El gasto en políticos crece un 94 %

Mientras nuestro presidente disfruta de una «baja médica por estrés» que le ha recomendado irse a La Mareta a descansar hasta después de Reyes, el resto de mortales seguimos al pie del cañón. Digo lo de la baja porque nadie en este país puede cogerse 45 días de vacaciones como el presidente, salvo que convenza a su médico para que le dé la baja por estrés y este lo acepte. Lo digo porque eso da derecho a seguir cobrando el salario, pues no he oído ni leído nada sobre que Sánchez haya renunciado a medio mes de paga.

Dicho esto, le deseo que tarde en recuperarse y siga de baja hasta julio de 2027, cuando podrá acogerse a la Incapacidad Total, que es lo mejor que le puede pasar a este país. Porque, además, durante estos siete años de Gobierno ha montado una estructura de gasto en políticos que le debe garantizar que hay miles de personas dedicadas a informarle de todo a él y a sus ministros.

Acaba de publicar el Ministerio de Hacienda la Liquidación del Presupuesto del Estado de 2024, que incluye, según la ley, el desglose de la liquidación de la Administración General del Estado, además de los organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos.

Y buceando –o, como dicen los jóvenes, surfeando– por la información he encontrado una perla memorable: cuánto costaron en 2024 los altos cargos de toda la Administración General del Estado, cuánto costaron los trabajadores eventuales y los llamados otros trabajadores. Aquí debemos hacer una pequeña distinción entre estos dos conceptos:

En la normativa administrativa española, el personal eventual es personal no permanente, de confianza o asesoramiento especial, vinculado al cargo político que lo nombra, con cese automático cuando cesa la autoridad que lo designó. En la AGE esto incluye asesores, jefes de gabinete, personal de apoyo político, etcétera.

En la categoría de otros se agrupa el personal temporal necesario para absorber las «necesidades coyunturales y los proyectos temporales de la AGE».

Vamos, que los primeros son personal de confianza y los segundos son contrataciones hechas a dedo, sin pasar por ningún filtro, que terminan enquistándose en la Administración. Son los conocidos como enchufados, porque los proyectos temporales se eternizan y cada mes se crean nuevos proyectos.

Para que vean por qué puede irse de vacaciones pagadas nuestro presidente, hoy les voy a mostrar el tejemaneje que se ha montado ex profeso para su uso y disfrute:

Repito: todos estos datos son oficiales y están publicados en la web de la IGAE.

Vayamos primero a los altos cargos, que costaban en 2018 la cifra de 70,7 millones y han ido creciendo con el tiempo de forma razonable, hasta llegar a 87,9 millones de euros en 2024, con un incremento del 24,3 %.

Estos altos cargos vienen con mochila, que es su personal de confianza, que en 2018 costaba 41,4 millones, pero que en 2024 se ha disparado hasta 78,3 millones, con un crecimiento del 89,3 %. Vamos, que las personas de confianza casi se han multiplicado por dos desde que Sánchez se sentó en La Moncloa.

Pero donde se produce un desmadre generalizado, mucho mayor que en el personal eventual, es en el lado de los amiguetes, enchufados, sobrinos y sobrinas y todo tipo de personal que entra a cobrar sin que sepamos cuándo va a dejar de hacerlo, porque no salen automáticamente como los eventuales cuando se va quien los contrató. Aquí se camuflan y, salvo que alguien decida prescindir de ellos, se mimetizan en el entorno, porque todo el mundo sabe que fueron enchufados por algún político.

No digo que el 100 % sean enchufados, porque algunos son interinos, pero si no se convocan las plazas para que opositen a funcionarios es porque la mayoría son prescindibles.

Aquí, a Pedro y a su cohorte se les ha ido la mano. Hemos pasado de un gasto de 20,1 millones a un gasto de 89,7 millones, lo que supone un crecimiento del 346,7 %. A esto hay que añadir las cotizaciones sociales, con lo cual, en su conjunto, el gasto en políticos de la Administración General del Estado ha crecido con Sánchez un 94 %. Por todos ellos, incluido Sánchez, se han gastado 1.698 millones desde que llegó al poder.

Lo malo es que han servido para muy poco, porque con este equipo no se ha administrado: se ha derrochado. La actual Administración General del Estado debería llamarse Administración General del Derroche o Administración General del Despilfarro Público.