La extorsión impositiva supera los 300.000 millones
Necesitamos una ley, de forma urgente, para que cada vez que la inflación supere el 2 %, se ajusten de forma inmediata todas las bases de cálculo
Javier Milei acaba de conseguir en la Cámara de Diputados que se apruebe la Ley de Inocencia Fiscal, cuyo objetivo es que se trate a los ciudadanos como inocentes ante la ley y que sea el Estado –en este caso, el Ministerio de Hacienda– quien tenga que demostrar que son culpables de algo.
Ya solo falta que la ley sea ratificada en el Senado de la República Argentina para que pueda entrar en vigor una norma que obligará a la Administración de ese país a no poder sancionar ex ante a ningún contribuyente. O, lo que es lo mismo, ya no se podrá amenazar con embargos ni embargar por motivos que no hayan sido demostrados previamente por la Administración del Estado.
Parece que en la Argentina peronista era tradicional emitir informes paralelos sobre lo que había tributado el contribuyente, y este se veía obligado primero a pagar y luego a reclamar. ¿Les suena a ustedes esta canción?
Lo digo porque hasta octubre la Agencia Tributaria había tenido que devolver 6.200 millones por cobros indebidos, tras sentencias judiciales, a mutualistas; a empresas, por el Real Decreto 3/2016, que modificó las desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades y que Hacienda perdió en el Supremo; y a no residentes, por las presiones y demandas internacionales del bufete Amsterdam & Partners, que han llevado a que en el mes de noviembre se devuelvan otros 94 millones de euros, según confirma el informe mensual de la Agencia Tributaria, que obviamente no menciona al bufete inglés, al que odia más que un gato escaldado al agua caliente.
Pero en este país sigue existiendo un auténtico canguelo cada vez que un contribuyente recibe una carta certificada de Hacienda o un mensaje informándole de que tiene una notificación electrónica pendiente de abrir.
Sin duda, el Ministerio de Hacienda y, en su nombre, la Agencia Tributaria son considerados por la mayoría de los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos como una organización mafiosa al servicio del poder, dispuesta a cobrar todos los meses todo lo que sea necesario y más. Eso sí, solo al 99 % de los españoles, porque, que yo sepa, todavía no se ha iniciado ninguna investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez por el cobro de su salario en Badajoz y su declaración en Portugal; ni sobre Zapatero por su incremento patrimonial; ni siquiera sobre lo que gastaba la Paqui, esposa de Cerdán, en El Corte Inglés con las tarjetas de Servinabar; ni sobre el propio Cerdán o José Luis Ábalos por sus pagos en metálico.
Para Hacienda no todos somos iguales ante la ley: si eres socialista, eres feminista y además no se te investiga; pero si eres autónomo, eres un peligro social y recibes paralelas todos los trimestres del año.
Así han conseguido cerrar los once primeros meses del año con una recaudación de 301.355 millones, exactamente un 10 % más que el año pasado, con un crecimiento del PIB nominal –es decir, con inflación– del 5,5 %. Es decir, con casi el doble de crecimiento que la economía.
Por si tienen alguna duda, aquí tienen un cuadro para poder analizarlo:
Los trabajadores pagan casi hasta por respirar: por el IRPF les han quitado un 11,1 % más y, en noviembre, se han pasado, retirándoles de circulación un 17 % más que el año pasado. Como a la banca le han soplado 1.423 millones en impuestos especiales, ya saben ustedes quiénes lo han pagado: los usuarios. Pero la cosa sigue.
Los impuestos medioambientales han crecido un 89 %, y si alguien piensa que los pagan las empresas, está bebido.
Esto es lo que nos lleva a que se beba menos alcohol –por eso pocos lectores, o ninguno, están bebidos– y menos cerveza, porque la recaudación cae un 3,4 % en el año, lo que nos indica que en estos conceptos hay una bajada del consumo. También se nota en que se procura gastar menos en combustible, que solo crece un 1,3 %. La recaudación del tabaco sube porque suben los impuestos; la de la electricidad «solo» crece un 47,9 %; y la de los envases de plástico, que pagamos entre todos, como consumimos menos, solo crece un 4,9 %. Pero como las primas de seguros suben, pagamos un 7,9 % más y, del resto –por si pensábamos que no había resto–, otro 13,6 %.
Así tenemos que, en impuestos directos, se nos han llevado 177.604 millones, un 11,1 % más que el año pasado, aunque a las empresas solo les han podido limpiar un 5,9 % más, porque tienen más medios para defenderse.
En impuestos indirectos se han llevado 121.853 millones, un 8,6 % más, porque el IVA crece un 9,3 % debido a la subida permanente de los precios. En total, se han embolsado 301.355 millones, frente a los 273.993 millones que se llevaron en 2024 a la misma fecha.
Está claro que necesitamos, a la voz de ya, una reforma legal como la que está impulsando Milei, en la que seamos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y necesitamos una segunda ley, de forma urgente, para que cada vez que la inflación supere el 2 %, como propone el Movimiento de Contribuyentes en Acción, se ajusten de forma inmediata –tanto en los impuestos como en las cotizaciones sociales, que también son impuestos– todas las bases de cálculo, para evitar que quien gane siempre sea el Gobierno y quienes perdamos seamos los ciudadanos.
