Los inspectores y técnicos de Hacienda se rebelan para desactivar su traspaso forzoso a la Agencia Tributaria catalana

Crece el temor entre los inspectores de Hacienda a que los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo acaben derivando en un traslado forzoso de funcionarios de la Agencia estatal al fisco catalán.

Por ello, los inspectores de Hacienda, representados en la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), exigen a la vicepresidenta María Jesús Montero a que se comprometa públicamente «a garantizar que no se llevará a cabo ningún tipo de traspaso general o forzoso de funcionarios de la AEAT destinados en Cataluña».

Según IHE, ERC ha pactado con el Govern modificar el régimen jurídico del fisco catalán para reforzar su cuerpo funcionarial y dotarla de autonomía en asuntos de personal. La propia Generalitat ha reconocido que la actual ATC carece de suficiente músculo para recaudar actualmente los impuestos en Cataluña, a pesar de que en los últimos meses ha activado una oferta de empleo para 200 nuevos funcionarios.

Lo que temen los inspectores temen que, en contra de su voluntad, se les pueda incorporar al nuevo fisco catalán, que carece de músculo para asumir la recaudación del cien por cien de los impuestos pactada entre PSOE y ERC. Actualmente la AEAT tiene más de 4.000 empleados en Cataluña, mientras que la ATC ronda los 830.

De ellos, solo 29 inspectores y 41 técnicos tributarios autonómicos, ambos del subgrupo A1, que realizan las funciones superiores de control tributario; por lo que no estaría preparada para asumir la gestión del IRPF en Cataluña, afirman desde el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.

«Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político», aseguran desde IHE.

Para los inspectores de Hacienda «el acuerdo anunciado el pasado lunes 14 de julio entre el Estado y la Generalidad de Cataluña supone un ataque a la cohesión fiscal del Estado que, como se advierte por las declaraciones de ERC, traerá consigo el fraccionamiento de la AEAT en un irresponsable ejercicio de ruptura de la caja única».

De su lado, Gestha, que representa a los técnicos de Hacienda, advierte que la mayoría de los empleados de la AEAT rechazará integrarse en la ATC «pese a tener congelada la carrera y la movilidad». Entre otros motivos, porque la gran mayoría de los funcionarios de la AEAT en Cataluña procede de las últimas promociones y carece de arraigo en la región.

Creará «una isla administrativa»

Además, para el sindicato, «una institución encargada de la recaudación y del control de los impuestos debería estar bajo la dirección y responsabilidad del gobierno, y no considerarse una «isla administrativa» al margen de la Generalitat que debe seguir determinando las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros que se le asigna y las actividades a desarrollar».

Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y ERC «permitirá a la ATC diseñar de forma autónoma su estructura organizativa central y territorial, realizar la negociación colectiva con su personal y aprobar la oferta pública de empleo de los cuerpos tributarios de la Generalidad de Cataluña, adscritos a la ATC».