Economistas detectan un intento de «suavizar» el cupo catalán para evitar un batacazo de Montero en las andaluzas

La promesa de Pedro Sánchez de concierto económico para Cataluña empieza a desvelarse, en gran medida, como un juego de trilerismo. Así lo constata un reciente análisis del centro de estudios económicos Fedea, que en una nota firmada por su director, Ángel de la Fuente, desvela además un esfuerzo por descafeinar lo prometido «con la vista puesta en las próximas elecciones andaluzas».

Tras repasar lo pactado entre el Estado y la Generalitat el pasado 14 de julio, en la reunión de la Comisión Bilateral sobre financiación, De la Fuente concluye que, lejos de aportar más información sobre la promesa inicial de Sánchez, «no sólo no clarifica en absoluto los detalles de la propuesta original, o sus implicaciones para el conjunto del sistema de financiación autonómica y de gestión tributaria, sino que aumenta notablemente el grado de confusión existente en torno a la pretendida reforma».

En la cita, la representación del Gobierno estuvo encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, junto al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Por parte de Hacienda participó el número dos del ministerio, el secretario de Estado Jesús Gascón. De la reunión se borró la vicepresidenta María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE andaluz. Torres justificó la ausencia en que Montero no forma parte del organismo.

Pese a que los partidos independentistas confiaban en que se acordara una hoja de ruta con plazos e hitos concretos, de la reunión solo salieron compromisos en la línea de ampliar la financiación para Cataluña y poner fin al mecanismo de entregas a cuenta cuando se active un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas. De ahí que De la Fuente detecte «cierto esfuerzo para suavizar algunas de las partes más estridentes de la partitura original».

Por ahora, constata José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la UFV, «no está claro que pueda salir adelante el cupo catalán, porque requiere de una Ley Orgánica». Y añade que cada mes que corre el calendario hacia el próximo ciclo electoral «parece más difícil que lo vayan a respaldar los socialistas». Tampoco, abunda, «parece que se vaya a poder reformar el sistema de financiación».

«Una tomadura de pelo»

En la misma línea, Junts y los sectores críticos de ERC llegaron a calificar la reunión de «tomadura de pelo» y de «consolidación del café para todos», dado que el Gobierno planea abordar su extensión a otras comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano.

Incluso en un ámbito muy concreto previamente pactado, como es que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) arrebatara a la estatal la recaudación del IRPF en la próxima campaña, la de 2025 –en 2026–, hay pasos atrás. Así, el nuevo acuerdo insta a «intensificar» la participación de la ATC y el objetivo de «analizar la cobertura convencional o legal para que se puedan presentar las declaraciones del IRPF en la ATC».

Pero a este respecto el año próximo el papel del fisco catalán, y siempre que antes se modifique el marco legal, se limitaría a «comprobar la correcta aplicación en las declaraciones del IRPF de la normativa autonómica». Algo que dista mucho de que la promesa de PSC a ERC de que Cataluña pueda gestionar todos los impuestos que se recaudan en su territorio, y que tiene que ver con el escaso músculo de la ATC, que solo cuenta con 850 trabajadores, frente a los 6.300 de la AEAT en territorio catalán.

Fichaje en IBM

La Generalitat además tiene que lidiar con el rechazo frontal de los inspectores de Hacienda, que se oponen firmemente a la fragmentación del fisco. A pesar de ello, esta semana el Gobierno de Salvador Illa ha fichado a Santiago Ramón, directivo de IBM, como responsable de reforzar el despliegue de la ATC, tras aprobar en mayo la creación de 200 plazas adicionales a las 50 previstas para este año «para asumir los nuevos retos y competencias derivados del nuevo modelo de financiación».

En resumen, según De la Fuente, si el acuerdo inicial entre PSC y ERC contemplaba modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la Ley de Financiación Autonómica de 2009, entre otros, ahora la Generalitat y el Gobierno se limitan a esbozar «una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (...) que exigiría, para llegar a buen puerto, una mayoría parlamentaria que el Gobierno no tiene ni mucho menos garantizada».

En cualquier caso, «la propia propuesta está aún pendiente de terminar de negociarse entre las partes firmantes del acuerdo, que por el momento han dejado sin concretar cuestiones tan básicas como el cálculo de las aportaciones a la caja común y el funcionamiento de los mecanismos de nivelación», añade el director ejecutivo de Fedea.

Sin embargo, el que haya aspectos del cupo catalán que finalmente no vean la luz no implica que no se estén dando avances en esa línea, según subrayaba en una reciente entrevista con este periódico el inspector de Hacienda y ex presidente de la comisión de presupuestos del Congreso Francisco de la Torre. «Quizá no salga en su totalidad y hasta la última letra. Pero algunas cuestiones ya están en en funcionamiento, por ejemplo el impuesto a la banca, que parte de un principio de ordinalidad, basado en el que el territorio que más aporta más ha de recibir», advertía.

Este principio, recogido también en la reciente reunión bilateral Estado - Generalitat, «si se traspasa a la fiscalidad individual nadie estaría dispuesto a aceptarlo», en palabras de De la Torre. «Que Amancio Ortega tenga derecho preferente a utilizar los hospitales porque paga más impuestos que yo no parece muy razonable, y es completamente contrario al principio de equidad en el reparto de las cargas públicas. Y obviamente es lo contrario a la progresividad tributaria consagrada en el artículo 31 de la Constitución. Pero esto ya está en vigor y lo ha recurrido también no solamente una comunidad del Partido Popular, que es Extremadura, sino una comunidad gobernada por el Partido Socialista, Castilla-La Mancha».

A este respecto, De la Fuente constata que la referencia a la ordinalidad «sólo se recoge como aspiración de la parte catalana (en este segundo acuerdo), pero sin la bendición explícita del Estado».