España, única en el mundo al cerrar nucleares: un error estratégico que costará 60.000 millones

Europa, y con ella España, ha asumido el compromiso de descarbonizar su sistema energético en el horizonte de 2050, para mitigar los efectos del cambio climático. Mientras tanto, Europa se encuentra inmersa en un proceso de baja productividad que incide negativamente en su economía en comparación con otros países, principalmente China y Estados Unidos.

En 2023, la presidenta de la Comisión Europea encargó al prestigioso economista Mario Draghi un informe sobre las causas de la falta de productividad en Europa y sus posibles soluciones. Entre las recomendaciones, el Informe Draghi plantea abordar de forma decidida la descarbonización del sistema energético, pero sobre bases de competitividad. Asimismo, recomienda que los países europeos amplíen la vida útil de sus centrales nucleares a largo plazo, como opción más económica de generación eléctrica de base, y que apoyen el desarrollo de una nueva generación de reactores nucleares, todo ello de forma complementaria a un gran despliegue de renovables.

España es el país europeo que se encuentra en mejores condiciones para la instalación de energías renovables, especialmente eólica y fotovoltaica, así como para ofrecer espacio y condiciones favorables a la implantación de industrias con gran consumo energético, capaces de proporcionar los puestos de trabajo bien remunerados que necesitamos.

El Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) contiene la planificación para la descarbonización de nuestro sistema energético. Se trata de un documento de planificación energética que presenta algunas carencias que convendría resolver:

Está basado en la sustitución total de la generación eléctrica por renovables, sin un análisis suficiente de los aspectos técnicos y económicos que ello conlleva. En definitiva, no tiene en cuenta la recomendación del Informe Draghi de llevar a cabo la transición a un sistema descarbonizado sobre bases de competitividad.

Es un documento con cierto sesgo académico, pues no establece los medios necesarios para asegurar la ejecución y el control que un proyecto de esta complejidad y trascendencia requiere. No se han definido suficientemente los requisitos que los principales actores deberían cumplir, ni se ha fijado una retribución adecuada para las inversiones a realizar, fundamentalmente en redes y sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.

No se ha establecido un sistema eficaz de colaboración y supervisión entre los órganos de la Administración con competencias en el PNIEC y la industria encargada de llevarlo a cabo, especialmente con el sector eléctrico.

El PNIEC está sometido a un proceso de información pública, pero existen serias dudas sobre si se están considerando adecuadamente las respuestas recibidas

El PNIEC está sometido a un proceso de información pública, pero existen serias dudas sobre si se están considerando adecuadamente las respuestas recibidas. El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) cuenta con una comisión multidisciplinar trabajando en el tema, con aportaciones relevantes en todas las áreas afectadas.

Se echa en falta un plan de información a la sociedad en general sobre el contenido del PNIEC, sus objetivos y los beneficios que podrían derivarse para los distintos sectores y, en particular, para la ordenación del territorio, especialmente en la denominada «España vacía». Uno de los mayores escollos para la ejecución del PNIEC es precisamente la creciente oposición pública, que dificulta la obtención de permisos.

En relación con lo indicado en el primer punto, el PNIEC plantea el cierre de nuestro actual parque nuclear, que podría seguir operando a largo plazo, hasta alcanzar los 80 años de vida útil, como recomienda el Informe Draghi y como se está haciendo en muchos otros países. El problema es que para sustituir los 7,1 GW de potencia nuclear (con unas 8.000 horas de funcionamiento al año) habría que instalar 33 GW adicionales de eólica y fotovoltaica (con 2.000 y 1.600 horas de funcionamiento anual, respectivamente), es decir, la mitad de toda la capacidad renovable que actualmente opera en España.

Para ello sería necesario desplegar, además, una considerable ampliación de la red, con todos los equipos precisos para garantizar su estabilidad, así como incrementar la capacidad de almacenamiento mediante baterías y centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo. El resultado sería una inversión superior a los 60.000 millones de euros para conseguir, no abaratar la energía, sino encarecerla: pasar de 40 euros por MWh, que podrían generar las actuales nucleares prolongando su vida útil, a los 70 euros por MWh que obtendríamos de las renovables si pretendemos que sustituyan la generación de base nuclear.

Desplegar las renovables a gran escala en España es una excelente idea, pero sustituir la generación eléctrica de base nuclear por renovables no lo es

Desplegar las renovables a gran escala en España es una excelente idea, con potenciales beneficios importantes, pero sustituir la generación eléctrica de base nuclear por renovables no lo es. La prueba es que somos el único país del mundo que está siguiendo este camino. Además del coste injustificado que ello supone, existe el problema de disponer de una red robusta, capaz de resistir inestabilidades y prevenir apagones. Así ha sido históricamente en España hasta el apagón del pasado 28 de abril. Las redes deben mantener su estabilidad tanto en frecuencia (50 Hz) como en tensión (400 kV, 220 kV, 132 kV, etc.) y, ante problemas imprevistos, ser capaces de aislarlos para evitar apagones generalizados. La generación síncrona (nucleares, térmicas, ciclos combinados, hidroeléctrica) aporta inercia al sistema, así como capacidad de regulación frecuencia-potencia y de potencia reactiva, lo que, junto con las protecciones para aislar equipos y zonas, contribuye de forma eficaz a mantener la estabilidad del sistema.

El problema radica en que los generadores eólicos y fotovoltaicos no aportan inercia a la estabilidad del sistema, carecen de capacidad de regulación frecuencia–potencia y de tensión–reactiva, y su relación de cortocircuito puede ser insuficiente para activar las protecciones de aislamiento. Además, no son gestionables y están sujetas a fuertes variaciones incontroladas de generación. Todo ello obliga a invertir de forma considerable en diversos elementos que suplan estas carencias, tanto en las propias centrales como en distintas zonas de la red: reactancias, sistemas síncronos, convertidores electrónicos de potencia con capacidad de control de frecuencia y reactiva, baterías de gran capacidad y centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo.

¿Qué ocurrió el 28 de abril?

Lo que ocurrió fue que salieron a la luz algunos de los problemas del PNIEC que hemos comentado. Del informe del Gobierno se desprende que hemos estado operando una red con graves problemas de inestabilidad, tanto en frecuencia como en tensión, y no solo el 28 de abril. El sistema eléctrico no está todavía preparado para funcionar de manera estable con el nivel de renovables no gestionables que soporta en muchas ocasiones. No se había establecido la obligación para las renovables de instalar los equipos electrónicos de potencia antes mencionados. Tampoco se han definido retribuciones adecuadas aplicables a las inversiones en redes y sistemas de almacenamiento. Como consecuencia, falta red para acoger a los grandes consumidores que necesitamos, y la demanda permanece estancada desde hace años, con tendencia a seguir así en el futuro. En estas condiciones, el efecto dinamizador de la economía derivado de la descarbonización desaparece, al menos en lo que respecta al sistema eléctrico.

Por otro lado, aunque la demanda no crece, sí lo hace la potencia renovable instalada (7,5 GW, casi en su totalidad fotovoltaica, en 2024), lo que obliga al sistema a dar entrada a esta energía —teóricamente más económica— parando nucleares y ciclos combinados, con lo que acabamos operando en los límites de la inestabilidad, rozando la catástrofe del apagón. La conclusión oficial del Gobierno ha sido responsabilizar conjuntamente a las empresas del sector eléctrico y a Red Eléctrica, alegando determinados incumplimientos puntuales, pero la causa raíz no está ahí, sino en los problemas de inestabilidad señalados.

Deberíamos reflexionar, empezando por no cerrar nuestro parque nuclear actual, lo que nos ahorraría una inversión innecesaria en renovables y redes que superará los 60.000 millones de euros. Asimismo, habría que resolver cuanto antes el problema de la falta de redes para acoger a grandes consumidores. Entre otros, destacan los centros de datos, que pueden atraer industrias tecnológicas asociadas para prestar este tipo de servicios desde España a numerosos usuarios europeos. Este asunto, el de los centros de datos, apenas se menciona en el PNIEC, mientras que se prevé tener instalados en 2030 nada menos que 12 GW de plantas de generación de hidrógeno verde. Se trata de un objetivo interesante de cara al futuro, pero muy lejano de ser alcanzable en 2030.

Adolfo García Rodríguez es expresidente de Foro Nuclear y de Empresarios Agrupados