Una nueva ley de máximos verdes se suma a la ofensiva sancionadora de Consumo y a un Parlamento paralizado

Pablo Bustinduy cierra el curso político con la conciencia tranquila tras haber avanzado en la agenda de Sumar. O, como mínimo, algo más en paz que la del principal protagonista de la coalición que ese mismo partido se niega a romper. El responsable de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado el primer esbozo de una ley que quiere transformar la forma de comprar y sacudir la caja negra de las malas prácticas comerciales.

El segundo ministro mejor valorado por la ciudadanía, según revela el último CIS, se posicionó junto al consumidor en cuanto asumió el cargo. Desde ese lado del escenario político, ha abierto guerra con aerolíneas —siendo la última este mismo jueves— y propietarios de viviendas turísticas. Ha tenido fuerza, incluso, para enfrentarse directamente con Israel. Fiel a este modus operandi, esta semana, en el marco del último Consejo de Ministros, Bustinduy ha confirmado sus intenciones de seguir conquistando derechos de los consumidores, abriendo batalla con cualquier sector empresarial que se tercie: desde las energéticas que anuncian combustibles fósiles hasta las tecnológicas que practican la obsolescencia programada. Aunque quien mucho abarca, poco aprieta.

«La ley tiene potencial para lograr un cambio profundo en España, pero esconde medidas con gran complejidad en cuanto a su aplicabilidad práctica. Su impacto real dependerá, en gran medida, de los recursos que se destinen. Dilucidar, por ejemplo, el grado de obsolescencia y de calidad técnica de determinados productos precisa auditorías tecnológicas difícilmente aplicables», señala Amanda Díaz Moya, profesora de Derecho de ESIC. El papel lo sostiene todo, pero, sin una correcta implementación pública y la correspondiente implicación privada, «las buenas intenciones se diluirán y los hábitos de compra seguirán guiados por el precio inmediato más que por criterios de sostenibilidad».

La iniciativa sobre consumo sostenible se suma al arsenal regulador de Bustinduy que, pese a su buena fe para con el consumidor, no termina de arrancar en el Parlamento. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con la que pretende poner coto a las llamadas spam o prohibir la renovación automática de productos contratados en Internet, fue registrada en marzo de 2024. Aún hoy, a pesar de haberse tramitado por vía urgencia y tras casi 400 días en periodo de enmiendas, sigue esperando el dictamen de la Comisión y, en consecuencia, la aprobación (o no) en el Senado. «En un principio, el proyecto de ley se centraba en aspectos clásicos de la atención al cliente. Posteriormente, se incorporaron enmiendas orientadas a proteger al consumidor en entornos digitales, como la de ‘las suscripciones sorpresa’», comenta Díaz.

La misma parálisis afecta a la normativa contra la reduflación, considerada esencial en un contexto de inflación persistente y que Bustinduy ha optado por incorporar a la Ley de Consumo Sostenible. Aunque su Ministerio lleva tiempo reclamando una actuación urgente, fue finalmente el Partido Socialista quien tomó la delantera y registró una proposición de ley en el Congreso a comienzos de este año. El texto sigue en tramitación, pese a contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

Marketing verde

Días después de que la Comisión Europea retirase su propuesta contra el greenwashing, el Departamento de Consumo propone que nuestro país tome otra dirección. Bustinduy exige que las empresas cambien de lógica y no solo de lenguaje, porque la tendencia ecológica ya ha sido lo suficientemente capitalizada. Ya no bastará con envolver productos en verde ni con afirmar que algo es «eco», «natural» y/o «sostenible» si no se puede probar. El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible prevé vetar todas las declaraciones medioambientales genéricas que no estén avaladas por datos verificables. Expresiones como «biodegradable», «respetuoso con el medio ambiente» o «amigo del planeta» pasarán a ser ilegales si no van acompañadas de evidencia empírica contrastada. Esto representa un cambio estructural en las reglas de juego de la comunicación comercial (etiquetas de producto, catálogos de venta, campañas de marketing…) y un proceso de validación técnica que alguien deberá costear.

El Estado asume un rol más intervencionista y las Oficinas de Propiedad Intelectual se convierten en un nuevo frente de la transición ecológica

No obstante, el cambio no se limita al front-end publicitario. El texto pretende introducir una cláusula inédita en el ordenamiento jurídico español: una marca registrada será anulada si contiene elementos (nombre, símbolo, tipografía) capaces de inducir al consumidor a creer que la empresa tiene un desempeño medioambiental superior al real. Ante este nuevo contexto, el Estado asume un rol más intervencionista que en otras áreas del derecho comercial y las Oficinas de Propiedad Intelectual se convierten en un nuevo frente de la transición ecológica. «Tendrán que examinar con especial atención determinadas «marcas eslogan» (muy frecuentes en productos y servicios de gran consumo y muy importantes en sectores especialmente sensibles como el energético), particularmente cuando incluyan declaraciones de carácter medioambiental o social», declara Jorge Oria, director de Servicios Legales de ClarkeModet.

«A partir de la entrada en vigor de esta legislación, las compañías deberán recopilar cualquier tipo de prueba que respalden las afirmaciones contenidas en los signos solicitados, con el fin de anticipar y responder adecuadamente a eventuales objeciones por parte de la Oficina. En paralelo, la validez de las marcas ya registradas podría verse cuestionada», puntualiza Oria.

Barniz comercial

La trazabilidad ha de ser completa. Pablo Bustinduy no rebaja sus aspiraciones, aunque su agenda se diluya en las Cortes. El anteproyecto impone también a los fabricantes y distribuidores la obligación de asumir parte del coste de las reparaciones una vez concluida la garantía. De forma progresiva, tendrán que cubrir entre el 5 % y el 20 % del coste durante los cuatro años posteriores al periodo legal de cobertura. Esto convierte a la reparación en un derecho más sólido y a las empresas en corresponsables del ciclo de vida del producto.

«Francia lleva desde 2021 aplicando el índice de reparabilidad obligatorio en productos como móviles, portátiles o electrodomésticos, lo que ha generado una cierta presión sobre los fabricantes para ofrecer bienes con una mayor garantía de durabilidad. Ese mismo año, el Reino Unido también introdujo el llamado 'derecho a reparar', por el cual se obliga a los fabricantes a garantizar a los ciudadanos el acceso a piezas y manuales de sus electrodomésticos durante al menos una década. Aunque las intenciones son buenas, el cambio llegará de forma gradual y no inmediata. Además, muchos países se han topado con resistencias importantes por parte de la industria», concluye la docente de ESIC.