presión fiscal: se aplicará una cotización adicional a la Seguridad Social para los colectivos incluidos, cuyo importe se fijará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, esta cotización adicional se aplicará sobre la base de cotización por contingencias comunes y recaerá tanto en la empresa como en el trabajador. En la práctica, todas las actividades que soliciten su inclusión como profesiones penosas deberán asumir un incremento en sus costes laborales.
El decreto establece que, en ningún caso, esta medida permitirá jubilarse antes de los 52 años. Además, una vez concedida la jubilación anticipada, el beneficiario no podrá volver a desempeñar la misma actividad que motivó su retiro. Es decir, no se podrá trabajar en el mismo sector tras acogerse a este mecanismo.
El proceso para incluir una actividad profesional en el listado tampoco destaca por su agilidad. La solicitud debe ser presentada conjuntamente por sindicatos y patronales ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que elaborará un informe de morbilidad y mortalidad. También se requerirán los informes de la Inspección de Trabajo, del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en caso de trabajadores públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Todos estos documentos serán enviados a una comisión de evaluación, en la que participan los agentes sociales, para determinar si concurren las circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de los coeficientes reductores. Solo una vez superado este procedimiento, se podrá tramitar –mediante nuevo real decreto– la reducción efectiva de la edad de jubilación para las ocupaciones afectadas. En caso de desacuerdo, los sindicatos podrán solicitar el reconocimiento de forma unilateral.
Con esta norma, el Gobierno vuelve a trasladar a las empresas el coste de sus medidas sociales en un entorno fiscal cada vez más exigente. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, los costes laborales han crecido un 38 %, sin contar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ni la cotización por accidentes de trabajo. En 2024, los ingresos por cotizaciones sociales alcanzaron los 11.174 millones de euros, un 7,2 % más que el año anterior y un 33,3 % por encima del nivel prepandemia.
