El empleo público crece en casi 60.000 personas en un año
La realidad es que hay que pagar 3.500 millones más en salarios públicos y no tenemos nada claro cuál es la efectividad real de estos nuevos puestos
Acaba de publicar el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, a julio de 2024, y los resultados no son precisamente bonitos. En un solo año estamos pagando a casi 60.000 nuevos empleados públicos que, a un coste medio –incluyendo cotizaciones sociales– de 58.500 euros, suponen un gasto adicional equivalente a 3.500 millones de euros, que hay que sacar de los impuestos para poder pagarlos.
La cifra exacta de nuevos empleados públicos en los últimos doce meses ha sido de 59.482 nuevos salarios que pagar, lo que ha llevado el total a 3.107.195 efectivos.
Ya sabemos que las cifras nunca cuadran del todo. Si nos vamos al INE, nos dice que en el sector público español la media de empleados públicos en 2023 –último dato oficial– fue de 3.542.400, mientras que la última EPA habla de 3.532.700. Como pueden ver, hay discrepancias a la hora de saber exactamente cómo está dimensionado el sector público.
Si acudimos a la Contabilidad Nacional que publica el INE, nos dice que, a cierre de septiembre de 2023, los empleados en el sector de Administraciones Públicas ascienden a 4.986.000.
Por lo tanto, para trabajar con datos homogéneos no queda otro remedio que comparar peras con peras, y eso es lo que voy a hacer hoy: comparar el Boletín Estadístico de la Función Pública, que se publica cada seis meses y que, en teoría, realiza un inventario de los trabajadores públicos. Este boletín viene elaborándose desde 1990 y se supone que lo realizan los empleados de la Dirección General de la Función Pública, hasta ahora nada sospechosos de tergiversar la información.
Y si ya es preocupante el incremento global de empleados públicos, veremos que hay dos sectores de nuestra Administración Pública que habrá que volver a poner en el punto de mira: las comunidades autónomas, que han crecido en sus efectivos en 61.100 personas, mientras que los ayuntamientos han sido capaces de reducir en un año sus efectivos en 8.086. Las diputaciones, que siguen campando a sus anchas, han vuelto a crecer en otros 342 efectivos.
Luego hay un área de la Administración General del Estado, la de juzgados y tribunales, que no para de perder efectivos y que, además, sufre un colapso administrativo brutal, lo que nos deja una justicia completamente inoperante en el día a día.
Pero veamos los datos tal y como aparecen en el Boletín, que he preparado para una comprensión más clara y sencilla.
A 30 de junio de 2024, según este Boletín, teníamos en España 3.047.713 empleados públicos en sus tres categorías: funcionarios, personal laboral y el grupo de otros incluidos, donde figuran los interinos, una categoría que debería haber desaparecido por su anacronismo y por la que se cuelan también todos esos otros empleados que, «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin». Pero de eso ya hablaremos en el próximo artículo.
De todos estos empleados, las comunidades autónomas concentraban 1.873.325, lo que representaba el 61,5 % del total. Por tamaño les seguían las corporaciones locales, que sumaban el 21 % entre ayuntamientos y diputaciones. Para la Administración General del Estado –o sector público estatal– quedaba el 17,5 %, donde la Justicia apenas representa el 0,5 % y las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el 9,1 %.
A 30 de junio, el número total de efectivos supera por primera vez los 3,1 millones, alcanzando los 3.107.195, con una subida anual del 2 %, equivalente a 59.482 efectivos.
Las comunidades autónomas vuelven a batirse a sí mismas y crecen un 3,3 %, con un aumento de 61.100 empleados, pasando a representar el 62,3 % del total. Mientras tanto, las corporaciones locales decrecen en 7.744 efectivos, gracias a la reducción de los ayuntamientos en 8.086 empleados. Las corporaciones locales pasan a representar el 20,3 %, si bien las diputaciones siguen haciendo de las suyas y vuelven a crecer, aunque solo un 0,5 %.
En la Administración General del Estado, el patito feo vuelve a ser la Justicia, que decrece en efectivos un 2,1 %, mientras que la Administración del Estado crece un 1,5 % y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo hacen un 1 %.
La realidad es que hay que pagar 3.500 millones más en salarios públicos y no tenemos nada claro cuál es la efectividad real de estos nuevos puestos. Se supone que aportan valor, pero nadie puede garantizarlo.
Si descontamos los 2.762 efectivos que han entrado en las Fuerzas Armadas (401), en la Policía Nacional (1.596) y en la Guardia Civil (585), sería muy útil que esta estadística recogiese cuántos son médicos y cuántos educadores. Porque lo que sí les puedo decir es que en las universidades públicas había 190.308 efectivos en julio de 2024 y en 2025 sigue habiendo exactamente 190.308, y que en personal docente había 76.300 y sigue habiendo, un año después, 76.300. Por eso es fundamental saber dónde han entrado esos 61.000 nuevos efectivos en las comunidades autónomas.
