El gasto en contratación pública se triplica en siete años y supera los 422.000 millones
Nuestro sistema de Administración Pública está a punto de colapsar y, si no ponemos freno nosotros, nos lo pondrán los mercados o nos lo impondrán desde Bruselas
Buscando las adjudicaciones que ha realizado el Ministerio de Defensa en diciembre de 2025 –que ya les contaré en un próximo artículo– di con una estadística que me dejó perplejo, y eso que últimamente me cuesta más sorprenderme de lo que este Gobierno es capaz de hacer. El sistema se llama Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y dispone de información en materia de contratación pública proveniente de dos fuentes:
- Licitaciones, contratos menores y otras publicaciones correspondientes a órganos de contratación que tienen alojado su perfil de contratante en la propia PLACSP.
- Licitaciones de órganos de contratación cuyo perfil de contratante se encuentra en la plataforma de contratación de su comunidad autónoma, pero que publican la convocatoria y los resultados de sus licitaciones en la PLACSP mediante mecanismos de interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información.
Hay comunidades obligadas a utilizar este sistema y otras –como Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco y Navarra– en las que únicamente los órganos de contratación del ámbito estatal tienen necesariamente su perfil de contratante en la PLACSP, mientras que los órganos de contratación del ámbito autonómico hacen uso de su propia plataforma de contratación.
Esto quiere decir que en la estadística que les voy a mostrar a continuación no están todos los contratos adjudicados en nuestro país, aunque en otro informe sí consta el total acumulado desde 2018 hasta noviembre de 2025 del número total de contratos realizados y de la suma total de lo adjudicado o gastado en este período.
La estadística que les voy a mostrar solo corresponde a las cifras de los órganos obligados a utilizar este sistema, que debe de haberse desarrollado para Estados Unidos, porque en la página inicial se ven obligados a dar la siguiente explicación: «Se ha de interpretar la unidad «B» (billion) como mil millones de euros». Vamos, que en su momento dicha plataforma fue licenciada al Ministerio de Hacienda y, aunque las unidades sean euros, a los 1.000 millones les adjudican la palabra billion, que es el modelo americano de medición, porque al billón europeo los americanos le llaman trillion.
Pero vayamos a los datos, porque merece la pena que ustedes vean el desmadre generalizado que tiene nuestro país en estos momentos, y que desmontar va a costar mucho tiempo, dinero, esfuerzo, ganas y voluntad de hacerlo, algo que hoy no veo en nuestros políticos.
Necesitamos a alguien que salga de la sociedad civil y abandere la idea de que este despilfarro tiene que pararse y que se debe acometer un plan quinquenal para abaratar, al menos, 200.000 millones en ese período, a base de pico y pala, que permita simultáneamente dedicar parte de los recursos generados a amortizar deuda y otra parte a bajar impuestos, para hacer mucho más eficiente nuestra economía y volver a colocarnos en el top 10 mundial.
Justo con la llegada de Sánchez al poder, nuestro sistema administrativo gestionaba 60.980 contratos anuales, que sumaban un importe de 15.573 millones; ojo, con un importe medio adjudicado de 255.379 euros por contrato.
La llegada de Sánchez produce una catarsis en nuestro sistema y, en un solo año, pasamos a gestionar un 70,5 % más de contratos, que llegaron a sumar 103.942, por un valor de 33.730 millones, un 116,6 % más que el año anterior.
Esto, como siempre digo, son estadísticas que sirven para demostrar hechos incontestables. Rajoy tenía controlado el gasto público total y tenía embridadas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. La llegada de Sánchez supone una mano ancha para todos y empieza el desmadre.
En la pandemia, en 2020, hay un ligero frenazo y, aunque suben los contratos, el importe total disminuye y se produce el importe medio más bajo de toda esta serie.
A partir de aquí se abre la barra libre de exigir cada día al ciudadano más esfuerzos y de asumir que los incrementos de impuestos son para pagar el desmadre de gasto generalizado que se instaura en todas las administraciones.
Así llegamos al cierre de 2023 con 181.863 contratos realizados y con un importe gastado o adjudicado por esta plataforma que se va a los 60.430 millones, el máximo de todo el período.
En estos seis años se han contabilizado 929.926 contratos, con un incremento en la cifra de 2024 comparado con 2018 del 199,3 %, lo que equivale a casi multiplicar por tres. En cuanto al gasto adjudicado, suma en estos seis años 291.649 millones, con un incremento del 254,2 %, es decir, hemos multiplicado por 3,5 los importes adjudicados.
Por si queremos temblar, la misma plataforma indica que, a cierre de noviembre, ya llevamos 1.187.502 contratos, es decir, 257.576 contratos más, y que el importe adjudicado por dicha plataforma suma 422.020 millones, lo que equivale a 131.371 millones más que lo que llevábamos a cierre de 2024.
Nuestro sistema de Administración Pública está a punto de colapsar y, si no ponemos freno nosotros, nos lo pondrán los mercados o nos lo impondrán desde Bruselas. Lo que es evidente es que así no podemos seguir y que alguien tiene que parar esto antes de que nos hundamos.
