El verano de la opa acabará con el Gobierno imputado en el Supremo

Seguramente este verano pasará a la historia por las tragedias, y ya van muchas, de nuestros incendios. Son demasiadas víctimas, demasiadas pérdidas, demasiada incompetencia… Pero si Trump nos deja mirar para otro lado, nadie duda de que este va a ser también el verano de la opa.

Lo último –y ya saben que aquí cada semana tiene su afán– ha sido la decisión del BBVA de recurrir la decisión del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo. Y por concretar, de recurrir las condiciones que el Gobierno Sánchez puso el pasado 24 de junio a la opa sobre el Sabadell. Recordemos que el Ejecutivo autorizó la adquisición pero con la condición de que el Sabadell y el BBVA no se fusionaran antes de tres años al menos, prorrogables por otros dos.

Pues bien, esta semana pasada nos hemos enterado que la entidad que preside Carlos Torres recurrió la decisión del Ejecutivo ante el Supremo ¡el pasado 15 de julio!, dos días antes de que la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a nuestro Gobierno por su intrusismo en la opa. Algo debían ya saber en el BBVA para adelantarse 48 horas a la decisión europea. Pero seguimos sin saber nada del Gobierno después de un mes a ninguna de las dos decisiones. Pero vayamos por partes.

Ya dijimos la semana pasada que los equipos jurídicos del banco seguían sin vacaciones este año. Pero lo que no sabíamos era que, junto con los asesores del bufete Garrigues –hoy ya en las Torres de Jerez–, estaban preparando un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno. Su argumento es la Ley 29/98 que en su capítulo 25 permite a una persona jurídica recurrir una decisión de la Administración si se «produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos». Pues no: no había sido una bilbainada la amenaza de Carlos Torres en junio pasado de recurrir a la vía judicial si el Consejo de Ministros endurecía las condiciones que ya había puesto la CNMC. Y según los abogados sin vacaciones del BBVA y de Garrigues, la Ley de Competencia no habilita en ningún caso ese endurecimiento de sanciones.

BBVA hace ya mucho tiempo que tiene la mayor parte de su negocio fuera de España, incluidos sus accionistas

Alguien podría pensar que el Gobierno podría penalizar de muchas maneras esta decisión del banco vasco, pero la realidad es que el BBVA hace ya mucho tiempo que tiene la mayor parte de su negocio fuera de España, incluidos sus accionistas, y que esta chulería –si se me permite– no solo viene amparada por Bruselas sino también por las leyes españolas que con tanta discrecionalidad se salta Pedro Sánchez y su Gobierno. También me decía un viejo profesor que tener a José Luis Escrivá al mando del Banco de España podría ayudar eventualmente al Ejecutivo, pero últimamente el exministro está dedicado a continuar con su limpieza de personal en la institución y tampoco quiere seguir obedeciendo las intromisiones de Carlos Cuerpo en su institución.

¿Y ahora qué? Pues que el Supremo tendrá que decidir en las próximas semanas si admite a trámite o no el recurso. Ya les adelanto que parece que lo hará. El problema es que la decisión sobre el mismo podría retrasarse más de un año. La opa, que arrancó hace un año y cuatro meses tendrá que seguir esperando.

¿Y esto afectará a la opa? Pues no en principio. A mediados de septiembre está previsto que esta comience y esta semana pasada también hemos sabido que el BBVA comunicó que está empeñado en seguir contra viento y marea. Ni la venta de TSB, la filial inglesa del Sabadell al Santander por 3.100 millones ni el macro dividendo de 2.500 millones que aprobó el banco catalán han hecho cambiar de opinión al grupo vasco que este lunes pasado comunicaba a la CNMV que mantenía su oferta de compra por el Sabadell.

Si el recurso presentado al Supremo cuaja y consigue anular las restricciones de tiempo que puso en Gobierno, el BBVA podría presentar un folleto en septiembre incluyendo todos estos términos

Si el recurso presentado al Supremo cuaja y consigue anular las restricciones de tiempo que puso en Gobierno, el BBVA podría presentar un folleto a la CNMV en septiembre incluyendo todos estos términos. Pero lo más importante de esa oferta en forma de folleto seguirá siendo el plazo que dará a los accionistas del Sabadell para que decidan si acuden o no a la opa. Con tanto lío es posible que los 30 días naturales se extiendan hasta a los 70 que permite la ley. Es lo que están ultimando los equipos del banco. Me dicen que, incluso lo podrían presentar a finales de este mes o primeros días de septiembre. «Seguimos trabajando para cumplir con los plazos –me dice un miembro de ese equipo– como hemos venido demostrando hasta ahora. Por nosotros nunca va a haber retrasos».

Que nadie piense que se me ha olvidado incluir la reacción del Gobierno a la decisión del BBVA. Simplemente no la ha habido. Las vacaciones pesan mucho. Pero ni siquiera un tuit. Como tampoco ha habido reacciones al aviso –y los avisos de la UCO ya se los creen todos– de que la Guardia Civil prepara nuevos informes sobre los patrimonios de Cerdán y Ábalos, el del ministro Víctor Ángel Torres y el de la actual presidenta del Congreso Francina Armengol.

Los investigadores ya dijeron que sospechaban que Ábalos, Koldo y Cerdán se podían haber llevado más de cinco millones en comisiones. Pues bien, me cuentan que el Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregará en septiembre al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional esos informes. Una forma de empezar el curso con nuevas noticias.