Un banco, obligado a devolver más de 5.000 euros a una víctima de estafa tras una sentencia del Supremo

Las nuevas tecnologías nos facilitan la vida y los trámites online nos permiten ahorrar muchas horas de cola para rellenar papeleos que ahora encontramos en la red. No obstante, no son espacios libres de peligro. Por mucho que las empresas se preparen para evitar estafas, algunos ciberdelincuentes logran pasar sus filtros y buscan estafar a clientes de grandes empresas, organismos públicos y entidades bancarias.

Cada vez son más los ciudadanos que son víctimas de este tipo de estafas, sobre todo los clientes de los bancos. Es el llamado phishing bancario, y aunque es complicado de investigar por el anonimato del delincuente, los usuarios tienen el derecho a reclamar los daños y en ocasiones consiguen que les devuelvan el dinero perdido más intereses.

Es el caso de Candela —nombre ficticio, ya que prefiere mantener el anonimato—. Hace un año recibió un SMS en su móvil dentro del hilo de mensajes del historial general de ella con su entidad bancaria, Deutsche Bank, alertándole de un supuesto acceso no autorizado a su cuenta y en el que se pedía pinchar en un enlace para evitarlo. Ella, creyendo que era auténtico, accedió.

Tras ello recibe una llamada, supuestamente de la entidad bancaria, pero en realidad era el ciberdelincuente a través de una centralita manipulada. Esa persona, para ganarse la confianza de la víctima, le facilito sus datos personales y bancarios. Mientras hablaban, iba recibiendo códigos de un solo uso que tenía que facilitar al estafador con el objetivo de detener las operaciones no autorizadas. En realidad, esos códigos servían para validar las transferencias que él mismo estaba realizando desde su cuenta, por valor de 5.055 euros en total.

Cuando Candela intentó confirmar lo ocurrido, devolvió la llamada al mismo número, que fue descolgado por —esta vez sí— su entidad bancaria. En ese momento, el banco le confirmó que no sabían nada del tema, y que se trataba de una estafa por suplantación de identidad. Inmediatamente después denunció el hecho a la policía.

Una sentencia del 16 de julio de 2025, del Juzgado de Primera Instancia de Valencia, ha obligado a la entidad financiera a pagar a la víctima 5.055 euros más intereses legales desde la fecha de reclamación. Y es que, la justicia, considera que se «evidencia la falta de medidas de seguridad de los sistemas de detección de fraude en la fecha en la que sucedieron los hechos o, como mínimo el fallo de las medidas implementadas a tal fin, lo que queda ratificado por ser varias las operaciones fraudulentas concentradas en las mismas fechas».

El magistrado también considera que el banco no vigiló adecuadamente la cuenta de la clienta, donde se podía ver que las transferencias que se realizaron no coincidían en absoluto con su historial habitual de movimientos. «Es muy significativo que el conjunto de las operaciones trazadas en el documento aportado con la demanda no hiciera saltar alguna alerta o aviso que llamara a corroborar su autenticidad. Así, las transferencias fraudulentas fueron ejecutadas utilizando una operativa singular y completamente ajena a la que era propia del demandante», establece la sentencia

La justicia considera que se «evidencia la falta de medidas de seguridad de los sistemas de detección de fraude»

Por último, también se hace referencia a la Ley de Servicios de Pago y al propio contrato de cuenta que vincula al cliente y al banco, donde se recogen las obligaciones esenciales que incumben al usuario de servicios de pago y a las entidades que los prestan.

Doctrina del Supremo

En esta ocasión la Justicia ha seguido la doctrina del Tribunal Supremo que emitió un fallo clave para los afectados por las estafas a través de las cuales les acaban robando dinero de su cuenta del banco.

En una sentencia del 9 de abril, la sala de lo civil desestima un recurso presentado por Ibercaja contra un fallo de noviembre de 2022 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que dio la razón a un cliente al que le estafaron más de 80.000 euros.

En ella se recuerda que la normativa europea establece que los usuarios solo responde cuando haya incumplido deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus obligaciones.

La legislación europea, recuerda el Supremo, establece que el usuario debe notificar a su entidad cualquier movimiento sospechoso, y es esta la que debe demostrar que el cliente ha actuado con negligencia; y en caso de no poder aportar pruebas de dicha negligencia, es el banco el que debe responder.

La Sala también llama la atención sobre el hecho de que la entidad financiera no considerara anormal que un cliente se pusiera a realizar operaciones de miles de euros a altas horas de la madrugada, cuando eso no había sucedido nunca, algo que permite sospechar que ha habido actividades irregulares. Además, establece que los operadores de servicios de pago, como son los bancos, tienen la obligación de incrementar la seguridad y el control para detectar este tipo de operaciones.

¿Cómo evitar las estafas?

Desde Asoban Abogados recomiendan desconfiar de cualquier gestión que implique actuar con urgente o presión. «Si te piden que actúes de inmediato para evitar un problema mayor, eso debe ser una señal de alarma», asegura Francisco Quevedo.

Salvo que el cliente haya iniciado el contacto a través de la aplicación oficial o del gestor personal que se tenga asignado, «el banco no debería pedirte datos sensibles ni presionarte por teléfono», cuenta este abogado. «Lo más normal es que te cite presencialmente en una sucursal para resolver el problema», añade.

Si se sigue con dudas, es recomendable llamar directamente al número oficial del banco para verificar la identidad del interlocutor.

¿Y si ya se ha sido víctima?

Aunque se haya autorizado la transacción, no está todo perdido. Los expertos recomiendan:

Denunciar inmediatamente ante la Guardia Civil o Policía Nacional.Informar al banco para que intente bloquear o rastrear el dinero. Si se actúa con urgencia, en ocasiones el banco puede revertir o congelar la operación.Dejarse asesorar por un abogado experto en fraudes online para presentar una reclamación formal al banco o iniciar acciones legales si fueran necesarias.