Fundado en 1910

Cartel de alquiler en Embajadores.Carlos Luján / Europa Press

Pisos un 30 % más caros y con 112 candidatos: lo que se van a encontrar los inquilinos a los que se les expira su alquiler barato

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la duración de los contratos es de cinco años, prorrogables a ocho

El acceso a una vivienda, sobre todo de alquiler, se está convirtiendo en misión imposible para muchos españoles. El desfase existente entre la oferta y la demanda ha incrementado los precios de manera considerable, llegando a unas cantidades que muy pocos potenciales inquilinos se pueden permitir.

Quien ha buscado alquilar un inmueble en estos últimos años ya conoce las dificultades a las que se enfrenta, pero hay un grupo de inquilinos que este año se van a dar de bruces con la realidad: aquellos que arrendaron una vivienda al inicio de la pandemia, que cumplen los cinco años de contrato y no se les va a renovar el alquiler.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados después del 6 de marzo de 2019 «será libremente pactada por las partes». Pero que, si fuera inferior a cinco años, en el caso de las personas físicas, o a siete, años en el de las jurídicas, «este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años». Además, llegada esta fecha «si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra su voluntad de no renovarlo se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más».

Según explican fuentes de Alquiler Seguro a El Debate, existe la posibilidad de que pasado este tiempo, el casero suscriba un nuevo contrato con el mismo inquilino, incrementándole exponencialmente el precio, o que apenas se le encarezca, ya que está contento con él y lo que busca es tranquilidad —que le cuiden la casa y le paguen cuando corresponda—. Pero también existe una tercera posibilidad y es que no se les renueve y busquen a un nuevo arrendatario.

Estos van a encontrar en una encrucijada a la hora de buscar un nuevo alquiler, porque desde 2020, la oferta media de alquileres permanentes en España ha caído casi un 30 %, pasando de 967.672 inmuebles ese año a 681.920 en el primer trimestre de 2025, según los datos publicados por el Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde que se aprobó la Ley de Vivienda se ha generado una asimetría entre el alquiler residencial y otras modalidades de arrendamiento. Así, muchos propietarios han optado por otras alternativas para esquivar esta normativa, las medidas intervencionistas como el límite de alquiler y la inseguridad jurídica derivada de esta ley, como son el alquiler temporal, la venta o convertirlos en pisos turísticos.

La reducción de la oferta conlleva mayor competencia entre los inquilinos para acceder a una vivienda. La presión ha pasado de 17 personas a 112 personas contactando de media con cada vivienda que salió al mercado en un plazo de diez días. Es decir, se ha multiplicado por seis el número de interesados por vivienda.

Estas diferencias entre la oferta y la demanda se han traducido en un incremento considerable de los precios. Antes de la aprobación de la Ley de Vivienda, el precio medio por alquiler de una vivienda en España era de 885 euros. Ahora, se sitúa ya en torno a los 1.146 euros lo que supone un encarecimiento de otro 30 %, pero hay territorios, sobre todo en las grandes ciudades, donde esta subida es aún mayor.

Salarios, cinco veces inferiores

Los incrementos en el precio del alquiler y las mejoras salariales no han ido de la mano en los últimos años. Tomando como referencia los sueldos publicados en el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2024 elaborado por Fotocasa e InfoJobs, el coste de los alquileres se incrementó 5 veces más que los salarios.

«El acceso a la vivienda se ha deteriorado significativamente en los últimos años debido a la fuerte desconexión entre la evolución del precio de la vivienda y la de los salarios», asegura María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Disfrute propio

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, no será obligatorio realizar una prórroga del contrato cuando el arrendador necesite «ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial». Eso sí, tiene que estar establecido en el contrato.

Desde que se aprobó la Ley de Vivienda muchos inquilinos han vivido esta situación. Es el caso de Raquel, a quien le avisaron de que no le iban a renovar el contrato «cuando solo llevaba diez meses viviendo en el piso». Esta joven cuenta a El Debate que «la casera me explicó que lo necesitaba para su hijo, pero dudo mucho que actualmente viva en él».

Aunque algunos propietarios utilizan esta técnica para volver a poner el piso en el mercado a un precio más elevado, son muchos los que lo hacen porque han decidido sacar la vivienda de él. Y es que la ley de vivienda está haciendo mella poco a poco en los propietarios con viviendas en alquiler.

El 40 % de los propietarios se plantea alquilar la vivienda para estancias de corta duración, un porcentaje que se ha incrementado mucho respecto a principios de 2024 cuando era el 31% los propietarios que se planteaban esta opción. Así se constata en el análisis Conocimiento de la ley de vivienda entre los españoles elaborado por Fotocasa Research.

Además, aumentan en 10 puntos porcentuales los propietarios que se plantean sacar la vivienda del mercado del alquiler al pasar del 26 % a principios de febrero al 36 % actual.

Dos años después de la entrada en vigor de la ley, el balance es negativo. «La falta de un diagnóstico acertado y de consenso con los propietarios, una de las piezas clave del mercado de la oferta, ha generado inquietud y descontento. Las medidas implementadas en la ley han aumentado la inseguridad jurídica, desmotivando a muchos propietarios a mantener sus viviendas en el mercado de alquiler residencial tradicional. Como resultado, ha habido un evidente desplazamiento hacia otras modalidades de arrendamiento, como el alquiler temporal, que ha crecido un 55 %, y el turístico, que ha aumentado un 40 %. Lo que ha ocasionado la peor crisis de oferta en alquiler del siglo XXI», comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.