Yolanda Díaz vuelve al control del reloj: una receta obsoleta para un mercado laboral del siglo XXI
Las pymes advierten del coste de implantar sistemas digitales y los expertos dudan de su eficacia real sin sanciones más duras
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Acción, reacción. Apenas habían pasado 24 horas desde que el Congreso tumbara la medida estrella de Yolanda Díaz (la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales), cuando la vicepresidenta volvió a la carga con otra iniciativa: endurecer el registro horario en las empresas. El Ministerio de Trabajo ha sacado a consulta pública un Real Decreto que obliga a afinar el control de las horas trabajadas. Y fuerza a las empresas a implantar sistemas digitales accesibles en remoto para la inspección.
La propuesta, lejos de modernizar las relaciones laborales, recuerda a los cronómetros de las fábricas antiguas. Un modelo que choca con la realidad de muchos sectores, en los que el trabajo se mide por objetivos o proyectos terminados, no por minutos.
El borrador plantea varias novedades:
Registro digital obligatorio, accesible en todo momento para la Inspección de Trabajo.Obligatoriedad de marcar si las horas son ordinarias o extraordinarias.Exigencia de detallar interrupciones dentro de la jornada: pausa del café, salir a fumar, conversación de pasillo.
Por otro lado, se introduce una ambigüedad peligrosa: ¿quién debe decidir si una hora es ordinaria, extraordinaria o de mera disponibilidad? El trabajador tiene que marcar las pausas y los tiempos en el sistema digital. Pero la responsabilidad de calificar esas horas y de custodiar el registro recae en el empresario. En la práctica, esto abre la puerta a conflictos constantes: el empleado puede registrar que estuvo conectado, mientras que la empresa puede considerar ese tiempo como no efectivo. Resultado: más inspecciones, más discusiones, pero no necesariamente más derechos.
La idea es combatir las horas extra no declaradas. Y, en realidad, el problema existe. Según la EPA y los sindicatos, en España se hacen unos seis millones de horas extra a la semana. De las cuales, en torno a 2,7 millones quedan sin pagar. Eso significa que casi la mitad del tiempo adicional trabajado no se remunera. En perspectiva, esas horas gratuitas representan un 0,35 % de los 748 millones de horas que se trabajan semanalmente en la economía española. Es decir, un agujero anual cercano a los 3.250 millones de euros entre salarios y cotizaciones sociales.
Los sectores más afectados son los del sector servicios: comercio, educación hostelería, transporte, actividades financieras, inmobiliarias y profesionales. Pero también la industria manufacturera.
Mentalidad decimonónica
El diagnóstico es claro: hay un abuso en ciertos sectores, sobre todo en la hostelería. Pero la solución no pasa por poner un cronómetro a todo trabajador. Un equipo de consultores fiscales, que debe resolver una inspección de Hacienda, no rinde por horas, sino por la calidad y la rapidez con la que hace su trabajo. Un profesor universitario, que prepara sus clases, corrige exámenes o investiga, lo hace muchas veces en su casa, fuera de su horario. Sin fichar. Y aun así cumple con su misión.
En el campo, nadie mide las horas de un jornalero de vendimia, sino los kilos de uva recogidos. En la economía del conocimiento, las empresas punteras gestionan por proyectos, no por número de horas. Pretender que un trabajador anote cuántos minutos dedicó a charlar con un cliente o a pensar, cuando va en su coche, en un taxi, o en el metro, en una estrategia es absurdo y genera desconfianza.
Economía sumergida
El registro obligatorio puede acabar fomentando lo contrario de lo que persigue. Dos de cada tres empresas en España tienen menos de cinco trabajadores. Para ellas, imponer un sistema digital de control horario es costoso y puede empujarlas a esquivar la norma alimentando la economía sumergida y disfrazando horas como colaboraciones informales.
Además, la ministra carece de margen para elevar las sanciones. De modo que el control puede acabar siendo más burocracia sin disuasión real.
Acción equivocada
Díaz intenta recuperar la iniciativa tras el varapalo en el Congreso. Pero es un error confundir la necesidad de perseguir abusos concretos con una estrategia generalizada de vigilancia, que trata a todos los trabajadores como si fueran operarios de fábrica del siglo XIX.
Sí, hay que sancionar a quienes no pagan horas extra. Sí, la Inspección de Trabajo debe tener más medios en sectores como la hostelería. Pero no se puede pretender que un abogado o un ingeniero trabajen con el reloj en la muñeca, y el inspector al otro lado del ordenador o del teléfono móvil.
La productividad, la creatividad, la confianza y el compromiso no se registran en minutos. Se miden en resultados. Y ahí es donde la política laboral española debería poner el foco.
