La izquierda hace bandera con 'las seis de La Suiza', las sindicalistas condenadas por coacciones graves

Las sindicalistas conocidas como 'las seis de La Suiza' han ingresado esta semana en el Centro Penitenciario de Asturias tras ser condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones graves y obstrucción a la Justicia, en relación con los piquetes organizadas frente a la pastelería La Suiza de Gijón en 2016. Pese a que la sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, partidos de izquierda y sindicatos ya han comenzado a movilizarse para pedir el indulto.

Los condenados –son cinco mujeres y un hombre– participaron en piquetes y protestas sindicales contra la empresa por el despido de una trabajadora. Según la sentencia, los hechos constituyeron un delito continuado de coacciones graves y otro de obstrucción a la Justicia. Tras un proceso de más de ocho años, el Supremo confirmó la pena de cárcel, que ha comenzado a cumplirse ahora.

La reacción por parte de partidos y sindicatos ha sido inmediata. Desde el jueves, se han sucedido concentraciones, declaraciones públicas y peticiones formales de indulto. Las manifestaciones más numerosas han tenido lugar en Gijón, donde varias personas recorrieron el centro de la ciudad bajo el lema «Libertad para las seis de La Suiza».

Durante la concentración, Herminia González, portavoz del grupo Sofitu, declaró que las condenadas «están fuertes» y que «se peleará» por el tercer grado y el indulto, aunque dejó claro que este «no conlleva el arrepentimiento». Según sus palabras, las sindicalistas «no hicieron nada» más que «defender a una trabajadora» y ejercer su derecho a la protesta.

En la misma línea se han expresado las principales organizaciones sindicales. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, calificó la condena de «auténtica injusticia» y afirmó que «hacer sindicalismo no es delito». A su juicio, el ingreso en prisión supone un retroceso de «100 años en materia de justicia». También el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, consideró que se ha producido un «pasteleo judicial» al convertir un piquete informativo en un delito penal. Ambos sindicatos han solicitado que se tramite el indulto con carácter urgente.

El caso también ha generado críticas entre los partidos de izquierda. ERC ha registrado una proposición no de ley en el Congreso pidiendo al Gobierno que conceda el indulto de forma urgente y adopte medidas para proteger el derecho a la huelga y la libertad sindical. La iniciativa reclama la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y reformas en el Código Penal para evitar que acciones como las protagonizadas en este caso puedan ser penalizadas.

Podemos, IU y Compromís también se han posicionado a favor del indulto. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado la sentencia de «injustificable», mientras que el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha defendido que «una democracia no encarcela sindicalistas». Antonio Maíllo, de IU, considera «urgente» la concesión de la medida de gracia.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a las sindicalistas y ha asegurado que trabaja para que el indulto «llegue cuanto antes». «El sindicalismo es un derecho, no un delito», escribió en redes sociales. La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también se han pronunciado en los mismos términos.

El Ejecutivo asturiano, en manos de una coalición entre PSOE e IU, ha aprobado igualmente solicitar el indulto. El consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido que «está pasando algo inhumano» y que es necesario «parar esta deriva». En la misma línea, el diputado autonómico Xabel Vegas ha denunciado que se pretende «ejecutar una sentencia ejemplarizante» para disuadir el ejercicio del sindicalismo.

Por su parte, el sindicato CNT –al que pertenecen las condenadas– ha recurrido también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según su secretario general en Asturias, Rafael Río, el caso representa «un atropello» a los derechos laborales y sindicales. Mientras tanto, continúan las movilizaciones y actos de apoyo, con nuevas concentraciones previstas en los próximos días.

Los seis condenados han solicitado el tercer grado penitenciario, que podría suavizar las condiciones de cumplimiento de la pena mientras esperan movimientos por parte del Gobierno, que todo apunta a que optará por el indulto.